La Justicia archivó la causa contra la ex-Kolektor

En agosto de 2018, los legisladores provinciales Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) y Liliana Montero presentaron una denuncia penal contra el Gobierno provincial por la licitación que terminó con la adjudicación a la ex-Kolektor del servicio de asistencia en la gestión del cobro de impuestos.De acuerdo con lo informado…

La Justicia archivó la causa contra la ex-Kolektor

En agosto de 2018, los legisladores provinciales Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) y Liliana Montero presentaron una denuncia penal contra el Gobierno provincial por la licitación que terminó con la adjudicación a la ex-Kolektor del servicio de asistencia en la gestión del cobro de impuestos.

De acuerdo con lo informado por el propio Quinteros, el juez Gustavo Hidalgo, exfiscal anticorrupción, les comunicó este jueves 7 de marzo que resolvió archivar la causa.

En diciembre de 2017, a través del decreto 2.075 publicado en el Boletín Oficial, la Provincia adjudicó a las empresas Servicios y Consultoría y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización el servicio de “asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de los recursos a cargo de la administración tributaria de la provincia de Córdoba”, la misma labor que realizaba hasta ese momento Kolektor.

El convenio fue suscripto el 31 de enero de 2018, luego de que la UTE fue la única que presentó una oferta que alcanzó el mínimo de lo que indicaba el pliego de condiciones. En julio de ese mismo año, el acuerdo fue refrendado por la Unicameral.

“La ex-Kolektor constituye una Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Servicios y Consultoría SA (de Cristian y Herman Karsten) y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA” (de Patricio y Guillermo Álvarez)”, según explicaron los denunciantes en un comunicado en el que también detallaron los puntos que pretendían que la Justicia investigara y, según los denunciantes, nunca avanzó.

Al respecto, los legisladores expresaron: “Cuatro veces le solicitamos al fiscal Matías Bornancini que solicitara el informe realizado por la Unidad de Información Financiera sobre el emprendimiento de Madero Urbana SA, entre otras medidas. Evidentemente no hubo voluntad por investigar. Durante el 2018, estas empresas tuvieron ingresos de aproximadamente 2.000 millones de pesos por el negocio de la cobranza de impuestos, y todavía no podemos saber si la licitación fue transparente”.

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