El Senado apura la ley que permite que las empresas financien la campaña electoral

Los senadores aprovecharon la semana corta de Carnaval para terminar de negociar la aprobación de la ley que permite que las empresas privadas financien las campañas electorales, lo que hoy está expresamente prohibido.La iniciativa está lista para ser debatida en el recinto y es pretendida por la Casa Rosada y también por el peronismo para…

El Senado apura la ley que permite que las empresas financien la campaña electoral

Los senadores aprovecharon la semana corta de Carnaval para terminar de negociar la aprobación de la ley que permite que las empresas privadas financien las campañas electorales, lo que hoy está expresamente prohibido.

La iniciativa está lista para ser debatida en el recinto y es pretendida por la Casa Rosada y también por el peronismo para ahuyentar los fantasmas de una campaña sin aportes por el caso de los cuadernos de las coimas, como consecuencia del cual varios empresarios desfilaron durante el año pasado por los tribunales.

En otras palabras, si no hay una ley que permita aportes privados para las elecciones, ningún empresario querrá poner un peso. Están asustados, dicen en los pasillos del Palacio del Congreso.

La propuesta habilita los aportes de personas físicas y jurídicas con un tope del 5 por ciento de los gastos permitidos para esa campaña; obliga a entregar el dinero mediante transferencia bancaria, y reduce a la mitad el tiempo de programación de televisión y radio destinado obligatoriamente a spots y mensajes proselitistas (antes era el 10 por ciento y ahora, del 5 por ciento).

Según pudo averiguar La Voz, la sesión para tratar la iniciativa se realizaría el próximo miércoles, debido a que ya tiene el dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto del Senado, que fue firmado por Cambiemos y el PJ.

Dalmacio Mera, senador por Catamarca (Senado de la Nación).

El senador justicialista por Catamarca Dalmacio Mera confirmó a La Voz que convocó para el día previo a la sesión a una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales con el fin de “tener preparado un borrador” para realizar correcciones del articulado en el recinto.

“Estamos muy cerca del texto consensuado”, dijo, por su parte, el senador Miguel Pichetto, jefe del bloque del PJ.

La Casa Rosada quiere la ley: el presidente Mauricio Macri la incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias y después, inclusive, amplió el plazo hasta el último día hábil del año pasado en el afán de que al menos el Senado la sancionara, pero el debate finalmente se pospuso para este año.

Los senadores no quisieron avanzar con la propuesta porque a pesar de tener dictamen no estaba garantizada su aprobación: como se trata de una ley electoral, se requiere la mayoría absoluta de los votos, es decir 37, que es la mitad más uno de los senadores. De modo tal que el texto debía reunir un consenso amplio, que al parecer ahora sí está.

El huracán Lilita

El año pasado los senadores temían que, tras la eventual media sanción, Elisa Carrió trabara su aprobación en Diputados.

Recuerdan que en 2016 la líder de la Coalición Cívica ya había frenado el avance de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, pese a que ya había sido negociada entre Cambiemos y el massismo y estaba lista para ser aprobada en el recinto.

Carrió es una ferviente e histórica detractora del financiamiento privado a las campañas electorales. Pero ahora, según funcionarios de la Casa Rosada consultados por este diario, “Lilita”, que maneja un bloque de 10 diputados nacionales, estaría dispuesta a acompañar el proyecto, aunque se rehusará a apoyar los artículos que permitan el financiamiento privado.

El dictamen establece “un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales, de acuerdo a los establecido en la presente ley”.

Los partidos políticos podrán obtener para su financiamiento aportes del sector privado: de sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas; donaciones de otras personas humanas —no afiliados— y personas jurídicas; de rendimientos de su patrimonio y otro tipo de actividades, incluidas las actividades promocionales; las herencias o legados que reciban.

En cambio, no podrán ser aportantes el Estado, ni las empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas de la Nación, ni las empresas de juegos de azar; ni gobiernos ni empresas extranjeras, ni los sindicatos, ni las asociaciones patronales ni los colegios profesionales.