La prisión domiciliaria por el Covid-19 genera controversia en la Justicia federal

“Lejos de darnos elementos para tomar mejores decisiones, nos sacaron la escalera y nos dejaron colgados de un pincel”, pareciera ser la expresión que resume ciertas opiniones de magistrados federales cordobeses que durante la jornada de ayer se vieron contrariados con la “disposición” de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de la prisión domiciliaria.El…

La prisión domiciliaria por el Covid-19 genera controversia en la Justicia federal

“Lejos de darnos elementos para tomar mejores decisiones, nos sacaron la escalera y nos dejaron colgados de un pincel”, pareciera ser la expresión que resume ciertas opiniones de magistrados federales cordobeses que durante la jornada de ayer se vieron contrariados con la “disposición” de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de la prisión domiciliaria.

El documento emitido a última hora del jueves con la firma de tres de los integrantes de ese Alto Cuerpo –las tres principales autoridades– era esperado durante la semana para servir de divisoria de aguas, pero no cayó bien entre distintos jueces locales consultados por este medio.

En los Tribunales federales locales existen numerosos pedidos de trasladar el arresto al domicilio de los condenados y procesados a partir de la amenaza que representa el coronavirus en los establecimientos carcelarios, especialmente por las condiciones de hacinamiento y haciendo valer que la pandemia ataca con mayor agresividad a quienes tienen edad avanzada y enfermedades preexistentes.

Con la firma de la presidenta del cuerpo, Ángela Ledesma, y de los dos vicepresidentes, Gustavo Hornos (1º) y Alejandro Slokar (2º), “se dispone que los órganos de la jurisdicción tomen razón y adopten los recaudos pertinentes en orden a los puntos 1 y 2 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)”.

Luego se transcriben esos dos puntos, como única recomendación y sin agregado alguno. El primero dice: “Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellas que puedan ser sustituidas por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio de Covid-19”.

El otro punto de la Cidh citado, indica: “Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.

Esta carilla con esta información generó no pocas controversias entre los grupos de intercambio que existen entre magistrados federales. Entre las resistencias y desagrado por la “disposición” se critica que este tribunal adelante opinión y, lejos de pronunciarse con relación a una causa que puede ayudar a sentar jurisprudencia, formula recomendaciones que sólo pueden hacerse en materia de superintendencia.

Por el contrario, aún los más liberales o garantistas coincidieron en que esta medida se inmiscuye en la decisión de los jueces.

Si bien son las tres principales autoridades, la Cámara Federal cuenta con cuatro salas y 12 vocales. El mismo jueves se dictaron otros fallos que contradecían este criterio y que en casación rechazaban prisiones domiciliarias.

Entre las críticas recogidas ayer entre los magistrados cordobeses se indica que la Cidh no es un organismo superior y que las recomendaciones sólo pueden ser testimoniales.

El “no” de Bustos Fierro

Por su parte, ayer se conoció la denegatoria del juez federal Nº 1 de Córdoba Ricardo Bustos Fierro al pedido de prisión domiciliaria para los represores Carlos Alfredo “Tucán” Yanicelli (67), Jorge Exequiel “Rulo” Acosta (74), Juan Eusebio Vega (70), Mirta Graciela “Cuca” Antón (68), Arnoldo José “Chuby” López (67), Héctor Pedro Vergez (76) y Miguel Ángel “Gato” Gómez (73).

La defensora oficial Mercedes Crespi había hecho el pedido ante la amenaza de la pandemia para los siete condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Pero Bustos Fierro negó esa posibilidad fundamentando que pueden cumplir el arresto en el penal, por lo que, además, ordena que las autoridades de las cárceles de Bouwer y de Campo de Mayo adecuen las instalaciones para prevenir y controlar el riesgo de propagación del contagio.

En sus consideraciones, Bustos Fierro critica a la defensa por no fundar debidamente los motivos por los cuales Yanicelli debe ser trasladado a su domicilio. Si bien tiene dolencias cardíacas, ya no resulta inminente la necesidad de que sea operado para colocarle dos stents (como estuvo programado para el 20 de marzo) y se indica que el encierro no agrava su cuadro, salvo que deba ser trasladado a un centro de mayor complejidad si se agudiza. Desde Bouwer, puede trasladárselo en 30 minutos al sanatorio, pero el domicilio propuesto en el pedido está a 90 kilómetros de ese centro asistencial.

Además de negar la domiciliaria a Yanicelli, Bustos Fierro criticó que la defensa haya incluido en el mismo pedido a los otros siete condenados a prisión perpetua “intentando colocarlos en una misma situación, con la clara intención de hacerles extensiva, de manera abstracta y automática, la situación de uno sólo de los imputados (Yanicelli) cuyo estado de salud requiere una intervención quirúrgica de colocación de stent y que motivara el dictado de una resolución favorable por el Tribunal Oral Federal N° 1”.

Luego, el magistrado señala que para esos siete no se acompañaron fundamentos y que en algunos se omitió si tenían domicilio o quién sería el “guardador” del beneficio.

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 4/04/2020 en nuestra edición impresa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *