La causa penal que inició con la información obtenida del celular de María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, tiene entre sus medida de pruebas centrales obtener información de otro celular. En esta ocasión, el de Fabiola Yañez. Se trata de un pedido de la fiscalía sobre dos períodos: de 2016 a 2019, cuando ya estaba de novia con quien aún no había asumido el poder como presidente de los argentinos, y una segunda etapa, entre 2019 y 2023, cuando se desarrolló su gobierno, cuando habrían ocurrido la mayoría de los sucesos bajo investigación. En el mediodía de este viernes, el juez Julián Ercolini ordenó chequear las comunicaciones entrantes y salientes del teléfono de Yañez con Alberto Fernández desde 2016 hasta ahora.
El fiscal Ramiro González imputó a Alberto Fernández por lesiones leves y graves, doblemente agravadas por el vínculo en abuso de poder y de autoridad, junto con amenazas coactivas. El Ministerio Público Fiscal puso un punto de partida a lo que entienden fueron, delitos reiterados y continuados desde que se inició la pareja hasta ahora.
Para la fiscalía, los nueve hechos de violencia de género atribuidos al expresidente iniciaron en el año 2016. González se concentra ahora en las medidas con las que buscan corroborar los hechos atribuidos al ex Jefe de Estado.
Entre otras agresiones, en ese período Alberto Fernández “obligó a Fabiola Yáñez a realizar un aborto, a través de un plan que constituyó destrato, negación de la palabra, hostigamiento y frases como ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’, se consignó en el dictamen. Fue en ese contexto, según lo denunciado por Fabiola Yañez, que el ex presidente “le dijo a su hijo que Yáñez se encontraba embarazada para luego responsabilizarla a ella de ese acto de aborto”.
El juez federal Julián Ercolini delegó la investigación en la fiscalía, con lo cual las medidas de prueba las cursa González. Pero hay un conjunto de pedidos que requieren la firma del magistrado, e involucran al celular de Fabiola Yañez.
Para contar con mayores precisiones relativas a las líneas telefónicas que utilizaba exprimera dama, el fiscal pidió que desde el juzgado se requiera a las compañías de telefonía celular que envíen los listados de llamadas entrantes y salientes relativos al período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019. El juez ya aceptó este pedido.
Los investigadores buscan dar con toda aquella información vinculada al lapso en el que la ex primera dama denunció que Fernández la indujo a practicarse un aborto, cuando además todavía era una práctica ilegal en nuestro país.
En palabras de la ex primera dama, dijo que al escaso tiempo de convivencia quedó embarazada, “situación que al comentárselo dijo “esto no puede pasar, estoy en shock”, comenzando a hostigar manifestando “era muy pronto, que no estaba listo aún, que no me había presentado a su hijo”. Luego de ese episodio, “comenzó a ignorarme y a no dirigirme la palabra”. Manifestó que Fernández le dijo “hay que resolverlo tenés que abortar”.
Al continuar con el relato de aquella circunstancia, Yañez le dijo al fiscal González: “ahí caí en -quizás- una de las más graves formas de violencia, la reproductiva, ya que a través de sus acciones e incluso sus omisiones (silencio, abandono, desprecio, reproches), fue vulnerando mi autoestima (…) llevándome a tomar la terrible decisión de abortar a mi hijo, y generándome así, graves daños psicológicos y emocionales las que persisten hasta hoy”.
Todas las medidas de pruebas se fundan en una hipótesis inicial que, según la fiscalía, responden a hechos enmarcados en la violencia de género que se sucedieron “bajo una estructura de asimetría” en la que Alberto Fernández realizó “distintos comportamientos penalmente relevantes”. En total: nueve hechos que transcurrieron desde 2016 a 2023.