La evolución de la educación argentina muestra algunos datos auspiciosos y otros de enorme preocupación. La sanción de la Ley de Educación Nacional (LEN), del año 2006, fue un hito por demás relevante que garantizó en su letra el derecho constitucional y humano a la educación. Los argentinos, a través de nuestros representantes, consensuamos allí por enorme mayoría la obligatoriedad escolar desde el Nivel Inicial (hoy desde los 4 años) hasta la terminación de la Secundaria. La finalidad de esta larga trayectoria de 14 años la describe su artículo 30: habilitar a los jóvenes “para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios”.
¿Qué dicen los datos después de 17 años de sancionada esta Ley?
La buena noticia es que se han sumado muchas más niñas, niños y jóvenes a las aulas. Los últimos datos muestran que, si bien todavía muchos se alejan del sistema a medida que transcurre su escolaridad, hoy llega un 61%, con la edad correspondiente, al último año obligatorio de la Secundaria. Las noticias que no son favorables, si analizamos los 14 años citados de obligatoriedad, es cuántos terminan y cómo lo hacen. Básicamente hoy enfrentamos tres grandes desafíos:
1) Cantidad: hay una cifra todavía muy alta de adolescentes que no alcanza a llegar y no egresa del sistema educativo obligatorio en tiempo oportuno (más del 45%) y otros estudiantes que dejan los estudios y, lamentablemente, nunca terminan (se estima en un 30%).
2) Calidad: los resultados de aprendizaje de los alumnos y alumnas que sí llegan y pueden ser evaluados en el último año del secundario son extremadamente bajos: más del 82% no reúne los conocimientos mínimos satisfactorios en Matemática y 43% no los reúne en Lengua y demuestra problemas de comprensión lectora (últimos resultados informados en Julio en la Prueba Aprender Secundaria 2022).
3) Desigualdad: los 14 años de educación aludidos deberían igualar y formar a todos por igual, como se logra en otras partes del mundo, pero los datos de Argentina nos dicen lo contrario: en el Nivel Socio Económico (NSE) más bajo hay más de 11 puntos porcentuales de diferencia y los estudiantes que no acceden a saberes mínimos en Matemáticas ascienden al 93, 7% y en Lengua al 58,6%.
Estas cifras nos muestran que, pese a enormes esfuerzos, enfrentamos como sociedad un problema serio que necesita de soluciones serias. Que 8 de cada 10 estudiantes en Argentina no aprenda lo mínimo es grave y requiere de un plan integral. Son muchas las variables que tienen que ver, entre otras, con el cumplimiento integral de la ley (días, horas de clase por ejemplo), el federalismo y gobierno de la educación, las escuelas y su infraestructura, los avances tecnológicos, la situación económica y de salud de las familias, la información y datos disponibles, las evaluaciones y el uso de la evidencia, la calidad de la enseñanza, la pedagogía y la profesión docente con sus condiciones de trabajo, la financiación y la eficiencia de la inversión, el currículo, el rol de los políticos, los gremios, las madres y padres, las organizaciones sociales, las empresas y de la ciudadanía en general.
Pero hay algo que queda claro con estos datos antes descriptos: el tema es crítico para el futuro de la Nación y es absolutamente complejo. No hay una solución mágica. Su relevancia para el desarrollo de la República requiere planificación, políticas de Estado (no sólo de Gobierno), y un plan macro y micro, con consenso nacional en seguir una dirección. Así lo demuestran resultados extraordinarios de países vecinos (no ya de Finlandia o Singapur), como es el caso de Brasil, donde algunas de sus jurisdicciones con millones de habitantes en la pobreza más extrema (y aun superior a la Argentina), han mejorado mucho en poco tiempo.
Según la ley, “el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho…”. Esto supone que los candidatos a Presidente y a Gobernador de cada jurisdicción deben estar preparados para asumir esta responsabilidad y presentarle a la ciudadanía un plan integral, detallado, en tiempo y en acciones, para solucionar esta crisis multifacética. Esto es “prioridad nacional”. Lo dice la ley pero tampoco se cumple.