Facturas truchas: agravan la acusación y piden millonarios embargos

Inmuebles, yates, autos y motos de diferente valor. El listado que presentó el fiscal federal N° 1 de la ciudad de Córdoba, Enrique Senestrari, está repleto de bienes de todo tipo. Se trata de un embargo millonario, que el funcionario judicial solicitó al ampliar la acusación por lavado de dinero y otros delitos más contra…

Inmuebles, yates, autos y motos de diferente valor. El listado que presentó el fiscal federal N° 1 de la ciudad de Córdoba, Enrique Senestrari, está repleto de bienes de todo tipo. Se trata de un embargo millonario, que el funcionario judicial solicitó al ampliar la acusación por lavado de dinero y otros delitos más contra un grupo de los imputados por la “usina” de facturas truchas desbaratada meses atrás.

Se trata de una gigantesca investigación que trascendió de manera pública con los primeros allanamientos, en agosto del año pasado, y que hoy tiene 15.995 facturas bajo sospecha, emitidas entre el 1º de enero de 2018 y febrero de 2020; 45 imputados, 17 de ellos con alguna clase de detención (en prisiones o domiciliarias), y una importante colección de vehículos de alta gama, cuadriciclos y yates secuestrados, entre otros bienes de valor incautados por la Justicia federal.

Entre los imputados, aparecen involucrados dos intendentes (Cayetano Canto, de Saldán, y Daniel Salibi, de Mendiolaza), empresarios, contadores y personas de muy bajos recursos.

Según cálculos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (organismo clave en esta investigación), el monto de lo facturado para evadir un porcentaje del total es multimillonario.

De manera sintética, esta investigación –que cuenta con el aval del Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro– sostiene que los acusados compraban facturas apócrifas con el objetivo de simular los pagos en el balance de sus firmas y así disminuir el monto de la real ganancia obtenida. El objetivo es reducir el pago de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias.

Las facturas denominadas “apócrifas” por la Afip figuran a nombre de personas de escasos recursos en relación con los montos facturados.

“En el marco de la investigación de los hechos imputados en el requerimiento de instrucción formulado en esta causa con fecha 24 de agosto de 2020, y con base en el análisis de los elementos de juicio secuestrados en los allanamientos que en ese escrito se pidieron, se puede afirmar que gran parte de las ganancias y lucro obtenidos de tales acciones fue objeto de operaciones de blanqueo, que habrían consistido en la compraventa de inmuebles, de vehículos automotores, de títulos y de otros activos, varios de ellos por valores distintos de los del mercado y adquiridos con dinero de origen ilícito”. Esta afirmación la hizo el fiscal Senestrari al promover acción penal por lavado de dinero contra 22 de los acusados y al solicitar una medida cautelar con el objetivo de embargar una serie de bienes de los sospechosos.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Voz, el requerimiento alcanza a los acusados Cristian Debarre, Diego Alberto Vieyra Ferreyra, Jorge Daniel Cuevas, Martín Alejandro Sarmiento, Paola Andrea Arévalo, Germán Destefanis, Mario Ernesto Casco, Mario Eduardo Morselli, Augusto Boero, César Eduardo Capella, Fernando Sciarra, Pablo Darío Barbieri, Federico Carlos Dellamagiore, Leandro Paolo Srur, Eduardo Mauricio Pinto, Patricio Rolando González, Leuterio Carlos Bonetto, Fernando Ricardo Lozano, Luciano Josué Córdoba, Mauricio Andrés Pizzi, Jessica Yamila Bodes y María José Marengo.

“Habrían colocado dinero de origen espurio mezclado con dinero lícito, a los fines de blanquear diferentes activos en patrimonio formal de otras personas. Además, a los fines de evitar el control de supervisión y prevención de lavado de activos, los y las personas imputadas habrían utilizado personas interpuestas que no tienen actividad económica ni capacidad contributiva registrada, lo que a la postre significa también una forma de eludir el pago de impuestos por Ganancias y Bienes Personales”, agregó el fiscal en la acusación.

Al empresario Cristian Debarre, por ejemplo, le solicitó que le fueran embargados una lancha, una moto Ducati valuada en casi 30 mil dólares, el domicilio en un country camino a Los Reartes, además de diferentes autos y motos, entre otros objetos.

“El imputado habría lavado un total aproximado de 7.770.000 pesos y de 142.795 dólares”, según el cálculo de la acusación.

Se trata de un primer relevamiento de los bienes personales, ya que aún resta una serie de medidas para corroborar si existen otros inmuebles, plazos fijos o inversiones en bonos, entre otros puntos.

A Diego Alberto Vieyra Ferreyra, sindicado en la causa como el que motorizaba la “usina” de facturas truchas, se lo investiga por la adquisición de un auto BMW 120I, de un Mercedes Benz A160 Elegance y de un Volkswagen Fox 1.6, entre otros objetos. Se sospecha que el monto del presunto lavado oscilaría en torno de 1.500.000 pesos.

Los investigadores calculan en más de 2.400 millones de pesos el monto total registrado en facturación apócrifa. (Archivo)

Cuevas, otro de los imputados, está en la mira judicial por la adquisición de un BMW X 4 28I, de un Mercedes Benz A90 A250 Sport, además de una serie de cheques y de dinero en efectivo que se le halló. El fiscal acusó al respecto: “Por todas estas operaciones y/o exteriorizaciones de dinero, el sujeto habría lavado un total aproximado de 6.687.590 pesos y de 9.897 dólares”.

En total, Senestrari realizó una descripción de los bienes por embargar de cada uno de los 22 sospechados de lavar dinero en el marco de la causa por las facturas truchas.

Más y menos

Según fuentes que siguen de cerca esta compleja investigación, serían más de 20 mil las facturas observadas por la Afip. Este universo involucra a 639 empresas argentinas, y 50 de ellas quedaron bajo investigación penal.

Sucede que, para ser un delito perseguible por la Justicia federal, la evasión tiene que ser igual o superior a 1.500.000 pesos. Si la cifra evadida es menor que ese monto, se inicia una pesquisa administrativa en la órbita de la Afip.

“Teniendo en cuenta que el valor de los bienes que habrían adquirido los investigados con el producto de las actividades ilícitas imputadas ascendería a más de 113 millones de pesos y a 500 mil dólares, esta fiscalía solicita que se ordenen las siguientes medidas cautelares: a) que se embarguen y se ordene el secuestro, con fines de decomiso, de los bienes registrables detallados; b) que se ordene el congelamiento de todos los plazos fijos que tengan al día de la fecha todos los imputados; c) que se ordene el congelamiento de todas las acciones, bonos y títulos que tengan al día de la fecha todos los imputados”, solicitó el fiscal al juez Bustos Fierro.

En ese punto, y con base en el cálculo de una posible multa, la fiscalía solicitó que se embargaran y se secuestraran todos los bienes de estos 22 imputados hasta llegar a una suma de 500 millones de pesos.

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 7/03/2021 en nuestra edición impresa.