Piden informes al Gobierno por el convenio para ayudar a mujeres con embarazos vulnerables

El 17 de abril de 2018, en medio del debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una oradora (que se oponía al aborto legal) dijo ante los diputados de la comisión: “Me preocupa la educación sexual, porque no se dan valores… como la familia… me preocupa el énfasis del derecho sexual, el disfrute, el deseo, porque…

Piden informes al Gobierno por el convenio para ayudar a mujeres con embarazos vulnerables

El 17 de abril de 2018, en medio del debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una oradora (que se oponía al aborto legal) dijo ante los diputados de la comisión: “Me preocupa la educación sexual, porque no se dan valores… como la familia… me preocupa el énfasis del derecho sexual, el disfrute, el deseo, porque eso hace que los chicos empiecen a tener relaciones más temprano”. La mujer se mostró contraria al uso de preservativos y le pidió a la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley que les permita abrir un 0-800 como línea gratuita para ayudar a mujeres embarazadas en el marco de un “Plan Nacional por la Vida”. Esa mujer era Evelyn Rodríguez, vicepresidenta de la Fundación Vida en Familia. Menos de un año después, logró firmar un convenio con el Gobierno que va a darle un millón y medio de pesos. 

Rodríguez está al frente de la “Red Nacional de acompañamiento a Mujeres que atraviesan un Embarazo Vulnerable”. Y presentó un proyecto de Acompañamiento de Situaciones de Embarazo No Intencional en la Adolescencia que fue aprobado por el Ministerio de Stanley a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El Gobierno va a darle a esta red 1.430.000 pesos. 

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Los objetivos del convenio son: “Atención telefónica a la mujer en situación de embarazo no intencional, prioritariamente adolescente” y “Abordaje proactivo a la mujer en situación de embarazo no intencional, prioritariamente en el ámbito sanitario donde ella recurra”. El 0800 empieza a funcionar el 1 de abril. Además de Rodríguez, el convenio está firmado por Alfredo Weber, su marido y presidente de la fundación. 

“Cristo es nuestro compromiso, vivimos la vida para él , somos sus siervos, con honor, nos sentimos privilegiados en ser hijos de Dios“, dice en un programa de Puerta Abierta TV, donde también cuenta que uno de sus hermanos es pastor. 

La presentación del convenio se hizo el miércoles. El evento fue convocado por la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). Participaron las diputadas Carmen Polledo, Cornelia Schmidt y Eduardo Amadeo, Jorge Enriquez y Marcela Campagnoli. Todos en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

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Ahora, seis diputadas presentaron un pedido de informes sobre este convenio. “Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe por escrito cuáles son los objetivos del convenio firmado entre las carteras de Desarrollo Social y de Salud y Fundación Vida en Familia. En particular, solicitamos se informe: cuál ha sido el proceso de selección de la organización para llevar adelante un proyecto que lleva por nombre: Acompañamiento de situaciones de embarazo no intencional en la adolescencia y cómo se ha determinado el monto de $1.430.000. Cómo se ha establecido el proceso de rendición de fondos y de informes técnicos”.

“Cuál es la localización, qué actividades se realizan actualmente en esos 200 centros de atención Informe lista completa de quiénes dirigen y trabajan en esos centros de atención”, sigue el pedido de informes firmado por las diputadas Brenda Austin, Carla Carrizo, Teresita Villavicencio, Olga Rista, Claudia Naujl y Alejandra Marínez. 

Las diputadas también se preguntan las razones por las cuales se “solapan y duplican esfuerzos considerando que el Plan Nacional Embarazo no intencional en la adolescencia (Plan ENIA) tiene los mismos objetivos que el convenio suscrito”. Y plantean por qué no se crea un 0-800 para el Plan ENIA. 

Preguntan sobre el mecanismo de supervisión y monitoreo del trabajo que hagan estos 200 centros de derivación “para conocer la metodología de trabajo de acompañamiento de las adolescentes mujeres que cursan embarazos y para que el Estado garantice el acceso a derechos y que no existan vulneraciones y se garantice el acceso a toda la información, y a todos los derechos con que cuentan las mujeres respecto de su salud sexual y reproductiva”.

Además, piden que se Informe si el asesoramiento se realizará en el marco de las leyes nacionales vigentes que garantizan el derecho a la salud sexual y reproductiva, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los tratados internacionales y convenciones suscritos por Argentina que protegen a las personas de la tortura, el Código Penal vigente y el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” que se estableció como política nacional de acuerdo al Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.

UNICEF Argentina alertó este viernes sobre las “interferencias” al Plan ENIA. “En un día de militancia por los derechos de las mujeres y las niñas, sobre la necesidad de fortalecer la implementación de los instrumentos legales y las políticas públicas que garantizan el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia… En este contexto, UNICEF llama a cumplir con la ley y a reforzar el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), una política pública que debe ser profundizada y cuidada de interferencias que dificulten su plena implementación”.

Clarín intentó sin éxito comunicarse con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y la Sennaf. Este lunes se presentarán más pedidos de informes de diputados y diputadas. 

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