La organización de derechos humanos Human Rights Watch advirtió este lunes que la nueva resolución del Gobierno que, por la situación en Rosario, amplía el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, “contraviene estándares básicos” de derechos humanos y permite abusos policiales.
La resolución, publicada el 14 de marzo, fue aprobada por el aumento de la violencia en Rosario, ciudad que fue visitada semanas atrás por Juanita Goebertus, la directora para las Américas de la organización, con sede en Washington, quien se reunió con diversas autoridades locales y provinciales, así como fuerzas de seguridad , funcionarios judiciales y agentes sociales.
El nuevo reglamento aplica a todas las fuerzas de seguridad federales, incluida la policía federal y el servicio penitenciario federal. HRW dijo que la resolución presenta “vacíos legales legales y ambigüedades que podrían permitir que los agentes de seguridad usen las armas de fuego en un rango inaceptablemente amplio de circunstancias”.
“Las autoridades se deben asegurar de que quienes viven en Rosario y en otros lugares de Argentina puedan desarrollar su vida diaria sin miedo a la inseguridad”, señaló Goebertus. “Para alcanzar ese objetivo, el gobierno debería fortalecer la capacidad de la justicia y prevenir el reclutamiento de bandas criminales, no abrir la puerta al uso excesivo de la fuerza”.
En una entrevista con Clarín, Goebertus había señalado que durante su visita a Rosario, las autoridades provinciales y municipales, así como jueces, fiscales y expertos en violencia criminal habían hecho hincapié en la importancia de fortalecer las capacidades de la justicia y de la fiscalía para investigar los crímenes cometidos por las bandas locales, su financiamiento y sus conexiones con políticos corruptos. También mencionaron la necesidad de prevenir el reclutamiento de las bandas mejorando las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes.
La resolución no distingue entre el uso de armas de fuego y el uso letal intencional, es decir, entre disparar y disparar con la intención de matar. Se trata de una diferencia clave, dice HRW, porque, “incluso en los pocos casos en los que está justificado el uso de armas de fuego, los agentes no deben, por lo general, disparar a matar”.
Por otra parte, señala la organización, la resolución permite que los agentes de las fuerzas de seguridad federales usen armas de fuego cuando “resulten ineficaces otros medios no violentos”, pero no especifica que existen otros medios para el uso de la fuerza que deberían emplearse antes de recurrir a las armas de fuego.
Según los Principios Básicos de la ONU, los agentes de seguridad sólo pueden emplear armas de fuego cuando “medidas menos extremas”, incluidas las no violentas y las violentas, resulten insuficientes.
Además, la resolución debilita la rendición de cuentas tanto administrativa como judicial de las fuerzas de seguridad por el uso de armas de fuego, señaló Human Rights Watch.
Para la organización, el gobierno del presidente Milei “debería garantizar la financiación, los recursos y la capacitación adecuada para asegurar investigaciones eficaces y respetuosas de los derechos en el marco del nuevo sistema acusatorio”.