La Justicia avanza en una investigación contra un ex funcionario de La Cámpora que estuvo a cargo del área de Pesca y que fue denunciado por uno de los empresarios más fuertes del sector por amenazas y coacción. La causa, que arrancó el año pasado cuando Alberto Fernández aún era presidente, se inició cuando Fernando Álvarez Castellano, dueño de Conarpesa y Agropez, denunció al entonces subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, por impulsar una persecución en contra suya y de sus compañías desde el área que manejaba. La maniobra, según le dijo a la Justicia, incluyó multas, inspecciones y hasta discriminación.
Según la denuncia que inició la investigación, el objetivo final del ex funcionario K era perjudicar a las empresas para que «abandonen el país». Incluso llegó a agredir al empresario por su nacionalidad. Álvarez Castellano es español, pero desde hace 30 años está instalado en Argentina y cuenta con DNI y pasaportes locales.
El episodio más fuertes de las amenazas contra Álvarez, y que fue lo que lo impulsó a radicar una denuncia en la Justicia, se produjo el 4 de octubre de 2022 dentro del Gran Hotel Nagari, en la ciudad de Vigo, en España, donde se realizaba una feria del sector pesquero en la que había empresarios y funcionarios de diversos lugares del mundo.
El empresario pesquero Fernando Álvarez Castellano.Liberman, que desde hacía meses venía ejecutando una persecución contra la compañía de Álvarez que incluía multas arbitrarias y el quite de permisos, se cruzó al empresario en el lobby del hotel y le gritó: «El langostino es de los argentinos y yo soy el que lo maneja» y luego agregó en tono desafiante: «Te voy a echar a patadas de Argentina a vos y a todos los gallegos de mierda como vos».
En la denuncia que presentó en la Justicia, el empresario relató que esa agresión fue delante de varios testigos. «Fue oído por todos los que se encontraban en el lugar, incluyendo a inversores españoles, en una actitud por parte del señor Liberman -representante de la Argentina- xenófoba, discriminatoria y que corroboró mis sospechas de que había una persecución especial contra mi persona y contra la empresa que presido».
Tras contestarle que tenía DNI y pasaportes argentinos, el funcionario camporista insistió desencajado: «En Argentina mandamos nosotros y te voy a perseguir hasta que te vuelvas a España, gallego de mierda».
La mayoría de los testigos de la escena ya declararon en la causa. Incluso el empresario aportó una filmación -de una de las cámaras de seguridad del hotel español- donde se ve el episodio violento. El caso lo llevan adelante el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Sebastián Ramos que deben definir si llaman a indagatoria al ex funcionario K que está imputado por los delitos de amenazas, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Liberman es integrante de La Cámpora. De buen vínculo con Máximo Kirchner, ocupó el cargo de secretario de Pesca en Santa Cruz hasta que Alberto Fernández llegó a la presidencia. Su nombre para ocupar el cargo en la subsecretaría de Pesca de la Nación fue aportado por los Kirchner (Maximo y Cristina), según dirigentes del peronismo que estuvieron al tanto de la repartición de cargos en el arranque del Gobierno del Frente de Todos.
Liberman, que dejó su cargo cuando llegó Javier Milei a la Casa Rosada, hoy ocupa un cargo en el Consejo Federal Pesquero, un organismo estatal que tiene representación de las provincias vinculadas al sector. Es Director Suplente en representación de la Provincia de Buenos Aires que maneja Axel Kicillof. Consultado por Clarín, Liberman evitó contestar.
Más presiones
Los gritos y amenazas no fueron las únicas acciones que impulsó Liberman contra Conarpesa y Álvarez. El combo se completaba con una serie de multas arbitrarias, inspecciones sin justificación y todo tipo de trabas que incluían no aprobarle planes de inversión sin una justificación válida. «A principios de 2022 empece a notar que desde la Subsecretaría de Pesca de la Nación comenzaron a realizar inspecciones y controles al arribo de nuestros barcos a los puertos de las ciudad de de Rawson y Puerto Madryn que derivaban en sumarios y multas», narró el empresario en su denuncia.
Al principio los episodios fueron tomados como «hechos aislados», pero luego las inspecciones «realizadas en forma maliciosa e intencionada para iniciar sumarios injustificados comenzaron a llamarme la atención por la forma de las mismas, su cantidad, su repetición constante y por el tenor de la metodología utilizada», sostuvo Álvarez.
El camporista Carlos Liberman y quien era su segundo en el área de Pesca, Julián Suárez.Hubo consultas con las compañías competidoras del sector para saber si las demás pesqueras estaban recibiendo las mismas inspecciones. «Para mi asombro -describió Álvarez- descubrí que esto no ocurría de esa forma ya que las demás empresas no recibían la cantidad de inspecciones, multas y sumarios que se hacían a los barcos de Conarpesa».
Las multas eran, supuestamente, por bajar de los barcos cajones con langostinos con más peso del permitido. Cada bulto puede pesar hasta 18 kilogramos. Hubo multas por un presunto sobrepeso de 200 gramos, aunque nunca pudo ser corroborado porque no había pesas en los puertos para mensurar la mercadería.
En total le llegaron a labrar sanciones por casi 100 millones de pesos en 2022. En el medio hubo un extraño episodio con Julián Suárez, quien era el segundo de Liberman en la secretaría de Pesca. En un encuentro le habría ofrecido al empresario aceptar las multas para obtener una quita del valor de las mismas. A cambio, el funcionario le ofrecía terminar con los sumarios y sanciones. Desde la empresa se negaron y sostuvieron que era una forma de aceptar que las multas eran correctas.
Hoy Liberman desde su cargo en el Consejo Pesquero Federal sigue teniendo influencia en el área. En paralelo, la Justicia avanza.