Cada candidato presidencial no podrá gastar más de $ 905 millones en toda la campaña electoral

Los candidatos presidenciales podrán gastar en total hasta 905 millones de pesos en la campaña electoral que empezará el 22 de este mes y si hay segunda vuelta terminará el 24 de noviembre. Así lo dispuso la Cámara Nacional Electoral, integrada por integrada por Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, al fijar los topes para los gastos electorales…

Cada candidato presidencial no podrá gastar más de $ 905 millones en toda la campaña electoral

Los candidatos presidenciales podrán gastar en total hasta 905 millones de pesos en la campaña electoral que empezará el 22 de este mes y si hay segunda vuelta terminará el 24 de noviembre. Así lo dispuso la Cámara Nacional Electoral, integrada por integrada por Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, al fijar los topes para los gastos electorales de las PASO, elecciones generales y segunda vuelta si hay balotaje. En este supuesto, la campaña de este año durará cinco meses.

Ese monto, no incluye los gastos para las categorías de diputados o senadores y otros cargos que ven por cuerda aparte y aumentaría aquella cifra.

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Ese “techo” de gastos abrió un incipiente debate sobre si es una cifra realista que permitirá a los candidatos sufragar con fondos blancos los tres principales gastos que tienen: campaña propiamente dicha -incluye movilización del candidato, actos y encuestas-, impresión de boletas y la logística de tener que movilizar miles de fiscales para las casi 100 mil mesas electorales que deberán desplegarse. Por ejemplo, una encuesta telefónica que abarque “1.500 personas cuesta unos 150.000 pesos, un focus group nacional, 800.000 y una encuesta presencial para todo el país llega a unos 5 millones de pesos”, estimó un encuestador que pidió a Clarín mantener su nombre en el anonimato.

Tanta reglamentación se debe a que el financiamiento de las campañas es siempre un punto de contacto gris entre la política y los negocios.

Por lo pronto, los partidos y alianzas no podrán gastar más de 226 millones de pesos para sus campañas presidenciales nacionales con vistas a las PASO del 11 de agosto, según resolvió el máximo tribunal electoral del país.

En tanto, que el límite para las campañas en la provincia de Buenos Aires será de 83 millones y para la Capital Federal, 18 millones. Las otras provincias tienen gastos menores (Ver .https://www.electoral.gob.ar/).

En cambio, para las elecciones generales del 27 de octubre el tope para las campañas presidenciales será casi el doble de las PASO: 453 millones. En tanto, que en las elecciones a gobernador bonaerense y jefe de gobierno porteño solo se podrá gastar 167 millones y 36 millones, respectivamente. Y para la segunda vuelta, si hay balotaje, el tribunal electoral permitió gastar la mitad de esa cifra.

Si los partidos violan esos limites estarían infligiendo las leyes 26.215 (de financiamiento de partidos políticos) y 26.571 (de transparencia electoral). Además, los partidos deberán entregar un informe de estimación de gastos antes de las elecciones y otro después con los gastos realmente efectuados para intentar controlar el financiamiento en negro de las campañas.

En cuanto a los aportes privados que puedan hacer personas o empresas el límite para los candidatos presidenciales en las PASO nacionales, como distrito único, se fijó en 4.535.618. Mientras que para las campañas a gobernador en Buenos Aires es de 1.674.668 y a jefe de gobierno para la ciudad de Buenos Aires, 363.010. El monto tiene relación con la cantidad de electorales para cada distrito.

En las elecciones generales, los límites para las donaciones de personas o empresas a los postulantes al sillón de Rivadavia no podrán ser más de 9 millones de pesos. Aquellos que quieran donar a los candidatos a gobernador bonaerense o jefe de gobierno porteño no podrán excederse de los 3.349.335 pesos y 726.020 pesos, respectivamente.

Además de las donaciones, los partidos recibirán en total 600 millones de pesos de parte del Ministerio del Interior como aporte a distribuirse según los votos que obtuvieron en las elecciones del 2017. Y a cada agrupación nacional se le pagará la impresión de dos padrones de boletas electorales y tendrán unos días antes de la votación espacios gratis en los medios de comunicación audiovisuales. Aunque, en general, algunos políticos se imprimen otros dos padrones de boletas que generalmente pagan con fondos negros.

Luego del escándalo de la efedrina y el Triple Crimen de General Rodríguez del 2008, la ex presidenta Cristina Kirchner había hecho prohibir los aportes de empresas, pero este año, tras un arduo debate, el Congreso volvió a permitir las donaciones de personas jurídicas. Una de las víctimas de esa tragedia, Sebastián Forza, había donado 200 mil pesos a la campaña de Cristina y Julio Cobos del 2007. Luego se descubrió más aportes ilegales del sector farmacéutico. Por su parte, se descubrió que en la campaña del 2017 de Cambiemos en el territorio bonaerense unos 567 de los 4.721 aportantes físicos eran beneficiarios de planes sociales sin recursos como para hacer donaciones. El caso lo difundió desde la cárcel de Ezeiza el ex secretario de Planificación, Roberto Baratta. Además, la causa de los cuadernos de las coimas demostró un aceitado mecanismo de financiamiento ilegal de la política en la época K de parte de contratistas de obra pública.

Sobre aquella incipiente discusión en torno al realismo de las cifras, el secretario de Asuntos Políticos del ministerio del Interior, Adrián Pérez, dijo a Clarín que “los límites para aportes y gastos definidos por la Cámara Electoral en realidad son estrictamente los que surgen de la ley”. “Cada año electoral la Cámara publica estos topes. A partir de la reforma de la ley de financiamiento, el cálculo incluye esta vez a las personas jurídicas y actualiza el modo de calcular los topes de aportes”, agregó.

La reforma aprobada por el Congreso impuso, además, “criterios que apuntan a transparentar el financiamiento político y busca al mismo tiempo fortalecer todas las herramientas de control: como mayores recursos para la justicia y procedimientos más eficientes”, explicó.

“Creo que para esta elección vamos a tener un mejor esquema legal para regular el financiamiento, con normas más realistas por un lado pero también con mayores capacidades para controlar, investigar y eventualmente sancionar, aseguró Pérez.

Por su parte, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Cecchi, dijo que “es difícil decir si son límites realistas”. “El tema es que no sabemos, desde la sociedad civilcuál es el costo real de una campaña. Lo que declaran (en los informes) es mucho menos”, advirtió.

“Hay que recordar que la campaña este año es más larga. Algunas versiones hablan de que el costo real de una campaña es de de 100 millones de dolares”, subrayó. “De todos modos, en principio, parecen límites razonables”, afirmó Cechi

La campaña comenzará formalmente el 22, luego de que se inscriban los candidatos. Pero la población sentirá recién el gran impacto con el inicio de la campaña en los medios audiovisuales para las PASO del 11 de agosto que arrancará el 7 de julio.