Una multa de $ 12.500 fue la única condena por las 89 muertes en la inundación de La Plata

En la sala quedó un enorme ánimo de frustración. El juicio oral que debía evaluar las responsabilidades de organismos estatales por la trágica inundación del 2 y 3 de abril de 2013 en La Plata, terminó en menos de una jornada. Y con una condena mínima: el único acusado deberá pagar 12.500 pesos de multa…

Una multa de $ 12.500 fue la única condena por las 89 muertes en la inundación de La Plata

En la sala quedó un enorme ánimo de frustración. El juicio oral que debía evaluar las responsabilidades de organismos estatales por la trágica inundación del 2 y 3 de abril de 2013 en La Plata, terminó en menos de una jornada. Y con una condena mínima: el único acusado deberá pagar 12.500 pesos de multa y fue inhabilitado por un año para ejercer cargos públicos.

El trabajo del fiscal Jorge Paolini, que instruyó la causa por la muerte de por lo menos 89 platenses, durante y después del feroz temporal de lluvia y viento que arrasó media ciudad fue el eje de los cuestionamientos. Es que el proceso derivó en una imputación por “mal desempeño de los deberes de funcionario”, un delito que cae dentro de la categoría de contravención por el monto de la posible pena. Los supuestos responsables, ni siquiera fueron imputados por un delito criminal.

Los abogados que representan a los particulares damnificados pidieron la recusación del funcionario y solicitaron a la Procuración que revise la actuación de Paolini. Pretendían que una acusación por “estrago doloso”, como ocurrió en las tragedias de Cromañón o en los anegamientos de Santa Fe, hace más de una década.

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“Reconozco que no he cumplido mi función como director de Defensa Civil”. Con esa afirmación, Sergio Ariel Lezana, resultó, para la Justicia platense, el único condenado. Tal como lo contempla el artículo 378 del Código Procesal Penal bonaerense (omisión de prueba), “si el imputado confesara circunstanciada podrá omitirse la recepción de la prueba, siempre que estuvieren de acuerdo el Juez, el Fiscal y el Defensor.”

Este miércoles en la primera audiencia del juicio oral, la jueza encargada del tribunal, Claudia Grecco, el fiscal Paolini y el defensor Juan Di Nardo, acordaron poner punto final al procedimiento judicial. Estaba previsto que víctimas, especialistas de la UNLP, expertos en hidrografía y funcionarios de distintos rango expusieran en el debate que no fue.

“Los abogados tienen posibilidades de seguir y reclamar la imputación de otros delitos. Lo que se discutía aquí era lo que trajo el fiscal al debate. Y se resolvió tal como lo prevé el Código”, explicaron a Clarín en el Tribunal.

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“Si se hubiera sustanciado este juicio podríamos haber sabido quién o quiénes eran los funcionarios responsables de esta catástrofe ciudadana”, dijo a Clarín el abogado Marcelo Peña, que representaba a uno de los particulares perjudicados por el fenómeno que afectó a más de 200 mil personas y provocó daños que se midieron en 4 mil millones de pesos de entonces (unos 600 millones de dólares).

Peña en su intervención pidió la recusación del fiscal. “Creemos que desde el primero momento tuvo una notable imparcialidad y falta de independencia. Este era su objetivo: cercenar y obstaculizar elementos de prueba para que los platenses al menos tuvieron un atisbo de Justicia”, concluyó Peña.

Afuera de la sala, representantes de organizaciones vecinales y perjudicados por el vendaval de agua que descargó casi 380 milímetros en pocas horas, mostraron su indignación. “Esto fue una farsa, una burla para los familiares de quienes murieron por la impericia de los gobernantes”, dijo Pablo Pérez, de un movimiento de Tolosa.

Lezana era director de Defensa civil de la Municipalidad. Y Miguel Angel di Lorenzo –quien falleció hace unos meses- tenía a su cargo la repartición a nivel provincial. Eran los únicos que imputó Paolini, dos agentes de segunda línea de Municipio y Gobernación. Entre los argumentos, sostuvo que informes técnicos establecieron que el fenómeno tuvo características “inéditas”. Y que no había obra de infraestructura que pudiera detener semejante evento Sí entiende Paolini que la falta de un plan de contingencia agravó el cuadro. Por eso apuntó a Defensa Civil.

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El ahora condenado reconoció que al momento de la tragedia, en el ámbito de la Municipalidad entonces a cargo de Pablo Bruera, no existía un plan de atención en la emergencia para una catástrofe de magnitud. Tampoco un sistema de alerta temprana o un registro de voluntarios organizados para colaborar con la defensa de la ciudad.

En esas dos jornadas de abril de 2013, murieron 89 personas, según un dictamen del ex juez Luis Arias, que desde el juzgado Contencioso Administrativo abrió un expediente paralelo al penal que dirigía Paolini. Eso derivó en un enfrentamiento de Arias con el gobierno provincial de Daniel Scioli, que sostenía un número diferente de muertes. En Provincia contaron 69.

El argumento de Grecco para no apartar al fiscal fue porque sostuvo que el planteo se hizo fuera de los plazos legales. Ahora, en la Procuración de la Suprema Corte dijeron a Clarín que “analizarán las actuaciones” de Paolini. Que aún quedan por resolverse “desprendimientos” de esta causa, donde se apunta a responsabilidades políticas. Y que luego de terminar esos procesos, revisarán el comportamiento del fiscal.

La Plata. Corresponsalía.

DD

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