Más de treinta organizaciones, colectivos y asambleas barriales de la Ciudad de Buenos Aires emitieron un posicionamiento conjunto para rechazar el plan de ventas masivas de terrenos e inmuebles públicos –en su mayoría en territorio porteño–, por parte del Gobierno de Javier Milei a través de la Administración de Bienes del Estado (AABE). Las organizaciones lo calificaron como un «saqueo de tierras públicas«, reclamaron destinar los terrenos a «nuevos parques y plazas» y pidieron que la Legislatura rezonifique los ex playones ferroviarios para evitar sus ventas. Esos terrenos ubicados en cinco puntos cotizados de la ciudad constituyen el foco de mayor conflicto, ya que podrían ser las últimas oportunidades para sumar espacios verdes en los barrios.
«Es una enorme alarma para la ciudad«. En diálogo con Página 12, así caracteriza a las posibles ventas Guillermina Bruschi, integrante de Una plaza para Santa Rita, una de las 35 organizaciones barriales que firmaron el documento conjunto. La «enorme alarma» se activó a mediados de julio, cuando el presidente Milei firmó un decreto que amplió las facultades de desafectación de bienes de la AABE, lo que continuó el camino legal para la venta de alrededor de 370 tierras e inmuebles, en su mayoría dentro de la Ciudad.
Como informó este diario en ese momento, el proceso había comenzado ya en los primerso meses de la gestión libertaria. Con Nicolás Posse todavía en la Jefatura de Gabinete, el Gobierno encaró entonces una auditoría de los bienes del Estado para detectar aquellos que podrían vender. Los 370 bienes iniciales serían los primeros de una lista que supera los 40 mil a lo largo y ancho del país, y que están en la mira de la AABE conducida por Nicolás Pakgojz, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Urbana porteña. En esa función, Pakgojz fue el encargado oficial, entre otros casos, de defender en la Legislatura el convenio urbanístico que habilitó al Grupo IRSA de Eduardo Elsztain –amigo del presidente– a construir un barrio de torres de lujo en Costanera sur, en los terrenos de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors.
En el documento difundido por las organizaciones, se advierte, sin embargo, que la decisión de avanzar con las ventas «no es novedosa«. «Continúa el trabajo iniciado bajo la gestión de Macri como presidente entre 2015 y 2019. En ese período, decenas de hectáreas fueron vendidas a los pulpos inmobiliarios, generándoles millonarias ganancias a costa de que los barrios de la ciudad se inunden de torres y cemento, disminuyendo aún más la relación de superficie verde por habitante y agravando los problemas de tránsito y saturación de las redes de agua, electricidad y cloacas«, recuerda el documento titulado «Necesitamos más y mejores espacios verdes públicos en la ciudad».
En efecto, durante los cuatro años de mandato macrista la gestión nacional del PRO encaró un proceso de ventas de inmuebles y terrenos públicos a través de la AABE que incluyó remates en algunos de los puntos más valorados de la ciudad: Barrio Parque, Puerto Madero o las subastas de los predios de Catalinas. En octubre del año pasado, la Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que en ese período se entregaron bienes por más de 840 millones de dólares con ventas por debajo de las tasaciones oficiales. Este diario reveló que Nicolás Caputo, Mario Quintana, Paolo Rocca o Gustavo Arribas, entre otros, aparecían en la lista de empresarios beneficiados por las subastas.
Los terrenos ferroviarios constituyen desde entonces un eje de disputa central en este sentido. Ubicados en los alrededores de las estaciones de Palermo, Colegiales, Caballito, Liniers y Villa Urquiza, son objeto de la ambición del negocio inmobiliario, mientras los vecinos y vecinas reclaman que se utilicen para construir espacios verdes públicos. «Son las últimas oportunidades que tenemos de creación de espacios verdes de calidad y públicos, dado que la ciudad está muy por debajo de lo que establecen los organismos internacionales«, sostiene Bruschi.
El caso del playón de Colegiales resume significativamente el conflicto. La AABE macrista llegó a vender allí varios de sus lotes para desarrollos inmobiliarios, en paralelo a la rezonificación de la Legislatura que le otorgó el carácter de parque a otra parte de los terrenos. En las tierras en que los vecinos y vecinas pedían un parque completo, ahora el verde convive con las torres, mientras que otros cuatro lotes todavía están en litigio judicial precisamente por las presuntas irregularidades en las ventas. Las agrupaciones del barrio ya presentaron en la Legislatura un proyecto para que esos lotes sean parque.
Los casos de Palermo, Caballito, Villa Urquiza y Liniers son diferentes. En todos los casos fueron víctimas de idas y vueltas constantes desde la presidencia de Macri hasta la fecha. Se habló de posibles ventas, de edificios, de parques y hasta de destinarlos a viviendas del Procrear, pero hasta el momento siguen abandonados o concesionados para otros usos. Sólo en el caso de Palermo hay un pequeño parque inaugurado en 2019, pero no más que eso.
En ese sentido, los vecinos y vecinas pidieron ahora en el documento que el oficialismo porteño tome la iniciativa para encarar en la Legislatura «la rezonificación de dichas tierras para la generación de nuevos espacios verdes públicos en los barrios porteños». Plantean que la discusión de la actualización del Código Urbanístico presentada por el Ejecutivo porteño es una «gran oportunidad» para incluir el debate por los destinos de los playones y otros terrenos ociosos.
«La única posibilidad de evitar que sean finalmente vendidos es que el Gobierno porteño los convierta en espacios verdes públicos, otorgándoles las respectivas normas urbanísticas específicas«, sostiene el documento, que añade que «es de vital importancia frenar este saqueo de tierras públicas y destinarlas a la creación de nuevos parques y plazas de suelo absorbente y arboleda frondosa».