El ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, cuestionó en las últimas horas la decisión de Javier Milei de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema y calificó la actitud del presidente como “horrible”.
En una entrevista con LN+, Maqueda justificó su postura argumentando que la decisión del Poder Ejecutivo se tomó a solo tres días del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso.
Según Maqueda, no existe ningún fundamento constitucional para justificar esta acción, y los pliegos deberían seguir siendo debatidos en el Senado en busca de un acuerdo.
Maqueda también señaló que la forma en que Milei nombró a Lijo y García-Mansilla “da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad”.
Aunque reconoció que el artículo 99 inciso 19 de la Constitución podría interpretarse como habilitante, advirtió que esta acción podría ser cuestionada judicialmente.
Para Maqueda, puede definir el Senado
El ex juez enfatizó que el Senado tiene la potestad de rechazar estas designaciones y que existen antecedentes jurisprudenciales que respaldan esta posibilidad.
“El Senado puede convocar al tratamiento de los pliegos en cualquier momento, y su resultado dirá si esos jueces siguen o no en la Corte”, remarcó.
Maqueda estableció diferencias entre las designaciones de Lijo y García-Mansilla con los nombramientos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante la presidencia de Mauricio Macri.
En aquel entonces, el decreto de designación contemplaba el envío de los pliegos al Senado. Además, Macri realizó estas designaciones a los diez días de haber asumido, mientras que Milei lo hizo a tres días del inicio de las sesiones ordinarias.
Según Maqueda, tanto Rosatti como Rosenkrantz cumplieron con la manda constitucional al presentarse ante el Senado durante varios meses, lo que permitió su integración a la Corte en paridad con los demás miembros.
Antecedente
Esta no es la primera vez que Maqueda critica públicamente a Milei.
Anteriormente, cuestionó la “falta de calidad institucional” del Gobierno y el “lenguaje de descalificación” del Presidente hacia quienes no piensan como él.