La noticia del día es que MSM, el adolescente de 15 años que durante 2024 obligó a 19 intervenciones policiales, judiciales y de la Senaf por faltas y delitos, fue nuevamente detenido porque se fue de la residencia en la que tiene que residir, fuera del área de exclusión de barrio Marqués Anexo.
Lo que no se conoció es que esto generó un nuevo tenso intercambio entre el Ministerio de Desarrollo Humano, que comanda Liliana Montero, que pidió que se le coloque una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos, y la Justicia Penal Juvenil, que lo rechazó.
Este lunes la Senaf pidió a la jueza Daniela Bianciotti la autorización para colocar “un dispositivo dual”, que es como se conoce técnicamente a las tobilleras electrónicas. En el pedido se detalla que de ese modo el joven iba estar monitoreado de manera regular y constante, por el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. La jueza se declaró incompetente y derivó el pedido al sistema de protección de derechos.
Montero dijo a La Voz que solicitó este permiso “para cumplir una de las indicaciones que dio Penal Juvenil, que es la restricción de acercamiento a un barrio de Córdoba” y entendió que una tobillera es un dispositivo de control, no de coerción, como entendió la Justicia.
El adolescente está alojado en un dispositivo especial de la Senaf en una ciudad del Gran Córdoba. A pesar de que ya se difundió por otros medios su locación, la indicación para este tipo de casos es no precisarlo.
En ese lugar -donde MSM pasó 15 días sin incidentes- tiene acceso a acompañamiento terapéutico personalizado y un espacio de escucha y reflexión orientado al consumo problemático de sustancias. También tiene acceso a actividades como taller de panificación, huerta orgánica y actividades externas obligatorias con acompañamiento de personal asignado (como retomar su escolaridad.
Además, cuenta con monitoreo regular permanente por parte de la policía de la provincia de Córdoba. “No obstante todas las medidas enunciadas, se ha retirado sin autorización de este lugar , siendo nuevamente aprehendido a la brevedad”, admitió la Senaf.
“Teniendo que estamos frente a un adolescente con manejo autónomo, que se expone constantemente a situaciones de riesgo, sin toma de dimensión de lo que podría ocasionar para si y para terceros, es que solicitamos esta medida innovativa de seguridad, para realizar un control más exhaustivo del mismo”, fundamentan desde el ministerio.
Como Desarrollo Humano no dispone de estos dispositivos, Senaf detalló que se solicitó al Ministerio de Justicia su provisión.
Para Montero, una tobillera podría actuar, también, como un elemento simbólico. Un recordatorio en el cuerpo de un límite. “Lo voy a decir antes que como ministra, como psicóloga: este chico está todo el tiempo tratando de romper el límite”, consideró.
La jueza Biaciotti respondió declarándose incompetente. Y remitió el pedido de la Senaf al Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, que es el “competente para realizar el control de legalidad de esas medidas”. Según fundamentó la jueza, “los Jueces de Niñez, Adolescencia y Familia son competentes para conocer y resolver en las medidas de coerción indispensables, a requerimiento del órgano administrativo de protección, para hacer efectivas las medidas excepcionales que hubiere dispuesto”.
MSM obligó a una nueva intervención de la Policía luego de retirarse junto a otros tres adolescentes -dos de 16 y uno de 17- del establecimiento el lunes por la mañana. Tres de los jóvenes fueron detectados y regresados al organismo, pero no el cuarto.
Ante la falta de respuestas judiciales, Senaf pidió y desde anoche ya cuenta con custodia policial permanente en la residencia. Si bien técnicamente no está privado de su libertad, MSM tampoco puede moverse con total autonomía puesto que está bajo el cuidado y la responsabilidad del Estado, que a su vez tiene que garantizar una orden de restricción de acercamiento a un determinado territorio: el barrio Marqués Anexo, de donde es oriundo el joven.
El nuevo ida y vuelta con la Justicia provincial es la continuidad de otro intercambio que se dio cuando Senaf solicitó que la Justicia habilitara como medida “excepcionalísima” la posibilidad de alojar al joven bautizado con alias épicos en un dispositivo en el que “su externación no sea voluntaria”.
La jueza Penal Juvenil Ileana Benedito ratificó que no existe en la legislación vigente ninguna excepción que justifique el encierro de un menor de 16 años y, por lo tanto, no punible. Y entre sus fundamentos, citó una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del 29 de octubre, en la que reitera lo que ya viene opinando desde 2021 y que en este caso, en el análisis de la situación de otro chico de 15 años, vuelve a decir que no hay ningún margen para tratar a un adolescente no punible en un régimen de privación de la libertad.
Por este caso, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, anticipó que enviará a la Legislatura un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil, para ofrecer a los jueces las herramientas que afirman no tener a fin de habilitar una medida excepcional para un caso excepcional, como es el del chico de 15 años.
Este proyecto contendrá la posibilidad de utilizar dispositivos duales para casos complejos, como una instancia previa a la medida excepcionalísima de institucionalización en espacios cerrados, que se reservará siempre como última carta.
Una problemática en Córdoba
El del joven no es el primer caso, y posiblemente tampoco será el último, ya que actualmente existen 118 adolescentes no punibles que deben ser monitoreados por Senaf por disposición judicial, y en tres casos, de gran complejidad, estos jóvenes fueron ingresados en un programa piloto de un dispositivo sin externación voluntaria. Esto que no se puede hacer y que se negó para el joven a quien la jueza Benedito sólo le impide una cosa: que vuelva al barrio Marqués Anexo, de la ciudad de Córdoba.