Subsidios recibidos por parte del Estado, facturas apócrifas, gastos simulados, empresas “fantasmas”, son piezas del rompecabezas que construyen parte de la acusación contra los dirigentes de la Asociación Civil Polo Obrero. El mayor caudal de fondos lo manejaron desde 2020 a 2022 durante la gestión de Alberto Fernández. Más de 360 millones de pesos que fueron rendidos con irregularidades y el manejo de los mismos están bajo sospecha.
El juez federal Sebastián Casanello inició esta semana una ronda de indagatorias a diferentes dirigentes del Polo Obrero. La última de las citaciones es la de Eduardo Belliboni, principal referente de dicho espacio. Su declaración el 26 de junio, cerrará esta primera etapa de la investigación que tiene imputaciones por extorsión, coacción y fraude.
Todas las operaciones investigadas en este expediente penal, en el que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, incluyen fondos públicos que se giraban a las diversas organizaciones sociales, tras la firma de convenios con el extinto Ministerio de Desarrollo Social.
Según se determinó en la causa, en el período comprendido entre junio de 2020 y diciembre de 2022, la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. firmaron cinco convenios por una suma global de 361.087.500 pesos. El dinero que recibían vía transferencia bancaria, era para la administración del programa social Potenciar Trabajo.
El Polo Obrero como la Cooperativa se habían constituido en unidades de gestión y debían garantizar que los beneficiarios finales, siempre personas en estado de vulnerabilidad, reciban el dinero correspondiente al Potenciar Trabajo. Dentro de las obligaciones asumidas por las organizaciones sociales, estaba la de rendir los gastos comprometidos.
Es en este punto donde el juzgado a cargo de Casanello, detectó una importante cantidad de irregularidades que se convierten en una imputación formal, es decir, acciones que configuran un delito y por los cuales los dirigentes sociales deberán responder en instancia de indagatoria.
Una parte significativa de los fondos públicos, se administraron de “forma indebida”, sostiene la acusación formulada en el marco de las indagatorias.
A la hora de determinar el fraude atribuido a los integrantes del Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor, el juez Casanello indicó que se utilizó una importante cantidad de facturas apócrifas que posibilitaron simular gastos que nunca se hicieron.
Usar facturas “truchas” para rendir gastos que no se concretaron, fue uno de los circuitos que la Justicia le atribuye al Polo Obrero, para desviar fondos. Esto funcionó con múltiples vías y la finalidad de hacerse de esos fondos que debían terminar únicamente, en manos de los beneficiarios de planes sociales, fue el “sostenimiento y financiamiento” de actividad político-partidaria.
En juego hay más de 361 millones de pesos que en un importante porcentaje, el juez federal Casanello concluyó se manejaron indebidamente. Cuando los fondos se rindieron se observaron diversas irregularidades. La acusación habla de un “engaño al Estado” porque todo se hizo con fondos públicos.
Las facturas apócrifas se emitieron, en una gran mayoría, a nombre de dos empresas: Coxtex SA y Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. La primera de ellas fue declarada por la AFIP como una usina de facturas truchas, sin sede social ni comercial. La segunda carecía igual de una sede real para su funcionamiento.
Se las contrató para consignar en las rendiciones, gastos que para los investigadores no se concretaron y que para que sea más sencilla esta simulación, los incluyeron en categorías amplias como ser: “materiales, indumentaria e insumos”, o bien “maquinaria, herramientas y equipamiento”.
Esos dos grupos amplios, generales de servicios contratados, posibilitó -sostiene la imputación- ocultar el desvío de fondos.
¿Cuánto dinero se volcó a las facturas truchas? Respecto a Coxtex SA se detectaron dos facturas por un monto total de 5.144.418 pesos.
Por otro lado, a nombre de Rumbos SRL, una imprenta que cuando la justicia federal fue a allanarla en el domicilio declarado, no había ninguna empresa, se verificaron una importante cantidad de facturas truchas: 179 por 31 millones de pesos.
Todo ese dinero involucrado: 36.144.418 pesos fue desviado y se volcó a facturas apócrifas. De esa manera, el Polo Obrero se armó de una “caja” para las actividades político-partidarias, violando la letra del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social, que le depositó en tres transferencias bancarias, el dinero que era exclusivamente para el programa Potenciar Trabajo.
Cuando se fijó la fecha de las indagatorias por parte de Casanello, se armó este circuito a través del cual, sostiene la acusación, una parte importante del dinero “se disfrazó”, destinado a un financiamiento de actividades del Polo Obrero.
Para concretar esta maniobra, se sumó un dato más, la Asociación Civil y la Cooperativa, contrataban servicios de publicidad digital o impresión de boletas y/o folletos que ofrecían otras empresas como Makosen SRL. Acá se sumó otra acusación, parte del dinero se aplicó a la cobertura de gastos corrientes de la agrupación, como también actividades de prensa, militancia y campaña electoral.