viernes, 12 julio, 2024
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Caso «Chocolate»: para la oposición, el fallo busca silenciar el entramado político que hay detrás del escándalo de las tarjetas

La oposición salió a cuestionar el fallo judicial que ordenó la liberación de «Chocolate» Rigau, al asegurar que tendría el objetivo de garantizar el silencio del acusado y, de esa forma, evitar un pronto esclarecimiento del supuesto entramado de corrupción que ventilaron las maniobras perpetradas en los cajeros automáticos de un banco de La Plata. Entre los referentes opositores también crece el temor de que el hecho provoque un crecimiento del discurso antipolítica.

Para la diputada nacional Margarita Stolbizer, la resolución de la Cámara de Apelaciones platense basa «en una detención mal hecha, pero la causa no desaparece», por lo que se mostró confiada en una pronta apelación del fiscal de cámara.

Para la líder del GEN, detrás de la rápida liberación de Rigau habría «un encubrimiento de la política. Vemos cómo la justicia termina siendo cómplice para que no sepa la cuestión de fondo, qué hay detrás de ese accionar. Nadie puede pensar que esta persona se quedaba con todos esos millones de pesos«, en clara alusión a que habría una estructura política detrás del implicado.

En este sentido, Stolbizer planteó a sus legisladores provinciales la necesidad de «apurar» una ley de financiamiento político en la Provincia. «De lo contrario, nos ‘enchastran’ a todos y después nos sorprendemos porque la gente vota a Milei», analizó en diálogo con este diario.

Si bien reconoció que no es delito encontrar a una persona sacando plata de un cajero, observó que «hay que insistir en el fondo de la cuestión, para quién operaba» el acusado. «Lo van a tener que custodiar porque hay mucho interés en que no hable. Su liberación es para que no se investigue a fondo» el caso, conjeturó.

En verdad, el affaire de «Chocolate» Rigau provocó un terremoto en la política platense y, por extensión, en la bonaerense. Las imágenes difundidas la semana pasada por el canal TN expusieron un supuesto mecanismo irregular de recaudación de la política y nuevamente las luces se posaron sobre el funcionamiento de la sede parlamentaria bonaerense. «No todos somos lo mismo. Pero es cierto que hay que hechar luz sobre lo que sucede en la Legislatura», se descargó una legisladora bonaerense consultada por este diario.

La diputada provincial Alejandra Lorden (UCR) reconoció que hay antecedentes de dirigentes acusados de recaudar en forma irregular para hacer política. «Aquí al menos hay una cuestión sospechosa en el manejo de tantas tarjetas», remarcó y sostuvo que la política bonaerense debería «salir a explicar los procesos para transparentar» la actividad de la Legislatura bonaerense.

«No damos más cheques para los subsidios y las becas de la Cámara y siempre aparecen en la web las instituciones a la que se destinan» los recursos, indicó Lorden. como supuesta muestra de transparencia. Hoy los subsidios para instituciones u ONG´s ascienden a $320 mil, por bimestre, un monto que no se actualiza desde hace años.

Sin embargo, la dirigente radical reconoció que hay que avanzar en una financiación más transparente de los partidos. «Estos hechos dan de comer a ciertos espacios hastiados» dando «tela a los discursos antipolítica», remarcó. «Esperemos que la justicia termine de investigar y la política tienda a transparentar estos procesos», se esperanzó.

Desde la Coalición Cívica, la diputada provincial Maricel Etchecoin, titular del partido a nivel bonaerense, opinó que «el fallo sorprende en su velocidad. Debemos seguir avanzando en políticas de transparencia, como por ejemplo: una ley de financiamiento de partidos políticos, regímenes de audiencias y conflictos de intereses. Falta aún mucho por hacer en la Provincia en esta materia».

Para el candidato a intendente de Morón, Leandro Urgatemendia (JxC), «cualquiera que tenga 48 tarjetas de débito deja claro que no le pertenecen y probablemente incurra en un delito», por lo que abogó para que «actué la justicia y el implicado pague por eso». Si bien manifestó que no tiene conocimiento de casos de financiamiento irregular de la política a nivel municipal en la actualidad, recordó un hecho similar que se le atribuyó años atrás a un concejal de este municipio del oeste del GBA, que terminó siendo investigado por la justicia.

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