La polémica modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que restringe el acceso a la misma cuando se trate de «datos privados» de los funcionarios o pueda causar «daños y perjuicios» a las personas y fue fuertemente cuestionada por organizaciones como FOPEA o Poder Ciudadano, fue redactada por una funcionaria cercana al influyente asesor Santiago Caputo.
Se trata de María Ibarzábal Murphy, que había tenido un rol preponderante durante las negociaciones de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Congreso y se desempeña en la Secretaría General de la Presidencia. De acuerdo a una calificada fuente oficial consultada, la actual secretaria de Planeamiento Estratégico normativo y su equipo participaron de la elaboración de la controvertida reglamentación.
Si bien había tenido un paso por el Ejecutivo durante la gestión de Cambiemos como asesora de la Procuración del Tesoro cuando Bernardo Saravia Frías comandaba a los abogados del Estado, en el actual gobierno reporta a Caputo. El asesor presidencial, en lo formal, también fue designado bajo la estructura que lidera Karina Milei. Pero tiene un contrato 1109, los de los vulgarmente denominados «monotributistas», para profesionales que ofrecen «servicios personales destinados a desarrollar estudios o programas especiales».
Como esa, «Mary» Ibarzábal, como la conocen en Casa Rosada, lidera un equipo que trabaja en modificaciones normativas desde la empoderada secretaría General de la Presidencia. Lo extraño del caso es que su función, en ocasiones, parecería ser similar a las de otras oficinas de Jefatura de Gabinete o de la secretaría de Legal y Técnica.
La poda en las obligaciones del Estado en brindar información a sus ciudadanos, en los hechos, se suma a un reciente dictamen de la Procuración del Tesoro que justificó que el Gobierno se negara a brindar información sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Javier Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque aseguró que eran cuestiones vinculadas con el «ámbito privado» del Presidente de la Nación.
En la citada reglamentación, de hecho, se excluyó de la aplicación de la norma «a toda información que contenga datos de naturaleza privada o que carezca de un interés público comprometido, al ser ajenos a la gestión estatal», Es decir, prima una interpretación restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para FOPEA, los cambios «implican un grave retroceso democrático».
En el Gobierno, con todo, aseguraron que la enmienda busca «ordenar» el funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública y de Políticas de Información Pública, un organismo donde ganaron mucho peso «dirigentes de cuño kirchnerista». Durante la gestión de Alberto Fernández esa dependencia era conducida por la ultra K, Beatriz de Anchorena.
En un reportaje emitido el domingo por La Nación+, el propio Milei la volvió a emprender contra la prensa. Y justificó no conceder conferencias de prensa en el hecho que los periodistas no son Personas Políticamente Expuestas (PPE). «Vamos a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. Si quieren pido al Congreso que mande una ley para que los periodistas sean PPE, que presenten DDJJ o sean sometidos al escarnio público», destacó.
Sin embargo, el Presidente parece obviar que Santiago Caputo, quien según dijo integra del «trípode de hierro» del Gobierno -en los hechos interviene activamente en la gestión no sólo en la comunicación-, no es un sujeto políticamente expuesto por el tipo de contrato precario que lo une con el Estado. Por eso, no está obligado a presentar declaración jurada, a seguir las leyes de integridad ni puede ser investigado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF).