El Estado le pide perdón a una víctima de violencia de género: “Nos queremos libres y vivas”, dice ella

Dice Olga que está aliviada, que camina por la calle sin temor, que entra y sale de su casa sin mirar para todos lados. Lo dice con voz pausada, tranquila. Así se siente hoy. No fue siempre así.  El 24 de marzo de 2017, Luis Palavecino -su ex pareja, el padre de sus cuatro hijos…

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Dice Olga que está aliviada, que camina por la calle sin temor, que entra y sale de su casa sin mirar para todos lados. Lo dice con voz pausada, tranquila. Así se siente hoy. No fue siempre así. 

El 24 de marzo de 2017, Luis Palavecino -su ex pareja, el padre de sus cuatro hijos y a quien había denunciado por violento– esperó que Olga saliera de su casa y la apuñaló. Eran casi las 11 de la mañana y ella iba al supermercado. Las cuchilladas dieron en un brazo, la espalda y el cuello. Palavecino fue detenido y Olga operada. Estuvo más de un mes internada en el Hospital Pirovano. Debe tomar medicación de por vida.

El Estado argentino fue denunciado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) por incumplir sus obligaciones para prevenir que a Olga le pasara algo. Ella había denunciado y sin embargo, el día de la tentativa de femicidio, no contaba con ninguna medida de protección.

Acuerdo

El 23 de octubre de 2019 se firmó el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.

El 17 de agosto de 2020, el Estado firmó un acuerdo y un Decreto -Poder Ejecutivo de la Nación, N° 679-, no sólo para pedirle disculpas a Olga sino para adoptar “medidas de no repetición”, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género.

Esas medidas prevén la evaluación de los conocimientos de género de aspirantes a la magistratura y la creación de un registro de denuncias presentadas contra jueces y juezas por violencia de género en el ámbito del Consejo de la Magistratura, lo que se aprobó recientemente. De hecho en ese registro ya figuran los dos jueces que le dijeron a una chica que la interrupción de su embarazo producto de violaciones era más grave quelos abusos sufridos por años. 

También, la realización de capacitaciones a integrantes del poder judicial y de la policía, la elaboración de un Protocolo de Articulación Institucional para coordinar las intervenciones en procesos de violencia; el dictado de Principios Generales de Actuación para las intervenciones judiciales, y la ampliación del patrocinio gratuito y especializado a víctimas de violencia de género.

“Caso paradigmático”

“El caso de Olga resulta paradigmático de las barreras que encuentran quienes denuncian hechos de violencia de género y requieren medidas de protección. Allí se acreditaron numerosos déficits en el tratamiento judicial y en la implementación de los mecanismos preventivos, que ya habíamos advertido desde el patrocinio especializado a víctimas de violencia de la Defensoría General de la Nación. Con frecuencia los primeros pedidos de auxilio son minimizados y desatendidos y recién a partir de hechos graves la palabra de las mujeres es escuchada y tomada en serio”, dice a Clarín Raquel Asensio, titular de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.

“Esperamos que el reconocimiento del Estado de su responsabilidad en el abordaje deficiente y este acto público de pedido de disculpas se vean traducido en acciones concretas destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres. Son varias las medidas acordadas con el Estado en este caso para desterrar malas prácticas y contar con un sistema judicial capacitado que brinde respuestas oportunas y útiles. Algunas de esas acciones ya fueron aprobadas y se están implementando; esperamos que otros compromisos asumidos puedan ser igualmente cumplidos”, agrega Asensio.

“Creo que el caso tiene por lo menos tres características que merecen ser destacadas. Por una parte, fue tramitado con gran celeridad por el Comité CEDAW, lo cual posibilitó un reconocimiento temprano por parte del Estado de su responsabilidad internacional y la apertura de un espacio de diálogo dirigido a establecer reparaciones para la víctima y medidas de no repetición”, explica a Clarín Mariano Fernández Valle, responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Nación.

“En segundo lugar, demuestra la relevancia que tienen los procesos de solución amistosa en el ámbito internacional, que en ocasiones se presentan tan útiles como los casos contenciosos. Finalmente, revela la interacción provechosa que puede existir entre las esferas internacionales y locales para resolver deficiencias estructurales y ajustar el comportamiento institucional a los más altos estándares de protección de Derechos Humanos, en especial ante casos paradigmáticos de extrema gravedad. Desde la perspectiva de la defensa pública, el litigio internacional es una forma más de garantizar el acceso a la justicia de las personas más expuestas a la vulneración de sus derechos”, concluye Fernández Valle.

Olga Díaz

Libres y vivas

“Estoy más tranquila. Después de todo lo que he vivido ahora realmente estoy tranquila, en paz y libre, libre de amenazas, libre para poder salir, entrar, me siento bien”, dice Olga a Clarín. De fondo se escuchan las risas de sus nietos. Vive con ellos, y una de sus hijas. Está en familia.

Recuerda el pasado y habla de “tiempo muy difícil, complicado, con temores, con miedos. Y los miedos nos paralizan y nos hacen tomar malas decisiones. Pero eso ya pasó, ahora es como empezar una nueva vida, poder disfrutar un poco más mis hijos, a mis nietos, y lo que a mi me gusta”.

Cuenta Olga que desde el año pasado, y por la pandemia, empezó a ayudar en un comedor de la Iglesia a la que va: “Ay… eso fue tan lindo poder hacerlo libremente, salir sin miedo, salir sin estar mirando para otro lado, sin alguien que me estuviera acechando como me pasaba con aquella persona que por suerte hoy está cumpliendo su condena”.

Se la escucha ansiosa por las disculpas del Estado: “Tengo expectativas, no por mí sino para que las disculpas se cumplan. Prometieron nuevos protocolos, nuevas prácticas, que no queden las mujeres desamparadas cuando van a hacer las denuncias, que no tengan que ser acompañadas por un medio de comunicación para que sean escuchadas y puedan recibir la atención que se merecen, porque merecemos ser escuchadas, porque nos queremos libres y nos queremos vivas“.

El acto

El acto público de pedido de disculpas a Olga y en el que el Estado Argentino además asumirá su responsabilidad internacional en el caso, será este jueves 15 de abril a las 11 horas. El acto será transmitido a través de YouTube: youtube.com/sdhargentina.

Participarán del acto público de desagravio, que se realizará de manera virtual, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, además de la propia Olga del Rosario Díaz y Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación, organismo que representó a la víctima ante el CEDAW.  También, autoridades de los organismos firmantes del acuerdo: el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería.

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