Piden juzgar por homicidio culposo a la intendenta de Villa Dolores

Es por la muerte de dos empleados municipales que fueron aplastados por el derrumbe en una zanja. Hay otros tres acusados.jueves, 22 de julio de 202114:12 hsLa fiscal María Eugenia Ferreyra pidió juzgar por homicidio culposo agravado por el número de víctimas y por incumplimiento de los deberes de funcionario público a la intendenta de…

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Es por la muerte de dos empleados municipales que fueron aplastados por el derrumbe en una zanja. Hay otros tres acusados.

jueves, 22 de julio de 2021 hs

La fiscal María Eugenia Ferreyra pidió juzgar por homicidio culposo agravado por el número de víctimas y por incumplimiento de los deberes de funcionario público a la intendenta de Villa Dolores Gloria Pereyra.

La acusación se origina en la muerte de dos empleados estatales ocurrida el 16 de julio de 2019, que participaban en la excavación de una obra municipal de desagües que -según la fiscalía- violaba o incumplía con todas las normas y requisitos para ser llevada adelante.

La intendenta, hija del anterior intendente, Juan Pereyra, cuando fue citada a declarar negó su responsabilidad en el hecho y no quiso continuar prestando declaración.

Cuatro acusados

Junto a ella también serán llevados a juicio el arquitecto Aldo Zanitti, también por los mismos delitos que se le imputan a la intendenta, y los ingenieros Arturo Jorge Hanish y Enrique Héctor Bernáldez, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas.

Los empleados municipales fueron llevados al Hospital Regional de Villa Dolores, donde murieron. (La Voz/Archivo)

Este episodio generó en su momento una enorme repercusión en Villa Dolores, ya que el derrumbe de la excavación ocurrió en pleno centro, a muy pocos metros de la plaza principal, sobre calle Arzobispo Castellano.

En ese lugar se encontraban trabajando ocho empleados municipales, sin arneses, zin ropa ni calzado adecuados, sin medidas de seguridad y sin supervisión de un profesional responsable en el fondo de la zanja. Pocos minutos antes de las 18, cuando tres de los operarios estaban en el fondo de la zanja, que tenía entre cuatro y cinco metros de profundidad, la pared vertical de la excavación se derrumbó, dejando atrapados en el fondo a dos de ellos.

Dos empleados, Rubén Damián Altamariano y Norberto Orlando Romero, quedaron atrapados, y fueron rescatados por sus compañeros y por policías que se llegaron al lugar y que “en forma manual cavaron con palas y con sus propias manos” para poder llegar hasta ellos.

Romero murió el mismo día, poco después de llegar al Hospital Regional de Villa Dolores, y Altamirano murió tres días después, en el mismo establecimiento. Las autopsias determinaron que Romero sufrió heridas en la cabeza, en el tórax, abdomen, brazos y fracturas en la pierna derecha y de las costillas, muriendo por asfixia por sepultamiento parcial, con compresión toraco abdominal y fracturas múltiples.

En el caso de Altamirano, ingresó al hospital con paro respiratorio ya que había estado completamente enterrado por un período prolongado. Murió por las lesiones y aplastamiento que le provocó el derrumbe de la zanja, que le provocaron una asfixia severa y muerte cerebral.

Numerosos incumplimientos

Lo que más llama la atención de la elevación a juicio, es la extensa enumeración de incumplimiento en la obra pública que llevaba adelante la Municipalidad de Villa Dolores.

La fiscal señaló que “la obra se desarrolló de forma desprolija e improvisada, y sin supervisión externa” y que ni siquiera se conocía cuál era la profundidad necesaria de excavación para enterrar el caño del desagüe.

La funcionaria señaló que “la intendenta Carmen Gloria Pereyra, como autoridad máxima del Poder Ejecutivo Municipal y su secretario de obras, conociendo que las condiciones en las que se llevaba a cabo la obra no satisfacían los requisitos de la legislación vigente, los mismos a sabiendas e incumpliendo los deberes inherentes a su cargo, no controlaron la ejecución, desarrollo y avance de la obra, ni cumplieron con las responsabilidades que el Municipio como empresa comitente y empleadora tenía a su cargo”.

“No obstante lo cual -continúa la acusación- autorizaban las partidas presupuestarias que la obra generaba, mientras que la promovían y la publicitaban como gestión propia necesaria para los vecinos de la ciudad”. La fiscal califica los comportamientos de la intendenta como “omisivos, imperitos, imprudentes, negligentes y antirreglamentarios”.

Entre los muchos incumplimientos de la obra, la fiscalía señala que no contaba con la autorización de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, no estaba inscripta en el Colegio de Ingenieros, no había pagado aportes profesionales, no estaba registrado el profesional a cargo del proyecto y los estudios preliminares, se inició sin cumplir con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ni tenía proyecto de higiene y seguridad que debía presentarse ante la ART.

Además, según señala la fiscalía, el personal no había sido capacitado en seguridad laboral, no había plan de evacuación, no había profesional a cargo de ese rubro, no había libro de obra ni memoria técnica actualizada, no había cálculos hidrológicos del terreno, no se colocó cartelería adecuada, los tablones de contención que se usaron eran inadecuados, entre otros muchos defectos técnicos que habría tenido la obra.

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