Pequeña paradoja para algunos de los secretarios generales de la CGT: el domingo pasado, día de descanso para buena parte de los afiliados a sus gremios, ellos trabajaron. Caía la noche cuando el jefe de bloque de los diputados de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, les advirtió que el Gobierno Nacional había incluido en el proyecto de la Ley Bases II una amplia reforma laboral inconsulta con los sindicatos del PJ.
El legislador, un interlocutor de total confianza para el peronismo, les mandó el borrador con las novedades inesperadas al menos al secretario general de la Sanidad, Héctor Daer, y también a su colega de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri. Pichetto estaba azorado. Después de varias reuniones con algunos de los más importantes funcionarios del Gabinete Nacional, había acordado qué artículos de Bases II podrían obtener una aprobación en la Cámara de Diputados. Nunca le informaron sobre esa nueva reforma laboral que la Casa Rosada enviaría al Parlamento: “Así no se puede más”, se enojó.
Hace solo siete días la media sanción de la primera ley del oficialismo parecía volver a enredarse en una ciénaga legislativa. Pero todo cambió en setenta y dos horas. De los sesenta artículos “originales” sobre las modificaciones a la legislación laboral que el oficialismo presentó de modo informal sorprendiendo a Pichetto y a la CGT, quedaron sólo once en el dictamen de mayoría sobre el proyecto de Bases II que se votará en el recinto de la Cámara baja mañana, en tratamiento parlamentario maratónico. “Es un ataque sorpresivo”, describió Pichetto a ese nuevo “borrador” en una entrevista en Perfil.
Casi de inmediato llegaron los cambios. Surgió la negociación política.
El presidente Javier Milei demostró, como ya lo había hecho otras veces, que no le teme al pragmatismo.
Aunque su discurso público de la sensación de ir en contrario, el Jefe de Estado cedió ante la oposición. Informó, vía sus funcionarios más influyentes, que le concedía al Congreso la posibilidad de transformar en “bonsái” a la “Reforma Laboral”. Ahora se la llama de otro modo: “Modernización Laboral”.
Hubo acuerdo entre la Casa Rosada y la CGT. Libertarios y secretarios generales de gremios ortodoxos consensuaron.
Ni los sindicalistas ni los funcionarios nacionales lo admitirán de modo tan explícito ni con tono de celebratorio. Pero es lo que pasó. El cambio rotundo de la “Reforma Laboral” hacia la “Modernización Laboral” que se negoció con un sector de la CGT es quizás el ejemplo más crudo de la nueva estrategia de Milei para lograr que el Congreso sancione la primera Ley pedida por el oficialismo. Negociar todo fue la nueva táctica de la Casa Rosada.
El Gobierno evitará, como sea, como pueda, que vuelva a fracasar la votación en Diputados de su primer paquete de leyes reformistas, incluyendo también la delegación de facultades que el Parlamento aceptaría cederle al Jefe de Estado.
Funcionarios del Gabinete admiten en declaraciones informales que han aprendido del fracaso que significó la caída de la votación del proyecto de Ley “Bases para la Recuperación de la Economía de la Argentina”. Era la llamada Ley Ómnibus, ideada por el asesor presidencial Federico Sturzenegger. El propio Gobierno decidió quitarla del tratamiento legislativo cuando iba camino al rechazo en la Cámara baja. El trauma ocurrió el 6 de febrero. El 1 de marzo, Javier Milei habló ante la Asamblea Legislativa, y volvió a dar un mensaje desafiante a los diputados y senadores. Días antes, había criticado de modo feroz a los veintitrés gobernadores y el Jefe Porteño por disidencias múltiples. Aquel día insistió en que sería inflexible en sus convicciones, pero al mismo tiempo llamó al diálogo a todos los mandatarios de las Provincias. Convocó al “Pacto de Mayo”. Se debería concretar el 25 de mayo. Antes, la nueva Ley Bases debería ser aprobada por ese Congreso al que el Presidente descalificaba en declaraciones a la prensa y su cuenta de X.
Pasaron exactos 140 días desde que Milei asumió como Presidente hasta hoy. El Congreso no sancionó ninguna Ley. Es un récord desde el retorno de la democracia en 1983.
El Gobierno, y también la oposición en sus diferentes variables, salvo el intransigente kirchnerismo, entendieron que la sociedad podría castigarlos si continúa la parálisis legislativa que produce falta de acciones más profundas que podría haber tomado el Ejecutivo.
El nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, usó una exposición en un ámbito lejano al sindicalismo peronista para dejar en claro la táctica gubernamental de buscar consensos con la política para lograr una victoria legislativa.
En una exposición en el auditorio del estudio jurídico Marval O’Farrel Mairal, Cordero sorprendió: “Quiero hablar maravillosamente bien del sindicalismo. Ha tomado un rol protagónico de mucha responsabilidad”, alabó. Sí, así habló el funcionario de La Libertad Avanza.
Milei ya no castiga al Congreso como lo hacía hace dos meses.
Aunque el miércoles, en su discurso en la cena de la Fundación Libertad aseguró que no le importaba lo que podría pasar con su nuevo proyecto legislativo: “Tiren la Ley Bases, vamos a avanzar a pesar de la política…”. Es poco comparado a otras críticas puntuales contra la “casta” que solía repetir varias veces al día en sus redes y en reportajes en los medios.
El viernes, el vocero Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa que “la motosierra es eterna”. Palabras para el electorado más ortodoxo de los libertarios.
La Ley Bases II es una versión muy acotada de la Ley Bases I.
Más realista para su aprobación en general y con menos votos para lograr mayorías en artículos en lo particular, pero con mucho más consenso, en principio, que el texto original que tanta discordia generó entre oficialistas y opositores.
Milei, vía Guillermo Francos, se encargó de garantizarle a los gobernadores que buena parte del proyecto de Bases I, aquellas legislaciones nuevas que provocaban diferencias y debates con discordia, se enviarán al Congreso una vez sancionada la Ley Bases II.
La promesa incluye el tratamiento en el futuro de normas que despiertan intereses entre distintas provincias, como las que incluyen modificaciones en temas como la pesca, los biocombustibles, el negocio del azúcar, la producción de limones o los cada vez más polémicos y sospechados impuestos igualitarios para las tabacaleras.
Entre los gobernadores hay esperanza de que se apruebe Bases II en Diputados y, en el corto plazo, también en el Senado.
La Casa Rosada ha prometido que de lograrse este hito podría liberar fondos que distintos distritos necesitan cada vez más. En el caso de Córdoba, gobernada por el peronista Martin Llaryora, habría presupuesto para nuevas obras públicas si los legisladores electos por ese distrito ayudan en la votación de Bases II.
Las concesiones del oficialismo para otros intereses provinciales fueron varias.
El Impuesto a las Ganancias se incluyó en el dictamen de mayoría aprobado del nuevo paquete fiscal. Ese tributo a los sueldos se volvería a cobrar entre los trabajadores que tengan un salario mayor a $ 1.800.000, pero con un porcentaje de quita menor a lo que se tributaba en el pasado, y variable de acuerdo a la inflación. Los libertarios aceptaron que sean excluidos los trabajadores operativos del petróleo, por ejemplo. Era una exigencia de los gobernadores de provincias con explotación petrolífera, como Neuquén, Chubut o Santa Cruz. Concedido.
El Presidente se concentró en remarcar, y comunicar en sus discursos y en su cuenta de X los logros de su gestión respecto a la macroeconomía, y sobre todo a la inflación.
En el área comunicacional se acordó que los habituales funcionarios que hacen también de voceros de LLA deberán hablar con el periodismo con total cautela. Palabras medidas. Un dicho de más podría arruinarlo todo.
La misma sugerencia se difundió en el siempre alterado bloque de Diputados libertarios.
La Ley Bases II es, a pesar de la negociación clásica para su aprobación en la Cámara baja, igualmente reformista en temas que parecían intocables en el pasado inmediato. Como ya se dijo, la modificación a la legislación laboral, más allá de la presión de la CGT para conseguir más concesiones, es muy novedosa. Pichetto se encargó, y logró, quitar artículos “irritables” para los sindicatos peronistas. El Gobierno permitió, por caso, que no se incluyera una nueva normativa que calificaba a los bloqueos gremiales de empresas como delitos penales
“Viejo, ése era un artículo con nombre y apellido: Hugo Moyano. Así no se podrían discutir otros cambios importantes para los empresarios que necesitamos que empiecen a contratar empleados”, festejó ante Clarín un negociador legislativo identificado con el peronismo pero que asegura que trabaja “para que a Milei le vaya bien”.
La Ley Bases original intentó imponer la privatización de todas las empresas estatales.
El listado se acortó, e incluso el Gobierno aceptó sacar a último momento de las potenciales privatizadas al Banco Nación.
Varios gobernadores habían objetado la posibilidad de que ese ente financiero estatal pase a ser controlado en forma total o parcial por privados.
Pero, sobre todo, esa decisión de la Casa Rosada fue también un mensaje de alivio para un sindicalista de peso en la CGT, que también es diputado K: el secretario general del gremio de los bancarios, Sergio Palazzo.
El Gobierno, si todo sigue como hasta ahora, ya que su dinámica interna y el propio Milei podrían volver a sorprender cambiando el clima de concordia que cunde entre los diputados, espera ahora lograr su primera victoria legislativa.
Si todo sale como espera la Casa Rosada, luego vendrá una nueva “batalla”: el Senado.
El oficialismo espera su primer triunfo en el Congreso.
Si lo logra, podrá entonces cumplir con el último artículo de Bases II.
Es de “forma”.
Lleva el número 282, al menos hasta ahora, y se puede poner en práctica solo si el resto del texto que lo precede se transforma en Ley. Dice así: “Comuníquese al Poder Ejecutivo”.