Hubo más de 1.600 casos de violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires durante todo el año 2023. Así se desprende del informe anual que realiza el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, que de enero a diciembre del año pasado registró un leve aumento de casos con respecto a las cifras recabadas en 2022. Según el informe, la mayoría de los casos incluyeron violencia física y se concentraron en la Comuna N°1 y en los barrios del sur de la ciudad. El informe advierte, además, sobre una importante utilización de la figura de resistencia a la autoridad para «encubrir detenciones arbitrarias».
El sexto informe anual del organismo fue publicado esta semana y precisa que el MPD registró en 2023 «1.632 hechos de violencia institucional en la Ciudad, cifra que supera la del 2022″, cuando se recabaron 1.616 casos de acuerdo a la información judicial recopilada por la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional del Ministerio. El informe caracteriza a la violencia institucional como aquella en la que «los agentes del Estado, a través de sus prácticas, vulneran los derechos fundamentales de las personas».
«En su enorme mayoría, los hechos fueron cometidos por la Policía porteña en el marco de detenciones penales en flagrancia. También hay algunos casos de fuerzas nacionales en los lugares en los que opera, por ejemplo, la gendarmería, como el Barrio Ricciardelli», detalla en diálogo con Página 12 Pablo Ibarra, del área de trabajo Contra la Violencia Institucional. Ibarra agrega que «hay algún que otro caso aislado de otros organismos de la ciudad, como efectores de salud, pero la gran mayoría son de fuerzas de seguridad».
Según el informe elaborado por el departamento de estadísticas de la secretaría letrada, en el 78 por ciento de los 1.632 casos se registró violencia física, mientras que en el 22 por ciento de los hechos hubo violencia psicológica, que en muchos casos estuvo complementada por la violencia física. En este punto, el MPD aclara que «no debe efectuarse la suma de porcentajes ya que los tipos de violencia no son excluyentes, es decir una persona puede ser víctima de violencia física y violencia psicológica al mismo tiempo».
Los números desagregados del relevamiento permiten estudiar, además, las zonas de la ciudad en las que mayoritariamente se concentran estos casos de violencia, con una incidencia mucho menor en los barrios del norte del territorio porteño. La Comuna N°1 reúne, por amplia diferencia, a la mayor cantidad de casos, con 506, seguida de los barrios del sur de la ciudad. La Comuna N°4 es la segunda con más casos registrados, con 189. Detrás aparece la Comuna N°7, con 148, y la N°3, con 142. De la Avenida Rivadavia hacia el norte, en cambio, ninguna comuna llega a promediar los cien casos, y la mayoría se encuentra incluso por debajo de los 50, como la N°6, con 26, la N°12, con 39, o la N°2, con 47.
En cuanto a las comisarías, la 1C es la que registra, por lejos, la mayor cantidad de casos. Ubicada en San Juan y Entre Ríos, barrio de Constitución, acumuló una cifra de 187 casos de violencia institucional en 2023. Le sigue otra comisaría de esa comuna, la 1B de Tacuarí e Independencia, límite entre San Telmo y Monserrat, donde se produjeron 75 casos durante el año pasado. El tercer lugar lo ocupa el escuadrón de gendarmería en el Ricciardelli, con 73 casos. Aunque el informe publicado no lo precisa, Ibarra detalla a este diario que los casos registrados «se engloban tanto en hechos de calle como dentro de la comisaría, pero la enorme mayoría se dan en el marco de detenciones en la vía pública«.
En ese punto, otro dato significativo para el análisis de los datos es la utilización de las figuras de resistencia, atentado o desobediencia a la autoridad del Código Penal, usadas como justificativo para las detenciones en las que se enmarcan los hechos registrados. Según el informe, el 52 por ciento de los casos se produjeron en el marco de detenciones por «supuestos hechos» cometidos bajo esas figuras, «frecuentemente utilizadas para encubrir detenciones arbitrarias por parte de las policías y fuerzas de seguridad».
«Más de la mitad de los casos tienen que ver con detenciones realizadas en flagrancia que incluyen alguna imputación por resistencia, atentado o desobediencia. Es la figura utilizada que más se asocia luego a casos de violencia institucional y eso nos obliga a poner el ojo y decir ‘con esto pasa algo’. Todavía no tenemos formulado un informe sobre el destino que después tienen esas causas, pero tengo la certeza de que la gran mayoría terminan cerradas«, advierte Ibarra en este sentido.
El informe del MPD también desagrega los números por variables como el género, edad y nacionalidad de las personas víctimas de los casos de violencia. «El 80 por ciento son de género masculino, el 15 por ciento femenino y el 5 por ciento de identidad transgénero», precisa el relevamiento, que agrega que la edad promedio de las víctimas es de 33 años. Aunque la gran mayoría, con el 80,4 por ciento, son de nacionalidad argentina, también se observa una importante incidencia de las violencias contra personas de otros orígenes: 371 de los 1.632 casos fueron sobre personas extranjeras, principalmente de Perú, Paraguay y Bolivia.