Buscan que todas las causas civiles y comerciales vayan a juicio oral

Juicios orales en los que se aprovechen las facilidades de la tecnología digital (audiencias videograbadas, expedientes electrónicos, declaraciones por videoconferencia…), todo guiado por magistrados más presentes, con mayor compromiso y cercanía respecto de las partes en conflicto: este es el horizonte del anteproyecto de ley del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que el…

Buscan que todas las causas civiles y comerciales vayan a juicio oral

Juicios orales en los que se aprovechen las facilidades de la tecnología digital (audiencias videograbadas, expedientes electrónicos, declaraciones por videoconferencia…), todo guiado por magistrados más presentes, con mayor compromiso y cercanía respecto de las partes en conflicto: este es el horizonte del anteproyecto de ley del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, le presentó este lunes al presidente Mauricio Macri, en un acto en Casa Rosada.

El objetivo central apunta a tener juicios más cortos y ágiles. Así lo planificó una comisión de 21 especialistas en Derecho Procesal que trabajaron en el tema durante casi tres años, enfocados en instalar la llamada “oralidad efectiva“, o sea, modificar los procesos hacia el formato del juicio oral (como ocurre en el fuero Penal), considerado mucho menos parsimonioso que el sistema escrito.

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Héctor Chayer, coordinador del programa “Justicia 2020” e integrante de la comisión que redactó este anteproyecto, explicó que “la novedad central es que este texto establece dos audiencias para la primera instancia del proceso civil: una ‘preliminar’ y otra de ‘vista de causa’. A ambas deben concurrir las partes, ambas serán videograbadas y en ambas deberá estar presente el juez“.

¿Es obvio que el juez esté presente en estas instancias? En realidad no venía siendo así. Por un lado, sólo existía la audiencia preliminar, que no se videograbada y a la que los jueces muchas veces no iban, pues “indebidamente se delegaba la función a un secretario“, admitió Chayer.

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En cuanto a la segunda audiencia, agregó, “no existía como tal sino que un empleado tipeaba la declaración de cada testigo, en sucesivas audiencias (una por testigo), lo cual demoraba mucho cada proceso”. Agregó que “el nuevo código prevé que, una vez iniciado el juicio, haya un ‘impulso de oficio’ de los trámites, de parte del magistrado, lo cual es una gran diferencia”.

Mabel de los Santos, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, también miembro de las comisiones de redacción y revisión de este anteproyecto, comentó que “con este nuevo texto será el juez quien decida qué prueba se admite y cuál no, sin perder tiempo produciendo pruebas innecesarias“.

El presidente Mauricio Macri con el ministro Germán Garavano, en la presentación del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. (Foto: Federico López Claro)

“Es una oralidad asistida por las nuevas tecnologías, o sea que los jueces de Cámara van a poder ver la prueba producida en audiencia como si hubieran estado presentes. Es una modalidad que se viene probando en experiencias piloto, que rige hoy en países como España, Alemania, Brasil y Uruguay, y que ha dado muy buenos resultados”, repasó la experta.

En Argentina todo esto ya se vino probando, contó Chayer: “En 2016 se puso en marcha un plan piloto en 17 jurisdicciones donde los jueces, utilizando el código procesal actual, aplicaron la oralidad en sus procesos. La noticia es que casi la mitad de los jueces a nivel federal o provincial ya están trabajando de esta manera, con procesos orales“.

En cifras, el cambio fue contundente: “Puntualmente, en los 12.600 procesos que hubo, se lograron bajar los tiempos judiciales a 1,4 años”. El promedio del sistema escrito es de 5 años.

Federal, nacional, provincial

En la vereda de enfrente, no faltan cuestionamientos al anteproyecto presentado este lunes. Los más críticos alegan que es un proyecto puramente “declamativo”, ya que, a días de la elección presidencial, no dan los tiempos políticos para aprobar un texto de este tipo.

Además circula que con este proyecto se oculta una cuestión de fondo que la gestión actual no supo resolver: el traspaso de lo que hoy es la justicia nacional (no confundir con la “justicia federal”) al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Parece un trabalenguas, pero no es otra cosa que un tema “a media asta”, justo cuando se cumplen 25 años de la reforma constitucional de 1994, momento en que se determinó el pasaje de distintos organismos nacionales al paraguas porteño, como parte del proceso de autonomización de la ciudad de Buenos Aires. La Justicia era uno de ellos.

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La relación entre este problema y el anteproyecto en danza es evidente, explicó Hernán Najenson, subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “En efecto, la mayor incidencia en causas de aplicación de este código procesal va a estar dada por la justicia nacional, que es la justicia que tiene sede en CABA y no en las provincias.

Si bien remarcó que “es un anteproyecto muy bueno porque avanza en situaciones de la oralidad y en una simplificación procesal necesaria, sería muy bueno que fuera un código de la ciudad de Buenos Aires en el contexto de una justicia traspasada. Finalmente el código se va a debatir en el Congreso Nacional y no en la Legislatura porteña“.

Al respecto, Chayer enfatizó que “la justicia Civil y Comercial federal atiende en todo el país”, y dijo: “Por eso, cuando discutimos el código en la comisión, me ocupé de que se pusiera foco en los juzgados federales y no en los nacionales, que están en la ciudad de Buenos Aires”. 

El otro tema que despertó dudas es por qué este anteproyecto en materia procesal civil y comercial no incluye derecho de Familia. Al respecto, De los Santos aclaró que “se requería otra ley para el tema Familia y se está trabajando en eso. De hecho, están disponibles en la página del Ministerio las Bases de Familia”. 

Chayer coincidió con la jueza: “Los procesos de familia tienen una dinámica especial. En un juicio por daños y perjuicios por accidente de tránsito se paga la indemnización y termina el conflicto. En un juicio por alimentos, por ejemplo, cada seis meses hay que actualizar… los procesos no concluyen y requieren una dinámica de trabajo diferente. Se ha trabajado en una ley, pero no está lista todavía”. 

PS/DD