La falta de avances en las graves causas de corrupción que atravesaron los gobiernos de los Kirchner fueron objeto de advertencia en el informe anual que publicó este lunes el Departamento de Estado, y que fue presentado en conferencia de prensa por su jefe, Antony Blinken.
El informe sobre la situación de cada país refiere a la Argentina de 2023 sobre varios puntos. Pero en el capítulo 4, Corrupción en el Gobierno, hace referencia a la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión; al juicio contra el ex juez federal de Mendoza Walter Bento y a los ataques a la prensa por parte de los funcionarios de Alberto Fernández.
«La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno (de Alberto Fernández) no la implementó de manera efectiva. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción», indicó el documento que tiene siete puntos.
En referencia a casos de corrupción señala que se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango y ex figuras políticas, y destaca la figura de la ex vicepresidenta y ex presidenta incluida la ex vicepresidenta y ex presidenta.
«Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente», informa el texto y luego prosigue con que los fiscales consideraron en U$S 160 millones el valor de la coima, que llaman «soborno».
Y recuerda el informe que la ex vicepresidenta fue condenada en 2022 por un tribunal de primera instancia a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Pero luego el texto hace una enumeración de la larga saga judicial no resuelta aún. «La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales. En octubre, el caso seguía en apelación ante el Tribunal de Casación Penal. En junio, un juez federal desestimó los cargos contra Fernández de Kirchner en un caso separado que investigaba un plan de corrupción en obras públicas, citando pruebas insuficientes. Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otro caso de corrupción financiera en octubre»:
El informe, sin se explícito marca una fuerte crítica a la Justicia porque en realidad son las causas las que no avanzan. Cuenta que el 26 de julio de 20234 comenzó un juicio federal contra el ex juez federal Walter Bento, su familia y otros 29 acusados, entre ellos abogados y agentes de policía. Y que el tribunal acusó lo acusó de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico. «Fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales. El 8 de noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder los privilegios de inmunidad cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones».
El informe del Departamento de Estado tiene siete puntos: Respeto e Itegridad de las Personas; Respeto por las Libertades Civiles; Libertad para participar en el proceso político; Corrupción en el gobierno; Postura gubernamental hacia el monitoreo e investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos; Discrimination and Societal Abuses; Derecho de los Trabajadores.
Como año tras año, suele haber críticas al estado de situación en todo estos puntos. Se suele hablar de los presos, de sus condiciones de detención, de crímenes en manos de fuerzas policiales, y este año incluye también una crítica.
«En algunas fuerzas de seguridad se produjo corrupción y complicidad oficial. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales», dice el informe que también recoge las denuncias sobre lo que ocurre en ciertas provincias. Sin nombrar al gobierno del ex gobernador Gerardo Morales, el informe destacó las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la represión de las manifestaciones contra una reforma judicial del año pasado.