La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha señalado en redes sociales que el Gobierno de España «debe cumplir la Convención de Derechos del Niño y aplicar la excepción del Convenio de La Haya, denegando la entrega» de Daniel», hijo menor de Juana Rivas, a su padre.
La que fuera ministra de Igualdad apuesta por denegar la entrega de Daniel a Francesco Arcuri para así «protegerle del grave peligro -reconocido por la justicia española- que supone volver con su padre».
Así lo ha manifestado después de que la Sección Civil de la Corte de Apelaciones de Cagliari haya decretado la vuelta a Italia del hijo menor de Juana Rivas, tras conceder su custodia exclusiva al padre.
En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal italiano también dispone que, a partir de ahora, todas las visitas del niño con su madre o con su hermano sean en Italia. Consideran que «lo acontecimientos recientes han dejado claro» que ya no puede ser de otra manera.
En España desde Navidad
Hasta ahora, el menor podía visitar a su familia materna en España. De hecho, permanece con su madre Maracena (Granada) desde las últimas vacaciones de Navidad. Aprovechando la visita, y después de acudir a distintas instancias judiciales, el equipo legal de Rivas consiguió el 7 de enero que el niño fueea escuchado por una jueza en Granada. Esta, con el apoyo de la Fiscalía, determinó que Daniel podía quedarse por el momento con su madre.
Por su parte Arcuri, que está procesado por maltrato en Italia, había denunciado a Rivas ante los tribunales italianos por sustracción de menores tras expirar el plazo del fijado por la Corte de Apelación de Cagliari para que su hijo regresara a Italia con él.
En España, este mismo lunes el Juzgado de Violencia contra la Mujer núm. 1 de Granada archivaba la denuncia por violencia vicaria que interpuso Rivas contra su expareja, al que acusa de «utilizar» a sus dos hijos para «dañarla». En el auto, la magistrada argumenta que todos los hechos relatados en la denuncia «han sido ya denunciados y se encuentran judicializados en distintos procedimientos penales».