La muerte de una presa que interpela al sistema carcelario

Elisa Vanesa Castaño (34) tenía un prontuario difícil. Tan complicado como su propia vida. Esta joven madre, adicta a las drogas, llegó en el camión del Servicio Penitenciario hasta la cárcel para mujeres de Bouwer el 11 de marzo del año pasado. Una denuncia por violencia familiar, a cargo de la fiscalía del tercer turno…

La muerte de una presa que interpela al sistema carcelario

Elisa Vanesa Castaño (34) tenía un prontuario difícil. Tan complicado como su propia vida. Esta joven madre, adicta a las drogas, llegó en el camión del Servicio Penitenciario hasta la cárcel para mujeres de Bouwer el 11 de marzo del año pasado. Una denuncia por violencia familiar, a cargo de la fiscalía del tercer turno de ese fuero, terminó por llevarla hasta allí.

Castaño aún no se imagina que aquella pelea con quien era su última pareja iba a desembocar en otra causa aún más pesada para ella: el fiscal Ernesto de Aragón sostiene que ella fue una de las dos mujeres que extorsionaron y luego participaron del homicidio de José Luis Gómez (36), quien en la mañana del sábado 22 de julio de 2017 murió calcinado en el baúl de su auto Fiat Palio, el cual fue encontrado todavía en llamas debajo de un puente en uno de los accesos a la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz.

Al llegar a la cárcel, a Castaño la alojaron en la misma celda de quien había sido su novia y terminaría por convertirse en su esposa, según ellas mismas decían, Ángela Bertha Torres, la otra imputada por la muerte de Gómez.

Con idas y vueltas en la relación, ambas permanecieron la mayor parte del tiempo juntas, en la misma celda 10 del pabellón E2.

Esto sucedió pese a que el 16 de aquel marzo la fiscalía de Violencia Familiar remitió un oficio a la cárcel de mujeres “a efectos de que se disponga lo necesario para salvaguardar la integridad física de Castaño, ya que de un testimonio recabado en la causa surgía que no era recomendable que Castaño y Ángela Torres permanezcan juntas, ya que una de las dos terminaría muerta”.

El 29 de agosto, a los gritos, Castaño solicitó a las guardias que la cambiaran de celda. “¡No quiero estar acá, no aguanto más a esta mujer!”, exclamó. Pero volvería con ella por propia decisión, según se presume a nivel judicial. En diciembre, ambas pelearon de manera violenta. Días después, otra vez estaban juntas. Una relación tóxica que se retroalimentaba de manera permanente.

Castaño no salió viva de Bouwer. La hallaron ahorcada en marzo último, un año después de aquel ingreso. En el medio, su nombre y apellido se repitió varias veces dentro del penal y en Tribunales 2, siempre con connotaciones negativas.

El 13 de julio, en medio de su cumpleaños, las guardias la encontraron con los brazos ensangrentados. “No estoy bien, hoy es mi cumpleaños, llamé a mi casa y mis hijos estaban llorando porque me extrañaban. No aguanté escuchar eso, por eso me corté en mi dormitorio con una maquinita de afeitar”, explicó.

Según los registros oficiales, el 5 de septiembre tuvo que ser trasladada a un centro asistencial externo a la cárcel ya que presentaba el tabique nasal perforado. Se comprobó que padecía de una severa adicción y el médico psiquiatra del penal, Gabriel Salman, ordenó ajustarle la medicación.

El 21 de ese mismo mes, la Cámara 1ª del Crimen ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario “que dispongan lo necesario para brindar asistencia psicológica a Castaño”.

Sin embargo, dos días después, Castaño fue encontrada con 16 cortes en los antebrazos.

Y el 2 de octubre siguiente, los guardias abortaron un intento de ella para ahorcarse. “No aguanto más, estoy cansada, extraño mucho a mis hijos”, alcanzó a decir en medio de otra crisis.

Mirarla de cerca

La psicóloga Guillermina Cáceres la examinó y aseguró que hasta entonces, en estos siete meses de encierro, la presa no había solicitado ningún tipo de asistencia psicológica. En este primer encuentro con ella, Cáceres observó en Castaño un elevado nivel de angustia por la situación de encierro y de privación afectiva, en los que se resaltaban las dificultades para lograr un mayor contacto con sus hijos, quienes sólo la visitaron cuatro veces.

Al otro día, Castaño fue internada en el Neuropsiquiátrico, donde permaneció hasta el 22 de ese mes, día en el que recibió el alta que la regresó a su celda de Bouwer.

Más allá de los altercados con Torres, el registro interno tuvo un paréntesis hasta el 2 de febrero, cuando otra vez se autoagredió. Dijo que era el único modo que encontraba para que alguien escuchara su pedido para ser trasladada a La Rioja.

La defensora oficial Carolina Lerda diría después que jamás la anoticiaron desde el Servicio Penitenciario y desde la Justicia de este episodio.

El 10 de marzo último, su pareja Torres llamó desde la cárcel a la Mesa de Entradas de Tribunales 2 y presentó un habeas corpus “para solicitar asistencia médica para su esposa Castaño”. “Refirió que Castaño el día anterior había caído accidentalmente desde una escalera, sentía dolor en su cuerpo y no había recibido debida atención médica”.

Se abrió entonces un habeas corpus, uno más en medio de una avalancha de estos recursos que entre febrero y marzo fueron llegando a distintos juzgados de Control de turno.

Cuando la médica Andrea Tulián la revisó, además del golpe en la espalda, advirtió que otra vez Castaño tenía los brazos ensangrentados. Ella le confió que se había cortado para apurar su asistencia por el golpe en la escalera.

El 15 de ese mes, la jueza de Control N° 9 de la ciudad de Córdoba, Celeste Ferreyra, a cargo del habeas corpus de Castaño, recibió un informe emitido por la Cárcel de Mujeres. Se consignó que “se encontraba clínica y hemodinámicamente estable, que continuaba con tratamiento psiquiátrico y psicofarmacológico, con buena evolución y respuesta”.

Tres días después, al juzgado llegó otra noticia en relación a Castaño: la acababan de encontrar muerta, ahorcada, en su celda.

Esta causa aún continúa caratulada como muerte de etiología dudosa en la fiscalía a cargo de José Bringas.

Pese al deceso de Castaño, la jueza Ferreyra continuó adelante con aquel habeas corpus. Y ahora acaba de resolverlo con un duro reproche hacia las autoridades a cargo de velar por la integridad física de las detenidas en Bouwer. En síntesis, la magistrada enseñó en su fallo que el enfoque de salud debe ser mucho más integral que una visita al médico.

Primero, la jueza ordenó poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba “las falencias acontecidas en el terreno de la salud dentro del Establecimiento Penitenciario N° 3”.

Y agregó en el segundo punto: “Exhortar al Gobierno de la Provincia, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la interventora del Establecimiento Penitenciario N° 3 para que tomen las medidas necesarias a los fines de asegurar el debido acceso del derecho a la salud de todas las internas alojadas en el Establecimiento Penitenciario N° 3, en cumplimiento de las normativas referenciadas y para arbitrar todos los medios adecuados en pos de dispensar, de modo inmediato, abordajes interdisciplinarios en materia de salud, acordes a las necesidades de cada interna y los compromisos legales asumidos por el Estado, todo ello a fin de hacer efectivas las garantías que resultan de los tratados internacionales”.

Respuesta oficial

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya hubo respuesta, al menos hacia los medios de prensa. Se indicó que un día después de la muerte de Castaño, se creó una “mesa de trabajo interinstitucional para la recepción de aportes orientados a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad” integrada por diferentes organismos públicos y de representatividad social de Córdoba.

En lo que respecta a la parte específica de la salud, se señaló que, entre otras medidas, se creó un programa de abordaje de vulnerabilidades psicosociales y conductas adictivas o de riesgo para mujeres privadas de su libertad; se organizó en el penal un sistema de atención médica con guardia permanente de 24 horas; y se creó un Equipo Técnico Interdisciplinario de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia para implementar un protocolo con el objetivo de “facilitar las visitas familiares a sus madres, abuelas u otras mujeres con las cuales tengan vínculos afectivos y que se encuentren privadas de su libertad”.

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 11/05/2019 en nuestra edición impresa.

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