Arrecian las críticas contra la ordenanza de taxis y remises

Un grupo de choferes denunció “discriminación” Aprobada a finales del año pasado, la ordenanza 12.859 que regula el servicio de autos de alquiler con chofer, es objeto de continuas presentaciones judiciales y discusiones en torno a su legalidad. Por un lado, el Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba (Sipetaco) cuestiona el mecanismo por el…

Arrecian las críticas contra la ordenanza de taxis y remises

Un grupo de choferes denunció “discriminación”

Aprobada a finales del año pasado, la ordenanza 12.859 que regula el servicio de autos de alquiler con chofer, es objeto de continuas presentaciones judiciales y discusiones en torno a su legalidad. Por un lado, el Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba (Sipetaco) cuestiona el mecanismo por el cual se permite reunir las condiciones para acceder al sorteo de las 2000 chapas prometidas por la Municipalidad, entre otros puntos. En tanto, por la vía legislativa, dos concejales de la oposición pidieron la nulidad de la normativa por irregularidades en la publicación y denunciaron que la ordenanza que “rige” no es la que se trató en la sesión.

En primera instancia, desde Sipetaco señalan que hay “discriminación” hacia los choferes, ya que sólo a ellos se les exige tener vehículos 0 kilómetro para acceder al sorteo. “Al público en general se le exige autos de hasta dos años de antigüedad”, indicó Carlos Cafure, abogado de Sipetaco. Por otro lado, el letrado indicó que el nuevo marco busca flexibilizar las condiciones de trabajo al establecer que deben existir dos choferes por cada vehículo. “Se blanquea una jornada laboral de 12 horas en lugar de las ocho que contempla el convenio colectivo”, señaló Cafure, patrocinante gremial en la presentación donde se le pide al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que resuelva la situación.

En tanto, los concejales Pablo Ovejeros (Unión Por Córdoba) y Santiago Gómez (Vamos) pidieron la nulidad de la normativa al denunciar que el texto “actual” no es el que trató el Concejo Deliberante. “Es un delito a todas luces. Tratamos una cosa y se dio a conocer. Pero después se ‘bajó’ para poner otro texto”, indicó Gómez, quien señaló que “la normativa vigente que se publica en la Municipalidad no es la misma que se aprobó en el Concejo Deliberante, según la versión del libro de sesiones que es la que refleja de lo que pasa y se dice en cada reunión”.  “Pedimos la nulidad porque vemos varios puntos oscuros en artículos que favorecen claramente a los empresarios. Además, no se publicó en el Boletín Oficial, dato que nos llama mucho la atención. ¿Querían ocultar el error que cometieron? En la ‘Escribanía de Mestre’ firman y borran lo firmado sin ningún tipo de control”, criticó Ovejero.

19 Marzo 2019

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