Eduardo Belliboni se defendió de la denuncia que investiga el juez federal Sebastián Casanello, por la que allanó el local central del Partido Obrero en busca de la imprenta Rumbos, que figura en varias rendiciones de gastos que el Polo Obrero (PO) realizó ante el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández. La denuncia puntual apunta a decenas de facturas donde figuraban múltiples servicios.
El dirigente del PO estuvo en el estudio de Todo Noticias donde protagonizó un cruce con los periodistas Nicolas Wiñazki y Santiago Fioriti.
“¿Por qué las facturas son truchas? No es verdad. La Administración de Ingresos Públicos a mí me autorizó a comprarle a esa empresa porque antes de hacerlo tengo que preguntar a la AFIP si la empresa es legal, está dentro del convenio que firmé con el Ministerio de Desarrollo Social. A mí la AFIP me dijo que esa empresa existía, que era absolutamente legal”, explicó en el inicio de lo que definió como «derecho a réplica».
Cuando Casanello citó a indagatoria a Belliboni, dio por acreditado que varias personas nucleadas en la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor habrían «administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa Potenciar Trabajo».
En este punto es donde la imprenta entra en la maniobra: el juzgado determinó el uso de facturación apócrifa y la «simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Coxtex SA-.
“Las facturas no son truchas, ni para la AFIP ni para el Estado que aceptó las facturas y nunca tuvo ningún reclamo. Ninguna factura es trucha, dejen de decir eso porque no son truchas y lo vamos a mostrar al juez. Vamos a ir a dar la cara. Está la factura y está la maquina, ¿Qué es lo trucho?”, se defendió el dirigente social.
Vanina Biasi, Gabriel Solano y Eduardo Belliboni denunciaron el allanamiento a la sede del Partido Obrero.Además, según Belliboni, “los materiales comprados fueron buscados en los depósitos” de la supuesta compañía, no en las oficinas donde no funcionaba la imprenta y sí la sede central del PO. El miércoles, el legislador porteño Gabriel Solano, junto al líder del Polo Obrero y otros dirigentes, brindaron una conferencia de prensa para denunciar «una escalada de persecución política contra los sectores opositores».
“Rumbos es una empresa que hace la prensa obrera, ha hecho libros, defensa del marxismo, es una empresa totalmente reconocida. La factura no es ilegal, está la factura y está el producto. Basta de decir pavadas. Todo está absolutamente rendido en las cuentas. ¿Vos te crees que te dan plata y no te van a controlar? eso no existe”, expresó durante el programa.
El debate fue levantando temperatura y el dirigente del PO acusó a los periodistas de “mezclar todo para tapar otras cosas”.
“Ustedes no tienen ningún respeto, dijeron barbaridades de mí todo el tiempo”, afirmó. Y agregó: “Yo no soy ningún jefe, jefe tenés vos que te dice lo que tenés que decir”, contestó y aseguró que solo es «miembro de la Dirección Nacional del Polo Obrero”.
A la fecha hay cerca de 25 millones de pesos que el Polo Obrero volcó en 126 facturas que están bajo investigación.
Por ese motivo, el juez ordenó el allanamiento del lunes, pero al llegar al domicilio dieron con una sede partidaria del Polo Obrero, un diario y un estudio jurídico. Nada de eso fue allanado, explicaron fuentes judiciales a Clarín, y sólo buscaron la dirección que figura a nombre de Imprenta Rumbos.
Belliboni está citado a declarar el 25 de junio, el mismo día que Adrián Albornorz, supuesto dueño de la imprenta, y María Isolda Dotti, alias Tango, la joven que tenía más de 54.000 dólares debajo de su cama.
El miércoles, los dirigentes del PO realizaron una conferencia de prensa desde la sede que fue allanada por la Justicia donde adelantaron que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que «están en peligro las libertades democráticas en Argentina», y donde además anunciaron la presentación de una denuncia contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
D.D.