Pacto con Irán: Una “nube” de argumentos que tapa la acusación contra Cristina Kirchner

Uno de los ejes argumentales del polémico fallo del tribunal oral federal 8 (TOF 8) que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros imputados en la causa por el pacto con Irán fue que no hubo tentativa de encubrimiento.Pero llamativamente a lo largo de 400 páginas no anularon la causa, como querían los…

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Uno de los ejes argumentales del polémico fallo del tribunal oral federal 8 (TOF 8) que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros imputados en la causa por el pacto con Irán fue que no hubo tentativa de encubrimiento.

Pero llamativamente a lo largo de 400 páginas no anularon la causa, como querían los imputados. Si no, observó una fuente judicial que conoce el caso,  podría haber quedado válida “la parte anterior a las reuniones”, en el 2016, de dos miembros de la Cámara de Casación con el ex presidente Mauricio Macri. Así los imputados hubiesen seguido “pegados” a un pedazo de la causa. 

Los miembros del TOF 8 José Michilini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado coincidieron en afirmar que como el memorándum firmado por el gobierno de Cristina en el 2013 no entró, finalmente, en vigencia y, por lo tanto, ni siquiera “hubo tentativa de delito”.

Cristina y los otros sobreseídos estaban acusados supuestamente de encubrir a cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA de 1994 que dejó 85 muertos y de entorpecer la investigación de la Justicia.

Sin embargo, en los tribunales de Comodoro Py se sostuvo que ese debate ya “estaba saldado en la Cámara de Casación y en la Corte” cuando está rechazó un recurso de queja de uno de los acusados.

Fue la primera vez en la historia en que se sobreseyó a acusados en base a sus alegatos unilaterales sin refutar las pruebas de las querellas y el fiscal que los acusaba. Incluso, uno de los jueces llevó la acusación hacia terceros.

“Las consecuencias de la firma del pacto fueron como si sacás un arma para matar a una persona pero la bala no sale”, explicó una fuente consultada por Clarín. En ambos casos, se trata de una tentativa de delito a su criterio.

Es decir, que el pacto no haya entrado en vigencia “no significa que no haya habitado tentativa de encubrimiento” de los iraníes, afirmó.

El fallo “es una nube de argumentos para tapar y desviar el eje de la causa de las acusaciones a los imputados” hacia los 16 jueces y 4 fiscales que habían avalado los procesamientos y el juicio oral, agregó.

¿Por qué el TOF 8 no anuló la causa como reclamaban las defensas? La respuesta de las fuentes es porque si no “podía haber seguido vigente una parte como pasó con la causa principal de la AMIA”.

En este caso, la Corte validó la causa desde el pago de U$S 600 mil de la SIDE a Carlos Telleldín de 1996 para atrás. Así el criterio podría ser lo mismo, seguir investigando desde las reuniones de los jueces Borinsky y Hornos de 2016 para atrás.

Veamos los argumentos de los jueces para rechazar la posición del fiscal Marcelo Colombo. En su voto la jueza del TOF 8 María Gabriela López Iñiguez hace suyos la mayoría de los argumentos de las defensas. Presenta como un hecho nuevo que este año “se descubrió” que Borinsky y Hornos se había reunido con Macri, a pesar de que varias de esas reuniones habían sido publicadas por los medios y algunas fueron por el proyecto de reforma del código penal.

Entonces, las “dudas o temores objetivos acerca de la independencia y/o imparcialidad de dichos magistrados se enlazan con un conjunto de hechos, que han sido sometidos a las reglas de la prueba a lo largo de estas audiencias”, dijo López Iñiguez.

Llamó la atención que un juez de un tribunal inferior revise la conducta de sus superiores de Casación, a pesar de que la causa que tiene el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi contra ellos por esas reuniones, hasta ahora, no tiene ningún imputado.

Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, mientras prepara la apelación se preguntó “los miembros del TOF 8 olvidaron que el fallo de Borinsky y Hornos que reabrió la causa de la denuncia de Nisman también fue votado por la jueza Ana Figueroa?”. Esta magistrada suele votar en sintonía con la estrategia judicial K.

Luego López Iñiguez se apoya en un supuesto informe del Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán. Dice que éste habla de un “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina por medio de una serie de actos concatenados de intimidación y presión” de parte del macrismo.

En realidad, se trata de preguntas de García-Sayán en base a una denuncia de abogados de funcionarios K. Incluso, la jueza analiza hasta los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi criticados por Cristina Kirchner. Lo único que “le falta es hablar de lawfare”, dijo otra fuente.

Con ese y otros datos, la jueza concluyó que el pacto con Irán “más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito”.

Por su parte, el juez del TOF 8, Daniel Obligado hizo un análisis más conceptual. Se preguntó si hubo obstrucción a la causa principal del atentado contra la AMIA que tenía Nisman.

“Si bien el entonces Presidente Mahmoud Ahmadinejad, firmó el instrumento el 19 de mayo de 2013, nunca alcanzó aprobación parlamentaria en ese país”, precisó.

Sin embargo, Farini Duggan preguntó “si no entró en vigencia ¿por qué se le agregó un banner” a las alertas rojas de Interpol, el único instrumento del estado argentino para que los iraníes sean detenidos?

Más adelante, Obligado sostuvo que las alertas rojas solo las podía dar de baja el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral y no Interpol por si misma.

“Cualquiera haya sido la finalidad de la registración del “banner” transcripto en el legajo de los acusados, la inserción no tenía una significancia susceptible de ir más allá de una publicidad de un acuerdo el cual ninguna entidad tenía para interferir sobre la vigencia de las notificaciones”, agregó.

Para Obligado “según el criterio de Interpol, no tenía entidad para morigerar la vigencia de las notificaciones rojas que pesan sobre los ciudadanos iraníes requeridos por la justicia argentina”.

Sin embargo, en el 2006 cuando se cayó el juicio por la AMIA, Interpol dio de baja por si misma las alertas rojas que había dictado el ex juez Juan José Galeano y luego Nisman logró reinstalar.

Después, Obligado compara la Comisión de la Verdad que iban a integrar expertos de terceros países para revisar las pruebas de Nisman con la Conadep que registró los desaparecidos de la dictadura. La Comisión de la Verdad “no contaba con facultades suficientes para interferir, al menos decisivamente, en la investigación penal en curso”, sostuvo.

Además, mientras el pacto no tuviera principio de ejecución “no se revela como un instrumento jurídico idóneo para poner en peligro la investigación de la causa AMIA”, resaltó.

Obligado también habló del giro de 180 grados en la política exterior del estado argentino, incluso con Néstor Kirchner, que significó el pacto. “No hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento”, aseguró Obligado.

El más moderado de los miembros del TOF 8 fue Michilini. En su voto, afirmó que el pacto fue “un acuerdo de voluntades políticas suscripto entre Estados, bajo las prescripciones del Derecho Internacional, no perfeccionado y, por lo tanto, carente de efectos jurídicos, por no haber entrado sus cláusulas en vigencia”.

Sin embargo, Michilini, hace una lectura ingenua desde el punto de vista político de las escuchas telefónicas aportadas por Nisman. En éstas, por ejemplo, el piquetero K Luis D’Elía y el referente iraní Jorge Khalil adelantaban lo que pasaba en las negociaciones diplomáticas, incluso de datos de la vida privada de Nisman quien temía por su vida.

Las escuchas “no pueden ser reputados como elementos incriminantes, pues los protagonistas son los aquí imputados Khalil, Esteche, Bogado y D´Elia, cuya motivación parecía fincar en aspectos de beneficio personal, e incluso aparentar contactos y/o influencias con funcionarios públicos”.

En los tribunales federales el fallo levantó muchas preguntas. ¿Por qué los jueces del TOF 8 se tomaron tres años sin empezar el juicio y citaron a 300 testigos y ahora terminaron rechazado abrir el juicio oral?

Además, las seis audiencias previas que dieron a Cristina y otros imputados no existen en el Código Procesal Penal. “Un juicio oral es también contradictorio, es decir, se usa para confrontar pruebas con las querellas”, sostuvo un juez que pidió el anonimato.

La pregunta del millón ante este debate es si el pacto dejó abierta la posibilidad de dar de baja las alertas rojas. El mismo Alberto fernandez, antes de ser presidente, dijo que era un acto de encubrimiento porque comenzaba la ejecución del hecho. Pero el TOF 8 no respondió ese interrogante y tampoco el debate que no existió.

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