A días del vencimiento del plazo para presentar las adhesiones e impugnaciones a la postulación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, la organización Será Justicia -integrada por María Eugenia Talerico y otros abogados- planteó el rechazo a la candidatura del actual juez federal. En la presentación argumenta la falta de formación técnica para asumir el cargo y sostienen que “no reúne las condiciones indispensables para realizar “un aporte efectivo para el mejoramiento del servicio de justicia y al incremento de la calidad institucional”. También cuestionó sus «aptitudes morales» y recordó las sospechas sobre «su falta de integridad».
El juez federal Ariel Lijo es el candidato del Poder Ejecutivo para reemplazar a Helena Highton en la Corte Suprema. Desde que su designación fue publicada en el Boletín Oficial, comenzó a correr el plazo para la formulación de apoyos y rechazos, según una correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, “su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.
Las primeras adhesiones que se formularon a favor de Lijo destacaron su “trayectoria, formación, seriedad y cualidades morales y personales” para integrarse al máximo tribunal.
Por ejemplo, los integrantes del fuero Penal Económico firmaron un comunicado en dichos términos hace una semana. Uno de sus jueces -Javier López Biscayart- dijo: “Ha demostrado ser un jurista de excelencia, con un profundo conocimiento en materia legal y una habilidad innata para analizar y resolver complejas problemáticas jurídicas. Su compromiso con los principios éticos morales que rigen la función judicial lo hacen destacarse no solo como un profesional de alto calibre, sino también como un hombre de bien, comprometido con el servicio público y el bienestar de la sociedad”.
Contrario a estos planteos se manifestó la organización dedicada a la mejora de la calidad institucional Será justicia, que rechaza la precandidatura de Lijo en la “falta de condiciones técnicas de formación, es decir la debilidad en los antecedentes técnicos jurídicos y después lo referente a la valoración de sus aptitudes morales”.
Dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la presentación de Será Justicia sostiene que “tener jueces rectos, respetados e imparciales fortalece el Estado de Derecho y brinda seguridad jurídica, condición indispensable para que un país pueda progresar. Ello, por cuanto es sabido que el buen juez acatará y hará cumplir la ley, con independencia de cualquier interés oculto, inclinaciones o preferencias políticas, prebendas o presiones lobbistas”.
Aquella introducción fue utilizada para contraponer lo que, a criterio de la organización no gubernamental, representa la elección del magistrado. “Precisamente, los cuestionamientos formulados contra el doctor Ariel Lijo se orientan a sospechar su falta de integridad, lo que trasciende cualquier eventual opinión sobre la eficacia de su actuación en la magistratura o la mayor o menor contribución de su tarea al servicio de administración de justicia”, indica el escrito.
En primer término cuestionaron su formación académica. En la presentación Será Justicia, refiere a una “marcada ausencia de idoneidad técnica y jurídica del doctor Ariel Lijo para acceder a la más alta magistratura de la Nación, que surge de la simple lectura de sus antecedentes curriculares”.
Le critican al juez Lijo “no exhibir siquiera en el ámbito de su expertise, el Derecho Penal, formación académica de relevancia, así como tampoco reviste cargos académicos o docentes a los que haya accedido por concurso de oposición y antecedentes. A la vez, no se verifican en su curriculum vitae antecedentes o formación profesional que permitan inferir su estudio del Derecho Constitucional, especialidad que resulta indispensable para acceder a un tribunal cuya función esencial radica en ejercer el control de constitucionalidad de normas y actos jurídicos”.
En otro tramo del escrito, señalan que el magistrado “no exhibe, por ejemplo, publicaciones que lo definan como un experto en áreas de relevancia para las funciones para las cuales se lo nominara ni tampoco como estudioso -o conocedor avezado- de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que constituye la vertiente de la inmensa mayoría de las decisiones que ese tribunal adopta”.
Las denuncias contra Lijo
En segundo lugar, expresan que otro de los impedimentos para que Lijo llegue a la Corte responde a las denuncias que se han formulado respecto a su desempeño como integrante del fuero federal penal. Para la ONG Será Justicia, el grado de sospecha que pesaba sobre él -ya que la mayoría de las denuncias en el Consejo de la Magistratura se cerraron-, son dañinas a la hora de hablar de la “integridad e intachabilidad de un juez”.
Cómo contrapartida a ese cuestionamiento, la organización no gubernamental explicó que “resultan indiscutibles, irrenunciables e incuestionables la honorabilidad, la ejemplaridad y el prestigio social del que debe gozar todo aspirante a ejercer la magistratura, como valores fortalecedores de la credibilidad en el servicio de administración de Justicia, así como del apego a la ley y al cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de los justiciables. Máxime, tratándose de un aspirante al escalón más alto del Poder Judicial de la Nación”.
Tras dicha aclaración, Será Justicia remarcó en su impugnación que el juez Lijo no reúne los requisitos de “credibilidad y confianza pública para tornarlo un juez respetable, previsible e independiente”. Reiteran en este punto que las denuncias formuladas contra el magistrado no recibieron el trato ni grado de investigación requeridos para quitar todo grado de sospecha.
El circuito administrativo
La nominación del juez federal -que llegó a Comodoro Py con un decreto firmado por Néstor Kirchner en 2004- deberá pasar por un recorrido administrativo que incluye el plazo que está en curso hasta el 8 de mayo, para que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, presenten -si así lo consideran oportuno- ante el Ministerio de Justicia, “por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos”.
Una vez que esté cumplido ese plazo para las impugnaciones y observaciones, corren otros quince días para que el Poder Ejecutivo evalúe las diversas presentaciones y decida si envía la propuesta de los candidatos al Senado de la Nación.
Cuando el presidente lo haga, deberá fundamentar la propuesta, que será remitida a la Comisión de Acuerdos del Senado, donde iniciará la discusión política.
Dicha comisión deberá fijar una fecha para la realización de la audiencia pública y enviar una copia del pliego y de los antecedentes de los candidatos a todos los senadores que la integran. Después de la audiencia pública y de una serie de pasos que deben cumplirse, la Comisión deberá emitir un dictamen recomendando al pleno del Senado la aprobación o rechazo del pliego.
En esta instancia la política comenzará a jugar con mayor preponderancia. Una vez cumplimentado estos trámites, el pliego llegará al recinto donde se deberá contar con una mayoría especial (dos tercios del cuerpo), para que Lijo como García-Mansilla logren llegar a la Corte Suprema.