El conflicto por los destinos del emprendimiento inmobiliario Ciudad Palmera volvió reavivarse una vez más. La megaobra impulsada por los grupos IRSA y Portland en el barrio de Caballito está frenada por un fallo de Cámara, pero en las últimas semanas se activaron las audiencias judiciales donde las empresas, con un proyecto modificado, buscan obtener finalmente el visto bueno para construir en el predio contiguo al club Ferrocarril Oeste y al playón ferroviario del tren Sarmiento. Las agrupaciones vecinales que iniciaron la causa judicial vuelven ahora a organizarse para rechazar el proyecto y reclaman que al menos un porcentaje del predio sea destinado a la creación de un espacio verde público.
Cuatro años se cumplieron este mes desde que las excavadoras comenzaron a operar en el predio de Avellaneda al 1314. Eran épocas de cuarentena por covid-19 y los vecinos y vecinas denunciaban, precisamente, que los trabajos se realizaban violando las restricciones del aislamiento. Tres meses después, la Justicia suspendió las obras con una medida cautelar ratificada por Cámara en octubre de ese año. El freno no fue por los trabajos «anticuarentena» sino por cuestiones más de fondo. Los camaristas entendieron en esa instancia que el megaproyecto, que originalmente incluía un shopping a cielo abierto, conformaba un «plan integral» cuyas obras «no podrían examinarse desde una perspectiva autónoma y autosuficiente» como habían sido autorizadas por parte del Gobierno porteño.
Es que, tal como lo denunciaban los y las vecinas, las empresas subdividieron el predio de 23.000 metros cuadrados en cuatro parcelas y eso les evitó constituir un proyecto integral con «relevante efecto ambiental«, lo que, entre otras complicaciones, les hubiera implicado pasar por la Legislatura con audiencia pública de por medio para aprobar el emprendimiento. Según la cautelar de 2020, los documentos presentados ante la Justicia indicaban, por el contrario, que el proyecto era un «emprendimiento global» que consistiría en «la construcción de diez edificios de diez pisos cada uno, galerías con comercios minoristas y garajes comerciales«. Cuatro años después, las partes volvieron a ser convocadas por el juez Dario Reynoso, titular del juzgado de origen que tiene a cargo la cuestión de fondo, en busca de dictar sentencia sobre ello.
«Se hicieron dos audiencias de vista en el juzgado que lleva la causa para verificar los informes periciales de arquitectura y de ambiente, además de informes de la AABE sobre el pasado ferroviario del predio. Las empresas presentaron una modificación que es la de quitar los locales comerciales y adecuar el proyecto para que no haya un shopping», cuenta a Página 12 Martín Iommi, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna N°6, que en 2020 encabezó la presentación de la acción de amparo junto a las organizaciones S.O.S Caballito, Estación de los Deseos y los comuneros Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros.
Según pudo saber este diario, el cambio en el proyecto anunciado en sede judicial por las empresas consta en un convenio firmado por las dos empresas. IRSA es la tenedora del terreno, mientras que Portland es la constructora, y en el nuevo convenio presentado se modifican los porcentajes de participación y se asegura que las parcelas a construir «no estarán integradas ni funcional ni jurídicamente, por lo que no conformarán un único complejo edilicio”, mientras que se reducen los locales comerciales.
Precisamente esa modificación en el convenio le había dado a las empresas una buena noticia en junio del año pasado, cuando la causa se reactivó por primera vez tras el freno original. Entonces, el juez Reynoso había decidido levantar la cautelar en razón del nuevo proyecto presentado por las empresas, para habilitarlas a pedir el permiso de obra ante el GCBA y comenzar a construir en la primera parcela de los terrenos. La alegría, sin embargo, les duró poco. A mediados de julio, la Cámara volvió a ratificar la cautelar anulando el fallo de Reynoso al considerar que con los cambios anunciados por las empresas «no se ha demostrado la aptitud» para «satisfacer el conjunto de exigencias que se estimaron cautelarmente incumplidas».
«Independientemente de los locales comerciales hay otras cuestiones del proyecto que deben adecuar para que cumplan con los parámetros ambientales mínimos. No cedieron el porcentaje del 25 al 50 por ciento del terreno que está establecido por ley ni catalogaron con ‘relevante efecto ambiental‘ a la totalidad del proyecto. Eso implicaría el paso por la Legislatura y la audiencia pública», advierte ahora Iommi. Según pudo saber este diario, a la causa le restan una audiencia testimonial y una inspección ocular en el predio antes de cerrar el período de prueba y pasar a sentencia.
En paralelo, los vecinos y vecinas comienzan a organizarse para volver a reclamar contra el proyecto. La semana pasada, por ejemplo, las agrupaciones vecinales y el consejo consultivo realizaron un semaforazo en la esquina de Acoyte y Rivadavia con la consigna «Irsa debe irse«. Reclaman que el predio sea destinado a un parque, al igual que la totalidad del playón ferroviario ubicado junto a esos terrenos. De no ocurrir esto, piden que el porcentaje cedido para espacio verde se adecue a lo establecido por ley y que incluya un acceso por Avellaneda al playón, de cara a una posible parquización futura de esos terrenos en desuso y por ahora sin destino definido.