Esto puede ser peor o igual que los fideicomisos tan largo tiempo ignorados salvo por los que están en el negocio, con beneficiarios multimillonarios y hasta algunos con certificado de buena conducta expedido por el propio Vaticano. ¿Hace falta decir Grabois? Los curros se protegen entre ellos y hacen la casta de la casta.
Millones de dólares incontrolados para ser bien contados en los bolsillos derechos de los que hablan desde la izquierda diciendo que defienden a los pobres. Y es cierto, defienden que siga habiendo pobres: es su negocio.
Turno de estas horas: los seguros. El que empezó a descubrir la bien oculta trama de la opereta ha sido Osvaldo Giordano, un funcionario honesto que Milei puso en la Anses por acuerdo con el ex gobernador Schiaretti a cambio de apoyo, que no se dio y por eso, se adujo, se lo acaba de echar. Duró dos meses y siete días.
Las suspicacias son inevitables: la mujer de Giordano, diputada, votó con sus comprovincianos cordobeses contra la ley ómnibus. Giordano acababa de abrir un cajón (cajón, por caja bien de las grandes) de esos que ya entre nosotros tienen poco o nada de Pandora: cajón que se abre, cajón que deja ver una caja política escondida, y no por poca plata, sino por millones que siguen sumándose a otros millones. Es la plata que el Estado paga por seguros y ART a ciertos productores de seguros bien conectados… con unos y otros.
Sin embargo, este que vamos a abrir posiblemente sea un cajoncito si es que hay ánimo de abrir otros. Comenzó en diciembre de 2021, cuando Alberto Fernández ordenó sorpresivamente que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros. ¿Quién se acuerda de este decreto sancionado, cuándo no, con la repugnante, por hipócrita, retórica de “proteger los bienes del Estado”? Tres meses después de esa resolución de compra directa sin licitación, se entendió qué quiso decir cuando Lisandro Cleri, hombre de Massa en la Anses, lo puso en práctica con Alberto Pagliano, hombre de Fernández en Nación Seguros. En realidad son tres los hombres de Fernández ahí: Pagliano, Carlos Soria y Gustavo García Argibay, que distribuye los negocios entre productores y compañías amigas.
Como al pasar, Fernández establece que participarán del negocio empresas privadas “en forma de coaseguro”. Enseguida volveremos sobre esto. ¿Hace falta recordar que Fernández empezó su carrera en el área de seguros bajo el menemismo? Fue el jefe del Instituto Nacional de Reaseguros, del que salió denunciado tras una investigación de Moreno Ocampo. Pagliano trabaja con él desde entonces. Juntos armaron, en el 93, Provincia Seguros.
El negocio “chico” que Giordano saca a la luz es de $ 20.000 millones. Eso es exactamente lo que le paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos. ¿Extraño?: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro.
Massa amplió y metió esos préstamos en el plan platita de su desesperada carrera electoral: hasta $ 600.000 a una tasa anual del 29%, el tercio de lo que cobraba el mercado y en 24, 36 o 48 cuotas. Los repartió sin límites, incluyendo a los que cobran pensiones no contributivas. Centenares de miles de créditos: captar votos con la excusa de fomentar el consumo.
Pero el contrato de la Anses con el Nación vino con sorpresas. Como para que hubiera negocio había que meter intermediarios privados, Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales y lo más importante: otra estación de peaje para la política.
Antes de hablar del broker, un párrafo más sobre el contrato. El tercer punto dice que si los costos superan los ingresos de las compañías, las primas “se ajustarán hasta equilibrar la relación”. O sea: asegura a las aseguradoras privadas que no perderán plata.
¿Y quién es el broker? Se llama Pablo Torres García y se hizo multimillonario haciendo negocios con los políticos y la plata del Estado. Es dueño de muchas cosas, como la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo, en La Angostura, lugar de esquí políticamente concurrido. También metió millones de dólares en inversiones inmobiliarias en Tigre, con su amigo y protector Massa, que ha pasado fiestas de fin de año en la fulgurante casa-mansión Azul de Torres García frente al exclusivo balneario CR de Pinamar.
Pero Torres García ha sido, sobre todo, un mimado del Pro después de arrancar como productor en Provincia Seguros, con normas de obligatoriedad parecidas a la que instaló Fernández con su decreto. Nación y Provincia comparten este inacabable filón de las pólizas armadas para darle otra tajada de plata a los políticos. Negocio transversal, como el de los chocolate Rigau de la Legislatura, pero inmensamente más grande.
Torres García dice de sí mismo que su empresa “no tiene compromisos personales o institucionales” con nadie. Por supuesto, es exactamente al revés. Además de Massa, otro de sus padrinos es Nicky Caputo, el amigo y socio de Macri que no necesita presentación. Caputo ha manejado o tal vez aún maneje la caja política de la Ciudad desde hace 20 años.
Pero la relación de Macri con Torres García es opuesta a la de Caputo. Cuentan que Macri se fue de una fiesta de cumpleaños de Caputo porque se encontró con Torres García y también que reclamó que corrieran al broker de la pila de contratos que acumuló con el gobierno porteño.
¿Ocurrió? Uno de los socios de Torres García es el largamente ministro de Gobierno Bruno Screnci, otro miembro de la escudería Caputo. Del gabinete porteño pasó al banco Provincia. También estuvo en otro lugar que maneja mucha plata: la Corporación Puerto Madero. Muy nuestro: ¿cuánto funcionario sale de la función pública mucho más rico de cuando entró? Sí, no hace falta respuesta.
Torres García tuvo un fuerte encontronazo con otro ministro, el radical José Luis Giusti, que aceleró su crisis en la Ciudad y la pérdida del negocio con las ART en la UBA, al que Giusti lo había llevado.
Giordano husmea, se da cuenta y, ¿casualmente? empiezan sordos ruidos, que son coro, porque de lo que se trata es que es un sistema de túneles para lindos dividendos ya sabemos a cargo de quiénes. Volteó el contrato con el Nación por “innecesario” y le llovieron llamados para que metiera la marcha atrás. Lobbystas de todos los colores y uno impensado: el ex tenista Gastón Gaudio, el mismo que abrió para políticos las puertas de otros negocios, los de Qatar.
Como diría Fierro, los brokers sean unidos. Torres García integra el lote de elite que trabaja cartelizado para la política. Un puñado que concentra y se reparte miles y miles de pólizas del sector público: una montón incalculable de plata. Hay que anotar dos nombres más. Uno: Juan Manganaro, del Grupo Gaman, que maneja Provincia ART y consigue 15% de comisión, tres veces lo que dice la ley de ART. Y el otro Héctor Martínez Sosa, casualmente casado con una de las hermanas Cantero, secretarias de Alberto Fernández.
En 2018, estalló un escándalo de corrupción en Chubut, que involucró a Patagonia Broker, una empresa de Torres García con participación estatal. El gobernador Das Neves corrió a Torres García y colocó a Martínez Sosa, el amigo presidencial, en su lugar.
Cuentan empresarios que los llamaban desde la Rosada para que contrataran a Martínez Sosa, el mismo al que Fernández dice deberle dólares en sus declaraciones juradas. Hombre afortunado Fernández: su amigo publicista Albistur le presta departamento y su amigo Martínez Sosa, plata.
No es pasatiempo lo que la política, casta o no casta, ofrece con el caso Giordano, su investigación, su destapada de olla y su reemplazo, que habría que llamar despido. You are fired, a lo Trump.
Todo lo contrario: puede llegar a ser un episodio bisagra por el cansancio de la gente que váyase a saber si suma 56 por ciento o si no es más. Es sencillo de ver y hay, parecería, una atención a estas ventajitas, mejor dicho, ventajazas, multimillonarias de la política como pocas veces antes porque es también sencillo de entender: pobreza que se extiende como una mancha venenosa y marcha atrás en la vida para casi todos y todas por no decir todos y todas.
Si el esquema que Giordano dio de baja sigue de baja y no vuelve con alguna maniobra de esas que nunca faltan, entonces su reemplazo en la Anses fue castigo político. Pero si los intermediarios reaparecen con otro nombre o disfraz, entonces a Giordano lo echaron por cerrar una caja negra, eso que el gobierno dice, asegura, grita, amenaza y jura que vino a hacer.