Ara San Juan: vigilar para gobernar

Por Luciana Bertoia Arte: Sebastián Angresano Mauricio Macri sospechó que alguno de los desmanejos en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) podrían traerle un dolor de cabeza cuando el domingo 2 de abril de 2017 abrió el diario La Nación y leyó, en la página 27, una columna titulada El pestilente círculo negro del espionaje.…

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Por Luciana Bertoia


Arte: Sebastián Angresano

Mauricio Macri sospechó que alguno de los desmanejos en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) podrían traerle un dolor de cabeza cuando el domingo 2 de abril de 2017 abrió el diario La Nación y leyó, en la página 27, una columna titulada El pestilente círculo negro del espionaje. Llevaba la firma de Carlos Pagni, uno de los periodistas más respetados por el círculo rojo, quien denunciaba que la AFI macrista había creado una estructura al margen de la ley que espiaba al astro del fútbol Lionel Messi, al camarista Eduardo Freiler, al exjuez Raúl Zaffaroni y al titular de La Alameda y amigo del Papa Francisco, Gustavo Vera, entre muchos otros. Pagni aportó datos precisos: decía que la AFI hacía intervenciones telefónicas ilegales desde una base ubicada en la calle Billinghurst.

El presidente se comunicó con Pagni y le pidió que fuera a visitar al entonces director general de la AFI, el escribano Gustavo Arribas, para que le diera explicaciones. El 5 de abril a las 19 el periodista llegó a la casa del jefe de los espías acompañado por el presidente de La Nación SA, Julio Saguier. Allí, Arribas le anunció que la AFI se había autodenunciado en Comodoro Py. Con eso el presidente creyó que el asunto quedaba superado.

Cuatro años y medio después, Macri caminaba tranquilo y sin barbijo por las calles de Miami Beach cuando recibió la noticia que lo remontó a aquel 2 de abril con la columna de Pagni. El juez subrogante de Dolores, Martín Bava, excombatiente de Malvinas, acababa de citarlo a indagatoria por espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes que murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

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A Macri y a Arribas los une una pasión: el fútbol. Forjaron su amistad en la cancha, donde el entonces presidente de Boca jugaba -sin mucha destreza- como diez y el Negro Arribas se destacaba como un nueve habilidoso. En 2015, cuando Macri fue electo presidente, Arribas llevaba nueve años viviendo en Brasil. Había formado una pareja y tenía una hija que había nacido ahí. Le iba bien con el negocio de la compra-venta de futbolistas cuando su amigo lo llamó y lo tentó con una oferta que no pudo resistir.

—Te necesito para intervenir la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) —le mintió el líder de Cambiemos.

Cuando llegó a Buenos Aires, le dijo con una sonrisa:

—Me confundí por una letra. Te quiero para la AFI.

El propio ex presidente contó la anécdota en Primer Tiempo, el libro que publicó hace unos meses y que ahora promociona en Estados Unidos.

A Macri le habían dicho que el jefe de los servicios de inteligencia debía reunir dos condiciones: ser inteligente y de extrema confianza. “Yo pensé: De todos mis amigos: ¿cuál es el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a esta cosa de las trampas?”, le confió a la periodista Laura Di Marco. La respuesta fue clara: el Negro Arribas.

El entonces presidente electo le sugirió llevar como segunda a Silvia Majdalani, una política del PRO que venía del peronismo y tenía una relación cercana con Francisco “Paco” Larcher, el número dos de los servicios durante buena parte del kirchnerismo. Además, La Turca, como los amigos llaman a Majdalani, tenía otra condición: era la candidata favorita de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Él se convirtió en el Señor Cinco y ella en la Señora Ocho. Juntos forjaron una sociedad que funcionó, pese a todo, hasta el último día de su mandato, en diciembre de 2019. Arribas quedó a cargo de todas las áreas administrativas de la exSIDE, entre las que se contaban el manejo de los fondos reservados y la relación con los tribunales. Majdalani, de las tareas operativas y de los espías que caminan por las calles.

Majdalani rescató a Diego Dalmau Pereyra, un exoficial de inteligencia del Ejército que desde hacía años daba clases en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) y lo puso a cargo de la estructura de Contrainteligencia de la AFI, algo así como la inteligencia de la inteligencia. Dalmau llevó a un núcleo de policías de la Ciudad con los que conformó un grupo por fuera de la estructura formal de la AFI. Pasaron a la fama como los Súper Mario Bros -por el nombre de grupo de WhatsApp que tenían- y, según reconstruyó la justicia federal de Lomas en los últimos meses, estuvieron dedicados al espionaje político.

Los Súper Mario Bros husmearon en las vidas de Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Nicolás Massot, Emilio Monzó y, junto con el Servicio Penitenciario Federal (SPF), espiaron a los exfuncionarios kirchneristas presos en el penal de Ezeiza.

Arribas, por su parte, llevó como asesor a Pablo Pinamonti, un abogado que había estado en la Secretaría de Inteligencia (SI) años antes y lo designó a cargo de lo que formalmente se llamó Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires. En el submundo de la AFI se la conoció como Proyecto AMBA. Desde ahí, Pinamonti coordinó el trabajo de las seis nuevas sedes de la AFI creadas en el conurbano, que estuvieron mayoritariamente en manos de expolicías bonaerenses. Durante su existencia efímera, los 87 integrantes del Proyecto AMBA se dedicaron al espionaje político: partidos, movimientos sociales, manifestaciones y hasta comedores barriales. Los agentes de las distintas bases siguieron especialmente los actos de Cristina Fernández de Kirchner, que en 2017 encabezó la lista de Unidad Ciudadana para el Senado.

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Poco antes del mediodía del 20 de noviembre, Macri llegó en jogging a la Base Naval de Mar del Plata, donde lo esperaban los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Hacía cinco días que no tenían noticias del submarino. Desde el San Juan habían avisado que estaban experimentando desperfectos y que estaban muy cansados porque estaban en medio de una tormenta descomunal. La Armada minimizó la falta de contacto y se perdieron horas vitales.

Ese día, el entonces presidente se reunió con los familiares de los tripulantes y después se entrevistó con oficiales de la Armada Argentina. Él mismo distribuyó imágenes de los encuentros desde su red social Twitter.

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A seis kilómetros de la Base Naval hay una casa de fachada blanca y portón negro que los lugareños identifican como la sede de la exSIDE en Mar del Plata. Durante el gobierno de Cambiemos, la base quedó a cargo de Nicolás Iuspa Benítez, un agente que había entrado a la SIDE en 1997 por recomendación del entonces jefe Hugo Anzorreguy. Iuspa Benítez manejó la delegación con cinco agentes a cargo y fondos reservados para comprar información a confidentes. Ninguno había llegado al organismo durante el macrismo. Eran lo que se puede definir como un elenco estable. El más antiguo era un experto en intervenciones telefónicas.

Durante el año que duró la búsqueda del ARA San Juan a los familiares los acompañó una sensación: estaban siempre un paso por detrás del gobierno. Cuando iban con un planteo, los funcionarios ya tenían la respuesta preparada. También notaron con extrañeza que en algunas actividades había gente a la que no conocían y sobre todo sufrieron situaciones raras con sus teléfonos: aparatos que se recalentaban sin tener actividad, sonidos extraños y, sobre todo, desaparición de información. Todo eso les hacía sospechar que los estaban espiando. Lo denunciaron ante la justicia y ante la bicameral que investigaba la desaparición del submarino.

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En enero de 2019, el empresario Pedro Etchebest denunció ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que el fiscal Carlos Stornelli y un supuesto abogado, Marcelo Sebastián D’Alessio, lo extorsionaban para no involucrarlo en la causa de los cuadernos, un escándalo que había estallado en agosto de 2018.

La investigación convirtió a Ramos Padilla en uno de los enemigos públicos del macrismo, que buscó su remoción a través del Consejo de la Magistratura. En dos años de investigación, Ramos Padilla llegó a la conclusión de que la banda de D’Alessio no era un grupo de extorsionadores, sino que contaba con terminales en organismos estatales como la AFI y eso la convertía en una organización paraestatal que había intervenido en más de medio centenar de operaciones con impacto en causas penales o en la vida política del país.

Al investigar a D’Alessio aparecieron los vínculos con personajes que integraron la trama del Proyecto AMBA y se abrió una investigación sobre esa iniciativa de la AFI que, al día de hoy, tiene 26 procesados.

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El presidente Alberto Fernández envió a Cristina Caamaño a sanear los “sótanos de la democracia”, que tienen sede en las varias sedes que la AFI tiene desperdigadas por el país. Caamaño venía con buenos antecedentes. Llevaba décadas en la justicia como fiscal, tenía buena relación con los organismos de derechos humanos, había sido secretaria de Seguridad durante el gobierno de Fernández de Kirchner y la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó había puesto en sus manos la dirección de la oficina de escuchas cuando se la sacaron a la exSIDE.

Parte del saneamiento que Fernández le encomendó tenía que ver con relevar y denunciar las irregularidades que hubieran tenido lugar durante la gestión de Arribas y Majdalani. Caamaño presentó ocho denuncias ante la justicia federal. La primera, en febrero de 2020, versaba sobre la vigilancia ilegal que la AFI había hecho sobre Cristina Fernández de Kirchner con espías apostados en las afueras de su departamento y del Instituto Patria. Caamaño también denunció hackeos de mails y el espionaje masivo sobre periodistas, activistas y académicos que tuvo lugar durante las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del G20, que para Macri significaron el regreso de la Argentina al mundo.

En simultáneo se abrieron otras investigaciones, como la de los Súper Mario Bros, en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Ramos Padilla también siguió con sus pesquisas. Para agosto de 2020, el juez de Dolores estaba abocado al análisis del Proyecto AMBA y le reclamó a Caamaño que compilara toda la información que existiera sobre las seis nuevas bases y las tres históricas, entre las que se encontraba la de Mar del Plata.

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Caamaño cruzó los pocos metros que separan la sede de central de inteligencia de la Casa Rosada cargando una carpeta, con un paso más rápido de lo habitual. Cuando llegó, le mostró al presidente lo que acababan de encontrar: eran documentos que daban cuenta que la AFI, desde su delegación marplatense, había seguido a los familiares del ARA San Juan. El 23 de septiembre de 2020 Caamaño presentó la denuncia ante la justicia federal de Mar del Plata.

—No estábamos hablando ni de terroristas ni de crimen organizado, sino de un grupo de familiares que estaba tratando de buscar a los familiares que quedaron atrapados en el submarino ARA San Juan, o sea que resulta perverso este espionaje— dijo la interventora en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada que brindó esa misma tarde junto con el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi.

La causa quedó radicada en el juzgado de Santiago Inchausti, que delegó la investigación en el fiscal general Daniel Adler. Después de unos meses, el juez mandó el expediente a su colega de Dolores para que la investigara dentro de la trama que rodeó al Proyecto AMBA.

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Una de las hipótesis del juez es que la AFI espió a los familiares para anticipar su movimientos y evitarle otro trago amargo a Macri.

La AFI no documentó la primera reunión entre Macri y los familiares en la Base Naval. O no se encontraron esos documentos. Ésa es una de las hipótesis que maneja el juez Martín Bava, que subroga el Juzgado Dolores desde marzo y que citó al ex presidente a indagatoria por el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. La otra hipótesis que baraja es que esa reunión haya sido lo que motivó a que la AFI se dedicara a anticipar los movimientos de los familiares para evitarle al presidente otro trago amargo.

Durante la instrucción de la causa, se pudieron reconstruir seis hechos vinculados al espionaje de los familiares:

-Cuando se cumplieron los dos meses de la desaparición del submarino, el 15 de enero de 2018, hubo una misa en la Base Naval de Mar del Plata. La AFI siguió a una hermana de un tripulante y se infiltró entre un grupo de parientes que llevaron su reclamo al Concejo Deliberante de General Pueyrredón.

-Un informe del 3 de febrero de 2018 da cuenta del seguimiento a cuatro mujeres, esposas o parejas de los submarinistas, para saber cuáles serían las inquietudes que iban a llevar a la reunión que tendrían tres días después con el entonces presidente.

-El 10 de febrero de 2018, los espías siguieron a una madre y a los familiares que llegaron a la residencia de Chapadmalal para dejarle una carta al entonces presidente.

-El 2 de abril de 2018, fotografiaron y recopilaron información de las redes sociales de la hermana y la compañera de un submarinista que fueron hasta el Golf Club de Mar del Plata para intentar hablar con Macri.

-Cuando se cumplió el año del hundimiento del San Juan, la AFI siguió y fotografió a quienes se manifestaron frente a la Base Naval.

-Los informes sobre las movilizaciones de los familiares comenzaron el 28 de diciembre de 2017 y, según reconstruyó la justicia, los seguimientos se dieron en al menos otras diez oportunidades.

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Los imputados no negaron el espionaje a las familias del ARA San Juan. Algunos, como Arribas, se mostraron ajenos; otros, como Majdalani, buscaron justificarlas. La exsubdirectora general de la AFI dijo que el organismo tenía un área de enlace con la Casa Militar y colaboraba con la seguridad presidencial haciendo las tareas de “adelantado” para reconocer el terreno en el que iba a moverse el jefe de Estado. Iuspa Benítez también se expresó en ese sentido e incluso reconoció que él y otro agente estuvieron en el Golf Club cuando fueron las dos mujeres a intentar hablar con Macri.

La información, dijo el jefe de la delegación de Mar del Plata, se la pasaban a través de Telegram a la Dirección de Reunión Interior, que estaba a cargo de Eduardo Winkler y era la que reunía datos de lo que sucedía en las provincias.

Para el juez todos esos elementos los incriminan. Bava dictó el procesamiento contra Arribas, Majdalani, Winkler, Iuspa Benítez y los cinco agentes de la AFI de Mar del Plata. En la misma resolución, llamó a indagatoria a Macri por el espionaje a los familiares.

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Macri caminaba tranquilo por Miami Beach cuando recibió la noticia: el juez Martín Bava acababa de citarlo a indagatoria por espionaje ilegal

Desde Miami, el expresidente recibió un llamado de su abogado Pablo Lanusse, que todavía trataba de digerir la resolución del juez Bava. Cuando se la pasaron, no sabía ni de qué causa le estaban hablando, le confió a algunos interlocutores. El exministro Germán Garavano también habló con el expresidente para orientarlo. El acuerdo fue que Lanusse denunciara la citación como una maniobra de persecución contra el expresidente y que dijera que aún así se iba a presentar ante la justicia. Tenían que despejar los fantasmas que se crearon a partir de la huida de su asesor judicial Fabián Rodríguez Simón para no presentarse a una indagatoria similar.

En el macrismo masticaban bronca contra Ramos Padilla, a quien le atribuían seguir manejando desde La Plata el juzgado de Dolores, y empezaban a diseñar una estrategia para sacarse de encima a Bava. El menú incluía postergar la citación todo lo posible, recusar al juez, plantear que no se puede investigar en Dolores lo que habría sido ordenado desde la Casa Rosada y, por supuesto, activar denuncias contra el magistrado en el Consejo de la Magistratura.

El final de esta historia aún no se escribió, pero Macri terminó en el centro del espionaje que orbitó alrededor suyo. A diferencia de lo que sucedió con la nota de La Nación del 2 de abril de 2017, esta vez ya no tendrá a nadie que dé explicaciones por él.