Según la auditoría realizada por el gobierno e incorporada al expediente judicial que investiga el escándalo de los seguros, la Corte Suprema contrató durante toda la gestión de Alberto Fernández a la empresa de Héctor Martínez Sosa, el broker amigo del ex presidente, como intermediario entre el tribunal y la compañía Nación Seguros. Por ese contrato, Héctor Martínez Sosa y CIA habría recibido entre 2020 y el final de la gestión de Fernández 5.027.340 pesos en comisiones. Sin embargo, desde el máximo tribunal desmienten de plano esa información, también con datos oficiales.
El detalle de las comisiones surge de la auditoría de febrero de este año que se incorporó a la causa judicial que investiga los posibles delitos en el otorgamiento de contratos a intermediarios entre organismos públicos y la empresa del Banco Nación Nación Seguros, que a partir de un decreto de Fernández quedó desde 2020 como la única empresa que podía proveer seguros al sector público.
Ese trabajo expuso un listado de 25 compañías que intermediaron entre las aseguradoras y Nación Seguros durante toda la presidencia de Fernández. El informe especificó que los brokers se llevaron cerca de 17 millones de dólares en comisiones por intermediar entre una empresa de propiedad pública y organismos estatales que estaban obligados a contratarla de todos modos.
Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y amigo de Alberto Fernández.Héctor Martínez Sosa es amigo desde hace décadas de Alberto Fernández y su esposa, María Cantero, es secretaria privada del ex presidente desde la década del ’90. La auditoría judicial también señala que su empresa fue la segunda más beneficiada por los contratos de intermediación del sector público y la Justicia cree que el broker que más dinero recibió, Bachellier SA, está relacionada con él.
Siempre según la auditoría oficial, de los 19 organismos públicos que contrataron al amigo del ex presidente de la Nación la Corte es uno de los dos que le pagaron comisiones desde el 2020, es decir, durante todo el mandato de Fernández.
La Corte niega el contrato
La divulgación por parte de Clarín de la información oficial que está en la causa causó estupor en la Corte. Fuentes del máximo tribunal aseguraron a este diario que allí se «contratan seguros patrimoniales (ascensores, cobertura de cristales, incendios) directamente con Nación Seguros, no a través de terceros o brokers», y afirman que todas las resoluciones de contrataciones están publicadas en el sitio web https://www.csjn.gov.ar/decisiones/resoluciones. «No existe ninguna contratación con el broker señalado», aseguran.
«En los expedientes respectivos, todas las firmas de documentación y correos electrónicos son con representantes directos de Nación Seguros. La última renovación, firmada el jueves pasado, corresponde al expediente 5580/2023, refrendado en la resolución 687/2024», ejemplifican desde el cuarto piso del palacio de Tribunales, compartiendo el acceso al documento oficial.
Se trata de una contradicción frontal entre dos fuentes oficiales, apoyadas también en documentos oficiales en ambos casos. Otra excentricidad de los manejos administrativos del Estado que deberá ser esclarecida por la justicia.
La causa penal
La causa que tienen el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo investiga las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto n° 823/2021, a través del cual Fernández impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros SA. También investigan si este decreto habilitó un segundo paso: la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones.
Además, se planteó en la causa que la decisión de Fernández vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas “que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.
El magistrado habló en su última resolución de una “maniobra replicada”. Ante esa situación, se decidió ampliar el objeto de investigación. El mismo, no quedó circunscripto al decreto de Fernández (del año 2021) que habilitó la presunta maniobra.
La hipótesis inicial sostiene que la estructura montada para las operaciones bajo investigación, es mucho más amplia. Por ese motivo se decidió ampliar la ventana de tiempo. El hecho inicial de la causa estipula una temporalidad del 2019 al 2021.
Ahora, la causa investiga todos los contratos bajo estas características que se firmaron con Nación Seguros SA con la utilización de intermediarios. Esto significa que la ventana de tiempo abarca toda la presidencia de Fernández.
Esta determinación se tomó en base a la auditoría que realizó, en febrero de este año, Nación Seguros SA. El informe detectó que durante toda la presidencia de Fernández en concepto de comisiones a los intermediarios entre el Estado y las aseguradoras, se abonaron un total de $ 3.213.341.098. Como algunos de esos contratos siguieron vigentes luego de la llegada de Javier Milei al Gobierno, la cifra de pagos actualizada hasta que se cerró el informe llega a los 3.453.302.777 pesos: unos 17 millones de dólares.
Un “gran beneficio”
El broker vinculado a Fernández recibió de los 19 organismos del Estado comisiones por 366.635.744 pesos. Entre las sumas más representativas, se encuentra Gendarmería Nacional, que lo contrató desde 2021 por un total de 254.091.184 pesos. Durante el mismo período, Corredores Viales SA lo contrató pagándole comisiones por 30.260.148 pesos.
La Dirección de Vialidad Nacional, por su lado, contrató sólo durante el 2023 a Héctor Martínez Sosa garantizándole un pago por 10.450.624 pesos.
El listado de los organismos que contrataron a este broker es más amplia. Incluye a la Policía Federal ($ 23.610.992), a la Sociedad del Estado Casa de la Moneda ($ 9.412.266), al Ministerio de Seguridad de la Nación ($ 5.895.230).
El Ministerio de Turismo también contrató a Martínez Sosa, a quien le abonó comisiones por su intermediación por un total de 7.200.451 pesos. La Policía de Seguridad Aeroportuaria durante tres años contrató a este mismo broker por 8.359.565 pesos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pagó 2.535.387 pesos, una cifra similar abonó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2.437.703 pesos.
El resto de organismos utilizaron los servicios de Martínez Sosa por cifras menores pero completan el listado que lo ubican en el segundo puesto de las cinco compañías que percibieron el 80.56% del total de comisiones abonadas durante la presidencia de Fernández.