El grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso al aborto legal y a anticonceptivos generado por el Gobierno de Javier Milei, será expuesto este jueves en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organizaciones de la sociedad civil argentinas darán detalles del desfinanciamiento y del cierre de programas en una audiencia temática, en el marco del 191° período de sesiones del organismo.
La audiencia fue convocada en Washington DC, a pedido del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps). Se podrá seguir en vivo a partir de las 16 hs (hora argentina) a través de Zoom, con inscripción previa.
En el marco de este período de sesiones de la CIDH hay otras dos audiencias temáticas sobre Argentina: una sobre la situación en los comedores comunitarios y otra sobre las políticas de memoria, verdad y justicia. Es inusual que el organismo conceda en el mismo período más de una sesión temática sobre el mismo país. Esta excepción muestra la preocupación de la CIDH por los retrocesos en derechos humanos registrados desde que asumió Milei. Las ONGs buscan darle visibilidad internacional y que desde la CIDH se inste al Estado a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y en particular de las mujeres y diversidades.
En la audiencia, participará una delegación del Estado argentino que tendrá la oportunidad de responder a los cuestionamientos y denuncias. No se sabe aún quién la encabezará de parte del Gobierno. Luego, las representantes de las ONGs tendrán derecho a réplica.
“Es importante visibilizar los retrocesos en la mirada estatal de la desigualdad de género de este Gobierno. En Tucumán tuvimos 3 femicidios un mismo fin de semana y en todos hubo denuncias previas mal gestionadas”, señaló a Página12 la abogada Soledad Deza, titular de Mujeres x Mujeres, de Tucumán. “Estamos además defendiendo a “Eva”, criminalizada por una emergencia obstétrica ocurrida dentro de un hospital público del interior, en circunstancias idénticas a Belén, pero cuando pensábamos que eso no ocurriría más. Se ha endurecido la objeción de conciencia para garantizar IVE/ILe y hay menos profesionales dispuestos a asegurar abortos legales. En paralelo el desabastecimiento de insumos anticonceptivos crece tan rápido como la pobreza y eso proyecta desventajas en niñas, adolescentes y mujeres. El panorama es desolador”, agregó Deza.
Ante la CIDH, las ONGs darán precisiones sobre el desmantelamiento institucional, el recorte presupuestario, el desprestigio de las instituciones de género, y la reducción de personal mediante despidos masivos. Este deterioro incluye la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y, en particular, el vaciamiento de programas esenciales como la Línea 144, el Programa Acompañar, los dispositivos de acompañamiento integral y políticas de prevención como la implementación de la Ley Micaela. Además, se referirán a la paralización total de distribución de insumos esenciales para la interrupción voluntaria del embarazo y a la falta de diversos métodos anticonceptivos, además del desfinanciamiento del Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), una política pública de eficacia comprobada en la reducción de embarazos no intencionales en la adolescencia. Y a ello se suma la criminalización de emergencias obstétricas en algunas provincias, como señala Deza.
«El desmantelamiento del Plan ENIA implica no solo dar marcha atrás con los logros obtenidos, sino dar la espalda a las infancias y sus trayectorias de vida. Por eso la audiencia ante la Comisión Interamericana es una instancia clave para que el Estado argentino rinda cuentas ante este retroceso que podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos”, dijo a este diario Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
Mayca Balaguer. de Fundeps, destacó que todos los retrocesos que denunciarán tienen efectos prácticos que perjudican la vida de las mujeres y diversidades de manera tangible y real. “Y además, responden a una postura antifeminista que se refuerza a nivel cultural y comunicacional. Solicitaremos que la Comisión tome nuestro reporte y exhorte al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones, manteniendo estas políticas fundamentales”.
El aumento de la violencia de género será otro de los ejes de la presentación de las ONGs ante la CIDH: De acuerdo con los relevamientos de la sociedad civil, en los primeros 6 meses del año 2024 hubo un femicidio cada 29 horas, lo que refleja un aumento en relación al 2023 cuando ocurrían cada 35 horas. A pesar de que los datos reflejan una problemática generalizada, de alta prevalencia y características estructurales, el gobierno nacional niega la existencia de la violencia de género, advertirán las ONGs.
“Cada vez que tiene oportunidad, el Gobierno insiste en la eliminación en instrumentos internacionales de términos como ‘género’ y ‘población LGBT+’ y hasta predica en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en espacios internacionales. Es decir, mientras se acerca a la agenda global de extrema derecha, se aleja de espacios de coordinación y de negociación internacional claves para promover el respeto a los derechos de mujeres y diversidades. Es importante que la CIDH pueda observar esta conducta del gobierno y las consecuencias materiales que tiene para la vida de mujeres y personas LGBT+”, indicó a Página12 Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda transversal feminista del CELS.