Siete allanamientos a Crese y a funcionarios

La investigación alrededor del gremio de recolectores de la ciudad de Córdoba sigue aumentando sus ramificaciones. Ayer la Justicia federal allanó dos dependencias de la Municipalidad de Córdoba y los domicilios particulares de cuatro funcionarios por supuestos delitos cometidos en la empresa municipal Crese, vinculada al servicio de recolección de basura capitalino.Según fuentes cercanas a…

Siete allanamientos a Crese y a funcionarios

La investigación alrededor del gremio de recolectores de la ciudad de Córdoba sigue aumentando sus ramificaciones. Ayer la Justicia federal allanó dos dependencias de la Municipalidad de Córdoba y los domicilios particulares de cuatro funcionarios por supuestos delitos cometidos en la empresa municipal Crese, vinculada al servicio de recolección de basura capitalino.

Según fuentes cercanas a la causa, esta investigación es independiente de la que lleva adelante el juzgado de Ricardo Bustos Fierro por lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación, y que tiene detenidos en la cárcel de Bouwer a los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.

En este caso, el mismo juzgado investiga una cantidad importante de salidas no documentadas de dinero que hizo Crese a través del libramiento de cheques con facturas apócrifas a proveedores que habrían sido inexistentes.

Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese), como se sabe, es una sociedad del Estado municipal, pero en los hechos estuvo manejada por los dirigentes del gremio Surrbac. Su director obrero y principal mandamás era Catrambone.

En la actualidad Crese es una empresa residual, cuyas funciones fueron reemplazadas por otro organismo municipal, el Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop), que también aparece vinculado a esta historia de sospechas, y que también debió ser allanado ayer para permitir encontrar la documentación perteneciente a Crese. Esto porque funcionan en el mismo piso del edificio municipal, ubicado en calle 27 de abril 784.

Según información de allegados a la investigación, entre los domicilios allanados de funcionarios vinculados a la Crese se contaron los dos del presidente Norberto Bergami (en ciudad de Córdoba y en la localidad de General Roca), los del director Aldo Vargas, el síndico Pablo Cáceres, y el de Enrique Imberti, uno de los funcionarios actualmente encargado de conducir el Esop.

Una presentación de Afip

La causa, caratulada NN – Averiguación de delito, fue iniciada a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que le pidió al fiscal federal Enrique Senestrari que preservara pruebas y documentación de las presuntas irregularidades. El personal de Afip participó del operativo de ayer, que se extendió desde primeras horas de la mañana hasta las 17, y el resultado fue calificado de “muy satisfactorio” por uno de los funcionarios participantes.

“Se pudo –señaló el funcionario– encontrar la documentación respaldatoria de las maniobras sospechosas y ahora viene la etapa de la cuantificación del perjuicio realizado, para ver si se trató de evasión simple o agravada, y ver quiénes fueron los funcionarios municipales que aprobaron y firmaron esa documentación”.

Se cree que el organismo de la Municipalidad de Córdoba emitía cheques a proveedores falsos, que luego se cambiaban en cuevas o se iban endosando.

Desde la Municipalidad de Córdoba, un alto funcionario que pidió reserva de su nombre señaló que los allanamientos iban dirigidos contra Crese, pero que los agentes federales debieron finalmente revisar papelería y computadoras del Esop porque comparten el mismo lugar de trabajo, si bien a Crese sólo le quedan dos pequeñas oficinas.

Según el funcionario, la denuncia sería una derivación de una presentación anónima que pidió que se investigara el desproporcionado nivel de vida que llevaban los gremialistas Saillén y Catrambone.

La acción judicial hacia el rol cumplido por funcionarios de la Municipalidad de Córdoba avanzará más cuando la Justicia federal continúe la causa que comenzó el fiscal provincial Raúl Garzón, quien la derivó a sus pares federales para que se investigue por presunto lavado de dinero a las autoridades municipales que participaron en las últimas licitaciones del servicio de basura.

Este pedido cuenta como respaldo con un informe secreto de la Unidad de Información Financiera de la Nación (UIF), que puntualizó numerosas sospechas sobre el papel jugado por el municipio en esas licitaciones.

De esta manera, la investigación alrededor del gremio Surrbac continúa expandiéndose, luego de que el miércoles el juez Bustos Fierro procesara con prisión preventiva a Saillén y Catrambone, y los embargara por 20 millones de pesos a cada uno. También procesó por lavado de dinero al legislador provincial kirchnerista Franco Saillén, a quien embargó por cinco millones de pesos.

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 8/11/2019 en nuestra edición impresa.

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