El Juzgado de Control, Faltas, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género de Laboulaye, a cargo del juez Sebastián I. Moro, informó que se encuentra interviniendo en el crimen de Joaquín Sperani, ocurrido el jueves 29 de junio de 2023, en Laboulaye.
La investigación, que contó la intervención de la Fiscalía de Competencia Múltiple de Laboulaye, se inició a partir de la denuncia formulada en la Unidad Judicial Laboulaye, ese mismo día, por la supuesta desaparición del adolescente de 14 años.
«Concretadas distintas medidas probatorias, declaraciones testimoniales, informes, cooperaciones técnicas y allanamientos, el domingo 2 de julio de 2023 se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de J. S. F. en una vivienda abandonada de la ciudad de Laboulaye. De inmediato, se ordenó una autopsia, que fue realizada por el Cuerpo Médico Forense de la sede judicial Río Cuarto», indicaron desde la Fiscalía.
Y agregaron: «Asimismo, se pudo establecer la presunta participación no punible de un niño de 14 años en la muerte de J. S. F. El adolescente involucrado en el hecho actualmente se encuentra alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, de la ciudad de Córdoba. En las próximas horas, se llevarán a cabo una serie de estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales».
Previamente, el juez interviniente Sebastián I. Moro tomó contacto personal con el adolescente acusado –que está a disposición del tribunal- como así también de sus progenitores.
Además, desde el juzgado precisaron que, en la situación de adolescente no punible, ya está interviniendo la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).
Dado que la investigación para determinar la existencia del hecho y la participación del adolescente no punible se encuentra en curso, el juzgado exhortó a los medios de comunicación locales y nacionales a que tengan en cuenta el principio constitucional de inocencia y dignidad de las personas, como así también, las directrices que rigen en materia de los procesos penales juveniles.
Por ello, solicitó que se abstengan de exponer, difundir o divulgar la identidad y la imagen del adolescente supuestamente implicado en hecho delictivo, conforme a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños.