Incluso si el Gobierno consigue la aprobación en general de la Ley Bases y el Paquete Fiscal igual no podrá relajarse. En el tratamiento en particular, las Facultades Delegadas, las Privatizaciones, y el Impuesto a las Ganancias figuran en rojo, al igual que algunos puntos del Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI).
El dictamen salió -tras una intervención de urgencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos- con más disidencias que acompañamientos plenos. Varias de esas disidencias tienen que ver con esos puntos.
Los artículos se aprueban por mayoría simple. Si todos los senadores estuvieran sentados, al kirchnerismo -que tiene 33 senadores propios- le alcanzaría con conseguir cuatro voluntades más para voltear artículos.
El proyecto declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Pero además, faculta al Ejecutivo a disponer la disolución total o parcial, fusión, escisión, modificación o transferencia de organismos de la administración central o descentralizada del Estado. También le permite intervenir organismos y liquidar fondos fiduciarios.
El radical Pablo Blanco aseguró de entrada que votaría en contra de las facultades delegada. «No pienso votar las facultades delegadas porque no me genera confianza este Gobierno«, había declarado en el arranque del debate en comisiones. Martín Lousteau -que presentó un dictamen paralelo- no no declara emergencia ni delega facultades en su proyecto. Mientras que otros federales, como Edgardo Kueider, también había planteado reparos a este tema.
En el oficialismo no quieren ceder más en ese punto. Ya hicieron modificaciones, como agrandar el listado de organismos que en los que el Ejecutivo no podrá intervenir, pero descarta nuevos cambios. Aseguran que el Congreso le delegó facultades a todos los gobiernos, de distintos colores políticos.
En el resto de las cuestiones siguen abiertos a negociaciones y de eso dependerá cuántos acompañamientos cosechen. «Ellos siguen negociando cambios. Iremos viendo qué modifican para decidir cómo votar», aseguró una legisladora clave.
El paquete de privatizaciones es otro punto sensible. Concretamente son tres las empresas que generan la discusión: Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que abarca la Televisión Pública y Radio Nacional.
Los senadores patagónicos de distintas bancadas se abroquelaron por Aerolíneas y Correo. Aseguran que una privatización puede hacerles perder la conexión de vuelos a destinos que hoy son deficitarios pero clave para ciudades y pueblos menos turísticos. Ni hablar Tierra del Fuego, donde el viaje por tierra lleva días de viaje y los ciudadanos argentinos deben entrar por Chile a su provincia. «Si privatizan solo habrá vuelos a Ushuaia y Río Gallegos», señalan.
La oposición le pidió sistemáticamente que saque a Aerolíneas y al Correo del artículo de privatizaciones para evitar que se puedan caer también las otras empresas -entre ellas Aysa, el Correo Argentino y el Ferrocarril Belgrano Cargas- que figuran en el mismo listado.
Con la reversión del Impuesto a las Ganancias, a pesar de que el oficialismo ya cedió en reincorporar el diferencial del 22 % para zonas desfavorables, por motivos políticos, los patagónicos no van a votar a favor y complican. A ellos se suman quienes ideológicamente están en contra del Impuesto e incluso habían votado por su eliminación durante el gobierno de Alberto Fernández, como varios senadores de los bloques federales.
El oficialismo no descarta una ayuda de senadores que responden a gobernadores peronistas, como pasó en el Senado. Pero el kirchnerismo se abroquela para evitar fugas.
A su vez, el RIGI tuvo numerosas críticas en el debate en comisión: que es excesivamente beneficioso para los inversores, que afecta a los inversionistas y empresarios locales, que invade autonomías provinciales e incluso que es un peligro ambiental. Hubo senadores, como Lousteau y Kueider, que directamente pidieron votarlo en una ley aparte. El régimen plantea beneficios fiscales, aduaneros y cambiaros para inversiones superiores a 200 millones de dólares.