El contrabando de celulares en la Argentina creció significativamente este año. Si bien se registra una tendencia regional –ya que el fenómeno también alcanza a Brasil–, por el volumen de los correspondientes mercados afecta mucho más a nuestro país.
A principios de noviembre, la Cámara de Informática y Comunicaciones se quejó ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor por lo que considera un flagelo que pone en riesgo la continuidad de la actividad legal y también de los puestos de trabajo.
Por cada aparato comprado en el mercado ilegal, se vende uno menos en el comercio habilitado. La relación es directa. Eso explica que ahora se haya sumado a los reclamos la propia cadena de comercialización.
Según datos a los que accedió La Voz, entre 2015 y 2019 entraron ilegalmente al país entre dos millones y tres millones de celulares por año, lo cual representa entre el 20% y el 25% del mercado argentino. Pero este año, de acuerdo con un informe que circula entre los distribuidores de Córdoba, ingresarían siete millones de aparatos. La caída del mercado legal de smartphones fue superior al 60% durante el primer semestre de este año, en comparación con el primer semestre de 2023.
En semejante caída, pudo intervenir la recesión. Pero si el contrabando se ha expandido en las proporciones que sospechan productores, distribuidores y comerciantes, es por falta de controles estatales apropiados. De paso, el dólar barato operaría a favor, al aumentar los potenciales beneficios frente a los relativamente bajos riesgos.
A ese cuadro deberíamos sobreimprimirle la situación política: el presidente Javier Milei ha elogiado en numerosas oportunidades a los contrabandistas por saber evadir los controles del Estado, que –ha dicho– es una organización criminal que se mantiene por medio de los impuestos que nos obliga a pagar.
Ante esa inversión teórica de los valores tradicionales de nuestro marco jurídico, ¿a quién debe proteger el Estado en la práctica? Porque del mismo modo que el contrabando pone en peligro la actividad comercial legal y le resta ingresos al Estado, también perjudica a los usuarios de los bienes adquiridos ilegalmente.
Quienes adquieren los celulares contrabandeados pueden decidir su compra por la diferencia de precio. Pero acaso ignoren que quedan a merced de innumerables consecuencias negativas. Un celular no legal no cuenta con cargador certificado bajo normativa de seguridad eléctrica, ni garantías ni soporte técnico. Tampoco ha sido homologado por el Enacom.
La Cámara de Informática y Comunicaciones ha pensado la puesta en vigencia de un sistema que obligue a los licenciatarios de telefonía móvil a no activarles el servicio a los clientes en celulares no comercializados de manera legal. Los clientes de las telefónicas, entonces, deberían verificar el origen del equipo presentando la factura legal emitida por el vendedor. Así, quienes traigan un celular del exterior, pero no lo declaren ante la Aduana, no podrían activarlos.
¿Coincide esta lógica comercial con la lógica del actual Gobierno? La tendencia del oficialismo es a la desregulación de los mercados, cuando aquí se solicita una regulación que, además, marca una frontera precisa entre lo legal y lo ilegal.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor debiera dar una pronta respuesta, privilegiando el bien común.