Preocupación en Uruguay por un decreto que permite bloquear páginas de internet

El Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC) expresó su preocupación por un decreto aprobado en Uruguay que permite bloquear el acceso a sitios web. A pesar de que apunta a regular la piratería, advierten que podría afectar la libertad de expresión. “Recientemente, el Estado publicó un decreto donde las autoridades…

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El Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC) expresó su preocupación por un decreto aprobado en Uruguay que permite bloquear el acceso a sitios web. A pesar de que apunta a regular la piratería, advierten que podría afectar la libertad de expresión.

“Recientemente, el Estado publicó un decreto donde las autoridades pueden bloquear sitios que infrinjan derechos de propiedad intelectual, básicamente: señales de televisión que tienen sus derechos y que están siendo transmitidas de manera ilegal”, explicó a Clarín Oscar Robles Garay, director ejecutivo de LACNIC.

En una mesa redonda con periodistas en Montevideo, el titular de la entidad que “defiende los derechos de Internet”, explicó que la situación actual que pretende bloquear el acceso a sitios de piratería como Roja Directa, Fútbol Libre o Pirate Bay, podría tener un impacto directo en los sitios web a los que pueden acceder o no los ciudadanos. Este tipo de páginas enfrentan, constantemente, bloqueas por violar derechos de autor, tal y como sucedió con Z-Library hace unas semanas.

“Está bien proteger la propiedad intelectual de terceros, pero a veces cuando se hace sin la pericia técnica suficiente, se pueden afectar otros derechos: páginas, sitios del mismo Gobierno, escuelas y más, que está claro que no son el foco al que apuntan estas medidas”, desarrolló.

Debido a la normativa que impacta en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) de Uruguay, emitido el 25 de octubre, LACNIC tuvo acceso a hacer comentarios para corregir algunos problemas.

Según argumentan, estas problemáticas son clave porque podrían interferir con la libre circulación de la información, derecho humano reconocido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA.

El problema del decreto

Oscar Robles Garay, director ejecutivo de LACNIC, durante una charla con periodistas. Foto Juan Brodersen

“A nivel técnico, si solamente se solicita que se baje un dominio, no se trata de un bloqueo efectivo. Y si lo piden a través de la IP, de la dirección numérica donde estaba ubicado ese dominio, a veces en esa IP hay más páginas o más dominios involucrados. Entonces tiene que haber una pericia técnica para revisar qué otros sitios están en esa IP, si es todo el dominio o si tienen que solicitar todo el URL”, graficó el experto.

“Desafortunadamente este es uno de los temas que no fueron aceptados, porque a veces no tiene la culpa el titular del dominio, sino que le hackearon el sitio y le colocaron allí una serie de artefactos para hacer phishing o para hacer la transmisión ilegal de televisión”, siguió.

Ahí es donde LACNIC intervino para advertirle al Estado uruguayo que el decreto podría traer problemas a futuro: “Quisimos alertar estas situaciones, acotar un poco los riesgos de estas consecuencias inesperadas y afortunadamente una buena parte de nuestros comentarios fueron tomados en cuenta. Eso va a acotar un poco los riesgos, aunque no quita que deben seguir poniendo atención a cada solicitud que reciban, porque de pronto pueden ser una IP y esa IP tiene sitios del Estado, la sociedad civil o incluso negocios, que pueden quedar sin funcionar”, opinó.

A partir de estos problemas, explicó: “Nosotros lo que damos son elementos, comentarios, de a qué cosas poner atención para que se reduzcan esas posibilidades y ahí tenga un poco más de certeza y de efectividad de esta medida. La regulación es un elemento fundamental para las sociedades, pero estos procesos cada vez son más complejos y deben tener en cuenta todas las partes involucradas”, cerró.

Los casos testigo

Uber desató una serie de protestas en 2019 y llegó a ser prohibido en CABA. Foto Rafael Quinteros

Robles citó como ejemplo un reciente decreto del Gobierno uruguayo que ordenó la eliminación de la difusión de señales de televisión emitidas a través de internet o redes en protección a la propiedad intelectual.

Otro caso fue el de Uber en Argentina, cuando la Justicia ordenó el bloqueo de la plataforma tecnológica sólo en la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual se debía pedir a un juez en Estados Unidos que ordenara a los servidores locales bloquear Uber en ese territorio, ya que el dominio estaba radicado allí.

En Brasil, la Justicia ordenó el bloqueo de WhatsApp durante 72 horas en todo el país en una causa por narcotráfico, lo que generó la desconexión del servicio de mensajería en todo el territorio de Costa Rica.

Robles señaló además que fueron estériles los esfuerzos para bloquear el sitio Roja Directa por violación a la propiedad intelectual ya que una vez establecido el dominio en Inglaterra se descubrió que poseía infinidad de sitios análogos (mirrors) en todo el mundo, lo que se volvió “una persecución interminable”.

“Un juez no tiene la pericia suficiente para especificar cómo se bloquea un sitio y las consecuencias en la red pueden ser muy graves“, insistió, durante la charla en la mesa redonda.

Qué es LACNIC

Sede en Montevideo de LACNIC, Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Foto Juan Brodersen

El Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe es una organización no gubernamental internacional, establecida en Uruguay en el año 2002. “Su función es asignar y administrar los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6), números autónomos y resolución inversa para la región”, explican desde su página web.

“Somos una entidad sin fines de lucro con el fin de administrar las direcciones IP en Internet para toda América Latina y el Caribe. No somos una empresa de internet, no somos de las grandes empresas, no somos un Facebook, un Google. Somos una entidad de la comunidad técnica, creada por todas las interesados de internet hace 20 años para asignar estos recursos a quien lo necesite”, explicó Robles en diálogo con Clarín.

“Si bien nosotros tenemos cerca de 12.000 asociados que puede ser Antel, Claro, Telmex o Telecom Argentina, Personal o quien sea, no defendemos sus intereses. Lo que nosotros defendemos son los intereses de Internet, como evitar que se afecte su funcionamiento natural”, cerró.

LACNIC posee un directorio de siete miembros con expertos y técnicos de distintas áreas y revisa el servicio que manejan estos 12 mil asociados, que brindan servicios en 33 territorios de América Latina y el Caribe.

Su sede central está en el barrio Carrasco de Montevideo, Uruguay.