Covid-19: Duro informe de Human Rights Watch contra las políticas de Gildo Insfrán

WASHINGTON.- La organización de derechos humanos Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins presentaron un duro informe en el que acusan al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa de usar “medidas frecuentemente abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del coronavirus, restringir la libertad de prensa, y forzar a personas a permanecer confinadas, hacinadas,…

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WASHINGTON.- La organización de derechos humanos Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins presentaron un duro informe en el que acusan al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa de usar “medidas frecuentemente abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del coronavirus, restringir la libertad de prensa, y forzar a personas a permanecer confinadas, hacinadas, en condiciones que podrían considerarse como “detenciones arbirtrarias”.

El informe de HRW y Johns Hopkins que fue difundido en Washington sostiene que el gobierno de Insfrán habría “empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.

Tras la difusión del trabajo, el director para las América de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que el Gobierno y las autoridades de Formosa deben “deben garantizar que las medidas destinadas a frenar la propagación del Covid-19 efectivamente protejan a los ciudadanos, y nunca los expongan a mayores riesgos”.

El trabajo indica que desde abril de 2020, más de 24.000 personas “han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa”, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse “detenciones arbitrarias”.

El gobierno de Formosa, continúa, mantuvo a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. Y agrega que en ocasiones, “el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social”, y las autoridades no brindaron atención médica adecuada.

“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19”, expresó en un comunicado la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”, agregó.

Entre enero y marzo 2021, Human Rights Watch entrevistó, por teléfono, a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. “La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no divulgáramos sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos. Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo”, señaló la organización en un comunicado. El informe también está basado en información oficial provista por el gobierno de la provincia de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

“En enero, tras un marcado aumento en los casos confirmados de Covid-19, el gobierno incrementó sustancialmente el número de personas retenidas en centros de cuarentena y de aislamiento. Muchas de ellas reportaron abusos”, indicó la organización.

Uno de los casos documentados es el de Zunilda Gómez, de 33 años, cursaba el tercer mes de embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en la ciudad de Clorinda. Las autoridades encerraron a Gómez y a sus tres hijos, de 12, ocho y cinco años, en una habitación de hotel. El 5 de enero, Gómez empezó a tener un sangrado y pidió ayuda. Desesperada, pidió a su hija que saliera trepándose por la ventana para pedir ayuda, manifestó Gómez, según el informe.

HRW indicó que, una hora después, la policía trasladó a Gómez a un hospital y dejó a sus hijos encerrados en la habitación del hotel hasta el día siguiente. “Gómez sufrió un aborto espontáneo. Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia tras resultar positivo, se enteró de la pérdida del embarazo cuando lo llamó un familiar”, indicó la organización.

Ambas organizaciones puntualizaron que, conforme al derecho internacional, “ciertos derechos básicos, tales como el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia”. Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad y la libertad de circulación, expresión y asociación, “podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria”, remarcaron HRW y Johns Hopkins.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo a LA NACION que el Gobierno y las autoridades de Formosa deben “deben garantizar que las medidas destinadas a frenar la propagación del Covid-19 efectivamente protejan a los ciudadanos, y nunca los expongan a mayores riesgos”.

Con ese fin, Vivanco dijo que resulta “fundamental que el gobierno nacional verifique periódicamente que las medidas adoptadas en Formosa respeten los lineamientos de la OMS y los propios protocolos de la provincia que establecen obligaciones que en la práctica muchas veces no se cumplen, tales como, garantizar que los centros estén limpios, sean seguros y cuenten con atención médica constante”.

“Además, el gobierno debe impulsar urgentemente el nombramiento de un Defensor del Pueblo que realice un examen creíble e independiente sobre las condiciones de los derechos humanos en Formosa y en el resto del país. Es verdaderamente lamentable y escandaloso que Argentina no cuente con un Defensor del Pueblo hace más de una década”, cerró.

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