jueves, 28 noviembre, 2024
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La caja más sospechada: el kirchnerismo financió con casi 300 millones de dólares a las cooperativas de los piqueteros

El gobierno de Alberto Fernández financió con casi 300 millones de dólares a cooperativas y asociaciones de piqueteros entre 2020 y 2023. Las transferencias fueron discrecionales, se hicieron desde el ex Ministerio de Desarrollo Social y las cobraron organizaciones que dependen de dirigentes sociales como Juan Grabois, Emilio Pérsico, Juan Carlos Alderete, Esteban Castro y Eduardo Belliboni, entre otros.

La revelación de Clarín se produce en medio de las denuncias y los allanamientos por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales que la Justicia tramita contra piqueteros y que involucra a referentes de distintas organizaciones sociales a partir de testimonios que se conocieron vía llamados a la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich apenas comenzó el mandato de Javier Milei.

Y se da además en medio de la investigación que la Justicia lleva adelante contra las cooperativas de los piqueteros por el presunto desvío de dinero del Estado, al punto que pidió su intervención durante tres meses. Todo forma parte de la causa madre que investigan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita y que tiene en la mira el funcionamiento de todo el engranaje social durante el gobierno de Fernández.

Según los datos que recabó este medio, decenas de cooperativas y mutuales vinculadas a piqueteros K, de izquierda y de sectores alineados al gobierno anterior recibieron en los últimos cuatro años cientos de miles de millones de pesos de manera discrecional, que a dólar oficial alcanzan los US$ 283 millones. El período comprende entre el primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2023. No hay registros de segunda parte de ese año.

En 2020, en plena pandemia, las transferencias a asociaciones fueron por US$ 38.886.554 y a cooperativas por US$ 58.215.129; en 2021 pasaron a ser por US$ 21.198.801 y US$ 22.805.260, respectivamente; en 2022 fueron por US$ 42.705.108 y por $ 57.293.214; y en el primer semestre de 2023, por US$ 42.452.830. El global da un total de US$ 283.556.896.

El amplio universo de cooperativas K

El listado de las transferencias discrecionales a cooperativas durante el kirchnerismo lo lidera la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, que responde directamente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que tiene a Grabois y a Esteban «Gringo» Castro como principales referentes.

Es la que lidera el ranking de más dinero recibido de parte del Estado en un universo de 495 cooperativas y asociaciones que forman parte del listado al que accedió Clarín. De ese total, con la excepción de algunas que no logran ser identificadas con organizaciones sociales o partidos políticos, la mayoría están concentradas por agrupaciones vinculadas a piqueteros que trabajaron cerca del kirchnerismo o a grupos de izquierda.

Domiciliada en la calle Baradero 524, Banfield, a El Amanecer se le pagaron en total $ 1.099,6 millones de la siguiente manera: $ 394,5 millones en 2020, $ 232,3 millones en 2021, $ 254,1 millones en 2022 y $ 218,7 millones en la primera mitad de 2023. Contemplando el tipo de cambio oficial de cada uno de esos períodos, a $ 70,6 (2020), $ 95,1 (2021), $ 137,1 (2022) y $ 212 (primer semestre de 2023), se llega a un global de US$ 7.266.380 cobrados.

Emilio Pérsico, con el Emilio Pérsico, con el «Gringo» Castro. Foto: Federico Imas.

Le siguen las federaciones de cooperativas de Reciclado y Evita Limitada, dependientes del Movimiento Evita que tiene como líder central a Pérsico, el piquetero que además fue secretario de Economía Social en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández y cuya firma autorizaba los pagos a beneficiarios del Potenciar Trabajo, un presupuesto superior al $ 1 billón durante el año pasado.

Las de Reciclado y Evita Limitada son apenas dos de las tantas cooperativas y asociaciones que están vinculadas al movimiento piquetero más importante en términos de afiliados, con cerca de 150.000 beneficiarios que cobran planes de allí. Entre ambas cobraron US$ 10.214.782 de fondos discrecionales en el mandato de Alberto Fernández. La primera, pasados los envíos a dólar oficial en esos años, recibió US$ 5.347.597; la segunda, en tanto, cobró US$ 4.867.185. Ambas figuran con un domicilio en común: Pedro Echagüe 1265, en Capital Federal.

Otra asociación emblemática del Movimiento Evita es la Ser.Cu.Po, que recibió en cuatro años el equivalente a US$ 4.648.751. La Ser.Cu.Po está ubicada en Ocantos 579, en Monte Grande, y ha tenido vaivenes importantes en las transferencias según el año. Por caso, hasta 2022 era de las más favorecidas por el Gobierno, pero en 2023 apenas recibió $ 15 millones y su lugar de privilegio lo pasaron a ocupar otras.

Parece ser un cambio de fichas porque, por ejemplo, a partir de ahí empezó a tomar peso otra asociación vinculada al Evita de Pérsico y Fernando «Chino» Navarro. Se trata de la Asociación Civil Mujeres Evita, una filial rosarina del movimiento que cobró en ese primer semestre del año pasado $ 83.159.436, que en ese período, a un dólar promedio de $ 212, correspondían a US$ 392.261 en apenas seis meses. Si se contabilizan los cuatro años, Mujeres Evita cobró US$ 3.024.160.

Otra afortunada en el reparto fue la Asociación Civil 18 de Mayo, del MP La Dignidad que tiene como principal referente a Rafael Klejzer, ex funcionario en Desarrollo Social y mano derecha de Grabois. También recibió montos millonarios, que pasados a dólares representan US$ 4.491.719.

El universo de las asociaciones civiles y cooperativas que abarca el tándem que conforman el Movimiento Evita, la CTEP y la UTEP, todas dependientes de figuras como Pérsico, Navarro, Castro y Grabois es interminable. Entre las que se pueden identificar aparecen cerca de una veintena, casi todas ubicadas en Capital Federal o en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

Además de las mencionadas, están Emprender desde el Barrio por la Familia y el Trabajo, Manos Comunitarias de General Rodríguez, Evita Matanza Limitada, Pacha Limpia Limitada, Trabajadores Cooperativos Asociados, 2 de Septiembre Limitada, La Patriada Limitada, Mundo Reciclado Limitada, Los Obreros del Cartón Limitada, Pachamama, El Puente 26, Senderos, Marketing y Servicios Limitada, y Comunicadores Populares. Todas, según los registros a los que accedió Clarín, cobraron de US$ 2 millones a US$ 4 millones cada una con Alberto Fernández.

Finalmente, entre las aliadas al kirchnerismo también aparecen cooperativas vinculadas a la Corriente Clasista Combativa y a Barrios de Pie. En el caso de la CCC, de Juan Carlos Alderete, hay dos que sobresalen por los montos que recibieron en estos años: se trata de El Fortín de Encarnación Limitada y René Salamanca. La primera tuvo asistencia del Estado por el equivalente a US$ 5.163.424; la segunda, por más de US$ 3,1 millones.

La reunión de Alberto Fernández con los referentes de la UTEP. Daniel Menéndez, de Barrios de Pie; Gildo Onorato, del Evita y Juan Carlos Alderete, de la CCC. Foto: Movimiento Evita.La reunión de Alberto Fernández con los referentes de la UTEP. Daniel Menéndez, de Barrios de Pie; Gildo Onorato, del Evita y Juan Carlos Alderete, de la CCC. Foto: Movimiento Evita.

La CCC cuenta con al menos otras dos cooperativas que le reportan: Ni un pibe menos por la droga y Trabajemos Juntos. Cada una cobró entre US$ 1,5 millones y US$ 2 millones en el último gobierno kirchnerista. La semana pasada, Alderete quedó observado por estar incluido en una denuncia anónima a la línea 134. «Te voy a dar un nombre que resuena en las reuniones, que los protege. El apellido: Alderete. Acá se nombra en las reuniones a Alderete», dice una denunciante de Chivilcoy en el audio que publicó Clarín, que también revela que desde la CCC se pide $ 10.000 a sus beneficiarios como contraparte al cobro del plan mensual.

En el caso de Barrios de Pie, su principal referente es Daniel Menéndez, ex funcionario en Desarrollo Social, que también fue candidato a diputado nacional por el Frente de Todos y que ahora es subsecretario de Economía Popular en el gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Entre las cooperativas incluidas dentro de esa agrupación aparecen Voces de Barrio, el Instituto de Investigación Social, Economía Política y Ciudadana (Isepci) y Por los que Menos Tienen, de Batán, Mar del Plata. Entre las tres, percibieron casi US$ 5 millones en estos años.

Barrios de Pie, no obstante, tuvo doble comando hasta hace poco, ya que la agrupación se la dividían entre Menéndez y Silvia Saravia, díscola frente a la conducción alineada al kirchnerismo y que este año pasó a liderar el movimiento de izquierda Libres del Sur.

Las cooperativas que controla la izquierda

En la denuncia de la Justicia sobre la presunta extorsión a beneficiarios sociales y acerca del manejo de las cooperativas se pone la mira especialmente en los grupos piqueteros de izquierda, como el Polo Obrero y el FOL. En estos años, esos grupos también recibieron fondos discrecionales de parte del gobierno de Alberto Fernández, más allá de haber estado enfrentados y de hacerle piquetes sistemáticos.

El Polo Obrero de Eduardo Belliboni y Gabriel Solano, entre otros, cobró a través de su asociación civil US$ 2.173.929 millones en concepto de pagos del Estado. Lo hizo a través de dos CUIT diferentes, con domicilios en Mariano Moreno 69, Barrio Alberdi de Córdoba, y en Monteagudo 730 y 15 de Noviembre de 1889 1662, en la ciudad de Buenos Aires.

El FOL (Frente de Organizaciones de Lucha), en tanto, está relacionado con al menos tres cooperativas: Abriendo Caminos de Florencio Varela, Carlos Almirón Limitada y Cienfuegos Limitada, las tres ubicadas en distintos domicilios del partido de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Cobraron entre US$ 500.000 y US$ 1.500.000 en estos años a través de transferencias discrecionales.

El Polo Obrero también estuvo en la mira de la Justicia por haber reconocido que cobraban una suerte de peaje a sus beneficiarios, del 2% según sinceró en 2022 el propio Gabriel Solano. «Los compañeros hacen un aporte para sostener la organización y así el movimiento se organiza como puede», había dicho el dirigente de izquierda, en ese momento.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Foto: Maxi Faila.Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Foto: Maxi Faila.

El Sueño del Principito y otras cooperativas vinculadas al kirchnerismo

A lo largo de los diferentes reportes de transferencias discrecionales que Clarín hizo en los últimos años surgieron algunos casos específicos con transferencias que se dieron de manera puntual en un semestre y que después fueron desactivadas, la mayoría a cooperativas y asociaciones relacionadas al kirchnerismo.

El caso más recordado es de 2023, cuando se conoció que El Sueño del Principito, una asociación civil a cargo de una gremialista ligada a la entonces ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, había cobrado $ 1.019 millones durante todo 2022. Antes y después de esas transferencias, la asociación no recibió más fondos.

Otro caso de transferencias que crecieron exponencialmente se dio con Manos Berissenses Limitada, una agrupación que lideró los cobros en el primer semestre de 2023 y que recibió en ese período $ 578.625.600. Manos Berissenses Limitada tenía relación con el kirchnerismo y puntualmente con el ministerio de Tolosa Paz, que ya le había adjudicado a esa cooperativa una orden de compra por $ 475 millones en juguetes por «el día de las niñeces».

También había sido noticia en La Nación entonces, porque Desarrollo Social le había adjudicado a esa cooperativa la provisión de 20.000 frazadas por las que ministerio pagó sobreprecios: en total $ 193.600.000 de hace un año, casi tres veces más que el valor del mercado.

Finalmente, también el año pasado, hubo un caso curioso revelado por Clarín, de un bar ultrakirchnerista que cobró $ 36 millones en subsidios y nunca prestó servicios sociales. Se trata de «Lo de Néstor», ubicado en San Telmo, un emprendimiento comercial de Leonardo Duva, dirigente gremial cercano al ex presidente Alberto Fernández y al referente social Juan Grabois, que está a cargo de Gestara, el grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados de la República Argentina.

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