Ni bien el presidente Javier Milei estampe su firma en el veto total a la ley que aumenta el financiamiento de las universidades, sectores de la oposición de la Cámara de Diputados solicitarán una sesión especial para insistir en la norma. En paralelo, autoridades y gremios universitarios llamarían a una nueva marcha nacional universitaria para ejercer presión sobre el Gobierno y, sobre todo, para impedir que aquellos legisladores que en su momento apoyaron la ley contradigan ahora su voto, tal como sucedió con la ley jubilatoria.
Milei está decidido a jugar a fondo a riesgo de contravenir una de sus bases electorales –el público joven y estudiantil-, que el 23 de abril pasado se volcó masivamente a las calles en defensa de la educación pública. Más de un millón de personas se movilizaron en aquella oportunidad con un costo político alto para el Gobierno. Empero, el oficialismo cree que podrá neutralizar la ofensiva opositora, tal como lo hizo con la ley jubilatoria, a fuerza de cooptación de votos ajenos para blindar el veto.
La negociación por la ley de presupuesto 2025, que el Presidente presentará este domingo, será una instancia clave en la estrategia oficialista. Los gobernadores, que esperan cobrarse viejas promesas no cumplidas por parte del Poder Ejecutivo –entre obras públicas, subsidios y deudas millonarias con las cajas previsionales no transferidas-, aguardan ansiosos este momento. El financiamiento de las universidades, buena parte de ellas emplazadas en el interior del país, podría ser una de las cartas de negociación entre los gobernadores, ávidos de recursos, y el Poder Ejecutivo, necesitado de votos en el Congreso.
La clave para el éxito del Gobierno será romper aquella homogeneidad que demostró la comunidad universitaria con su enorme capacidad de movilización en la marcha de abril. “La negociación del presupuesto 2025 con los distintos gobernadores y los rectores del interior podría sernos funcional para evitar que sus legisladores volteen el veto”, deslizan en el oficialismo.
Los promotores de la ley quieren, por ello, apurar el tranco y no darle tiempo al Gobierno para dividir el frente universitario. Su problema es que el Presidente tiene diez días para vetarla.
“En cuanto Milei firme el veto habrá diputados de la oposición que pedirán una sesión especial en la Cámara de Diputados para insistir en la ley. Pocos días antes se convocará a una movilización nacional”, indicaron en las usinas del radicalismo que responden a Emiliano Yacobitti -vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y al senador y jefe de la UCR, Martín Lousteau.
“El veto total a la ley es un destrato absoluto a la comunidad universitaria, a los alumnos, a los docentes, no docentes y un golpe grande al futuro y a la calidad educativa. Por lo tanto, con el mismo convencimiento que trabajé el proyecto que terminó convirtiéndose en ley, voy a intentar insistir con los dos tercios de los votos en una sesión especial”, enfatizó la diputada Danya Tavella, autora de la iniciativa y dirigente enrolada en las filas de Lousteau, en Evolución Radical.
Se descuenta, entonces, que la convocatoria a una sesión especial partirá de ese sector de la UCR, el más crítico del Gobierno. Con Lousteau y Yacobitti como sus rostros más visibles, Evolución tiene a la UBA como base de sustentación política, lo que explica por qué el Gobierno señaló a esta casa de estudios como una de las más opacas a la hora de rendir cuentas sobre los recursos públicos que recibe de la Nación. Yacobitti rechazó la denuncia, preanuncio de la fuerte pulseada que lo tendrá como protagonista, junto con Lousteau, no bien Milei estampe el veto a la ley.
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara baja en agosto pasado con 143 votos positivos, 77 negativos y una abstención, la del radical mendocino Lisandro Nieri. Se registraron 35 ausentes, de los cuales la mitad responde al bloque kirchnerista. En esa oportunidad, a diferencia de la ley jubilatoria, el proyecto no cosechó dos tercios de los presentes: faltaron solo cuatro votos.
En un eventual caso de insistencia de la ley, el oficialismo deberá nuevamente reunir un tercio de voluntades para blindar el veto. Habrá que ver si en esta oportunidad logra replicar el triunfo que obtuvo el miércoles pasado cuando contó con el apoyo de una quincena de diputados -cinco radicales conversos y una decena de legisladores provinciales- que cambiaron su voto.
“Esta vez es distinto: la universidad pública es una bandera de nuestro partido”, se ataja uno de los diputados radicales que fue parte del grupo que se retrató con el presidente Milei en las vísperas de la sesión sobre la ley jubilatoria.
Esta misma cautela exhiben en la bancada de Innovación Federal; sus ocho legisladores -que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro- fueron también fervientes impulsores de la ley ante la situación de asfixia presupuestaria de las universidades emplazadas en sus provincias.
“Veremos cómo viene el presupuesto el año próximo”, indican.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anticipó en Radio Mitre que la asignación presupuestaria para las casas de altos estudios para el año próximo tendrá un refuerzo importante, respecto de la de este año, aunque no será exactamente la que reclamaron los rectores.
El funcionario insistió en que el financiamiento que propone la ley “es completamente inviable” y que los sueldos docentes tuvieron un aumento acumulado del 81,44%, por encima del promedio del resto de los trabajadores del Estado.
“Es una burla. Los sueldos de los docentes y no docentes perdieron entre el 35 y el 55% de su poder adquisitivo”, replicó Yacobitti.