La Corte Suprema de Justicia tiene que resolver sobre dos expedientes centrales para Cristina Kirchner: Hotesur y Los Sauces, donde está acusada por asociación ilícita y lavado de dinero junto a su hijo Máximo Kirchner. La ex vice acudió al máximo tribunal para impedir que ese juicio conjunto se realice.
En tanto, en Comodoro Py, el fiscal que llevará adelante la acusación en caso de concretarse el debate, insistió en la realización de unas medidas de prueba: analizar el celular de José López -que ya se utilizó en el juicio de Vialidad- y las cientos de comunicaciones entre el entorno de la ex mandataria y Lázaro Báez.
Pese a los reiterados intentos de la expresidenta -casi concretados con una polémica y luego revertida decisión del Tribunal Oral Federal 5-, al menos doce funcionarios judiciales de diversas instancias coincidieron en que la mejor instancia para que Cristina, su hijo y trece imputados más se defiendan es el debate oral. A ese criterio se sumó la Sala I de la Cámara de Casación cuando ordenó la reapertura del expediente y en consecuencia, la realización del juicio.
La ex presidenta y vicepresidenta acudió a la Corte Suprema para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.
Mientras tanto, el fiscal de juicio –Diego Velasco-, pidió varias medidas de prueba que, considera, deben ser incorporadas al expediente de cara al debate oral y público.
“Vengo a solicitar la incorporación de las contestaciones que eventualmente fueran llegando al Tribunal durante esa suspensión -que solicito que sean agregadas para su debido control-, sino también a impulsar aquellas aún pendientes en oportunidad de suspenderse el trámite”, indica la presentación del fiscal Velasco, quien ya había formulado un planteo similar en septiembre del año pasado.
Las comunicaciones del entorno de Cristina con Lázaro Báez
El listado de medidas de prueba, incluye “todo cuanto surja del entrecruzamiento de llamados entre el teléfono” de Cristina Kirchner y sus allegados “como también del teléfono del imputado Lázaro Báez”. Se trata de un informe confeccionado por la DAJuDeCO en el marco de una causa residual vinculada a la Ruta del Dinero K, donde también por decisión de la Casación Federal, la ex presidenta sigue bajo investigación por el presunto delito de lavado de dinero.
En el marco de ese expediente, el fiscal Guillermo Marijuan, había ordenado un entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas entre el dueño del Grupo Austral y la vicepresidenta y sus principales colaboradores, en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013, que fue el lapso en el que el dueño del Grupo Austral logró lavar 55 millones de dólares.
Se estudió el cruce de llamadas entre 84 abonados, divididos en dos grupos (el primero correspondiente a teléfonos vinculados a Cristina Fernández, incluidas líneas personales y las de sus secretarios privados y colaboradores, y el segundo, correspondiente a abonados atribuidos a Lázaro Báez) “determinó la existencia de 372 comunicaciones entre sí”.
El informe ofrece otro detalle: de esas comunicaciones, cuatro se registraron entre líneas a nombre de Cristina y teléfonos registrados como de Lázaro Báez.
También existieron 23 comunicaciones con líneas de Casa de Gobierno, una con la Residencia de Olivos y las restantes con colaboradores de Cristina Kirchner.
Puntualmente, “hubo diez comunicaciones con línea asignada a Mariano Cabral, 73 con línea asignada a Isidro Bounine y 251 comunicaciones con líneas asignadas a Pablo Barreiro”. Todos secretarios de la entonces presidenta.
A raíz de esas conclusiones es que el fiscal Velasco pidió que sean incorporadas al expediente Hotesur y Los Sauces.
El celular de José López, también
De igual manera, las comunicaciones expuestas por el fiscal del juicio Vialidad, Diego Luciani, respecto al celular del exsecretario de Obras Públicas José López será parte de las pruebas que se solicitará se incorporen al caso que está bajo análisis aún en la Sala I de la Cámara de Casación.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión del Informe elaborado por la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina sobre el celular de José López en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito donde, el Tribunal Oral Federal 1, terminó condenándolo.
Asimismo, se pidió el peritaje de los teléfonos celulares como el informe de extracción del contenido del Iphone que solía usar el ex secretario de Obras Públicas.
A la hora de justificar que toda esta información sea incorporada al juicio Hotesur-Los Sauces, el fiscal Velasco remarcó que de esos teléfonos surgen “comunicaciones con varios de los imputados de estas causas, lo que permitirá analizar y determinar a esta parte la implicancia que tiene el contenido de las diversas comunicaciones que se han detectado desde y hacia esa línea y evaluar su vinculación con los hechos aquí ventilados”.
Además, recordó el fiscal, que estos hechos “fueron evaluados, ponderados y mencionados” por el fiscal Luciani en sus alegatos del caso Vialidad, donde la ex presidenta fue condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta. Esa sentencia está siendo revisada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Durante los alegatos, el fiscal Luciani se refirió a comunicaciones que a su entender daban cuenta del conocimiento que Cristina Kirchner tenía de los mecanismos que desde diversos organismos del Estado se aplicaban para favorecer a su ex socio comercial, Lázaro Báez.
Documentación sensible
Por otro lado, Velasco insistió en la remisión de la totalidad de la documentación que refleja la maniobra que condujo a todos los imputados a la instancia de juicio oral.
En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner celebraron, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios».
Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales», es decir: Cristina Kirchner y su familia.
Uno de los puntos considerados por la fiscalía es que el dueño del Grupo Austral también fue condenado por el lavado de dinero a doce años de prisión en la Ruta del Dinero K. Para los fiscales que buscan que se haga el juicio de Hotesur, el contratista recibía los fondos para obras públicas viales, y “después una porción era volcada a maniobras de blanqueo” a través de las empresas de los Kirchner.
Además, el fiscal explicó que «al dinero debía dársele apariencia lícita para todos los beneficiarios, no sólo Báez, sino todos los imputados«.
Como durante la instrucción e instancias siguientes, las sociedades familiares de los Kirchner fueron calificadas como “pantallas” para “ocultar la procedencia del dinero”. Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que no puede perder de vista que las compañías comparten accionistas y directores y que “se ha probado una trazabilidad directa del dinero desde las sociedades controladas por Lázaro Báez que tenían obra pública y los depósitos posteriores a las cuentas de los imputados».