Una información publicada en el diario El Mundo la noche del 13 de marzo, sobre la posibilidad de un pacto entre la Fiscalía y el empresario Alberto González Amador –actual pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso– que evitaría llevarle a juicio por fraude fiscal, ha terminado originando un procedimiento en el Tribunal Supremo sin precedentes en nuestra democracia, pues el principal investigado no es otro que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Esta noticia, que atribuía al Ministerio Público la iniciativa del acuerdo, y el interés de la Fiscalía General en rebatir lo que calificó de «bulo», dio lugar a un intercambio de correos y mensajes entre altos funcionarios para la elaboración de una nota de prensa que es investigado ahora como revelación de secretos.
En el origen de todo este embrollo jurídico se encuentra, según la defensa, la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, que ha sido llamado este martes ante el instructor de la causa, Ángel Hurtado, en calidad de testigo, es decir con obligación de decir verdad. La Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, le apunta como posible responsable de la filtración del correo electrónico en el que la Fiscalía de Madrid respondía a la propuesta del empresario de llegar a un acuerdo , junto a un comentario relativo a que al fiscal del caso, Julián Salto, le habrían prohibido «desde arriba» cerrar el pacto para perjudicar a la pareja de la presidenta.
Por estos extremos será interrogado junto a dos periodistas: Esteban Urreiztieta (El Mundo) –que fue el primero en informar del pacto, pero atribuyendo su iniciativa al fiscal del caso, Julián Salto– y Alfonso Pérez Medina (La Sexta) –que dio cuenta horas después del comunicado original que el abogado del empresario remitió a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, en el que reconocía dos delitos contra Hacienda y ofreciendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo–. Es muy probable que se acojan a su derecho a no revelar sus fuentes.
El juez Hurtado les citó al considerar imprescindible escuchar sus testimonios y el de los fiscales y responsables de comunicación de fiscalía que tuvieron relación con la nota de prensa que se difundió, antes de llamar a declarar a los propios investigados: el fiscal general y la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
La nota de prensa, que contenía datos extractados del correo electrónico en el que el abogado Carlos Neira proponía el acuerdo, dio lugar a una gran polémica política y originó la interposición de querellas contra la responsable de la Fiscalía Provincial y el fiscal Salto tanto por parte de Alberto González Amador como por el Colegio de la Abogacía de Madrid, que vio en lo ocurrido un ataque intolerable al derecho de defensa.
La instrucción se desarrolló inicialmente en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, donde declararon los dos miembros del Ministerio Público señalados, pero también otros altos cargos, como la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que también comparecerá en el Supremo. En el TSJM Lastra explicó y aportó comunicaciones telefónicas en las que se podía comprobar que nunca estuvo de acuerdo con la inclusión de determinados datos en la nota de prensa. Los indicios aportados empezaron a señalar ya a la posible responsabilidad de lo ocurrido del fiscal general – que es aforado ante el Tribunal Supremo-, que terminó asumiéndola públicamente en un acto.
A mediados de julio el magistrado instructor de esta causa en el tribunal superior madrileño, Francisco Goyena, elevó al Supremo una exposición razonada atribuyendo indiciariamente a García Ortiz un delito de revelación de secretos. Pese a lo inédito de la situación y las peticiones de dimisión tanto desde un importante sector de la Fiscalía como por parte de los grupos políticos en la oposición, el fiscal general sigue en su puesto y defiende de forma rotunda su actuación en este asunto.
La razón de elevar este asunto al Supremo es que el magistrado consideraba que «la elaboración, publicación y difusión de la nota» informativa en cuestión «excedió del ámbito de decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid. Más allá de esto, contó con el explícito consentimiento e indicaciones, incluso con el apremio, de la Fiscalía General del Estado».
La causa fue admitida contra el fiscal general, pero no por la nota de prensa en sí, porque la Sala Segunda consideró que no revelaba dato alguno que no se hubiera conocido antes por los medios de comunicación. De ahí que la instrucción se centró en el intercambio de correos mantenidos entre el fiscal Salto y el abogado Neira que la fiscal Provincial reclamó a su subordinado mientras este disfrutaba de un partido de fútbol, que tuvo que abandonar para poder cumplir con el requerimiento recibido.
En ese contexto, la primera diligencia acordada por el magistrado fue ordenar el registro del despacho del fiscal general y de la fiscal Rodríguez, así como proceder a la intervención de sus comunicaciones entre el 8 y el 14 de marzo. El informe realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el teléfono de la fiscal jefa Provincial apuntaba a que el fiscal general había tenido «un papel preeminente» en la revelación de secretos investigada. No obstante, el terminal del propio García Ortiz no contenía mensaje alguno, lo que desde el ministerio público se justificó en un protocolo de protección de datos que, al menos, la responsable provincial incumplía, porque ella sí había conservado las conversaciones mantenidas con el que denominaba «equipo Fortuny», por el nombre de la calle donde se encuentra la Fiscalía General del Estado.
A partir de ahí las diligencias se han centrado en tratar de avanzar en el contenido borrado. Así, la UCO ha informado al instructor de que el fiscal general cambió de terminal telefónico el pasado 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal abriera la causa contra él. Y la última prueba acordada por el magistrado ha sido solicitar a los agentes un nuevo informe, esta vez sobre la posibilidad de recuperar el contenido de los mensajes de dos números de teléfonos móviles vinculados a Álvaro García Ortiz. También ha requerido a dos operadoras telefónicas que le faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas desde las tarjetas personal y profesional con las que contaba el fiscal general. Las testificales que comienzan este miércoles vienen a completar las diligentes puramente técnicas ya en marcha.
Una vez la causa llegó al Supremo, y además de la pareja de Ayuso y el Colegio de la Abogacía de Madrid, también acusan al fiscal general y Pilar Rodríguez la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y dos asociaciones de corte ultra. La causa ha llegado a implicar a personal en Moncloa tras conocerse que el exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato –que ya ha declarado como testigo– acudió a un notario para dar fe del envío por parte de una asesora de Presidencia del correo de la defensa del novio de Ayuso para que lo utilizara en un debate contra la presidencia.