El ex presidente Alberto Fernández recusó al juez federal Julián Ercolin y pidió apartarlo del expediente que investiga los contratos que el Estado firmó con Nación Seguros SA utilizando brokers. Dice que es por temor de parcialidad
La causa que inició con la revelación de Clarín sobre los contratos que Nación Seguros firmó con ANSES utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabezas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la sospechosa intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que al tipo de cambio del momento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.
El ex presidente cuenta con dos imputaciones en esta investigación. La carátula detalla los presuntos delitos que habría cometido: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.
Pese a las acusaciones que el Ministerio Público Fiscal le adjudicó bajo el grado de sospecha, Alberto Fernández no se presentó en el expediente hasta este miércoles que recusó al juez.
El ex presidente también designó como abogada en esta causa a la abogada Mariana Barbitta quien a su vez defiende al ex general César Milani en otro expediente judicial.
Sostuvo en el planteo de recusación que Alberto Fernández teme la parcialidad del juez Ercolini en la instrucción del caso.
Fernández, antes de llegar a la Casa Rosada, había sido durísimo con Ercolini. En una entrevista habpia cuestionado a los jueces que investigaban a Cristina Kirchner sobre los que dijo que iban a tener que «dar explicaciones» y luego agregó: «Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno».
En esta etapa de la pesquisa, se encuentran bajo estudio documentos firmados por representantes de distintos organismos del Estado que dan cuenta sobre la designación de intermediarios en la toma de seguros de forma previa a la firma del cuestionado Decreto. Fue esa normativa la que impuso al Estado Nacional la contratación exclusiva de Nación Seguros SA y ésta a su vez, habilitó la participación de intermediarios.