El Gobierno -junto con sus aliados- volvió a empujar la agenda de seguridad en la Cámara de Diputados. Luego de la sanción de dos leyes de reforma del Código Penal y Procesal Penal en sesiones extraordinarias (ley Antimafias y reformas de reiterancia y reincidencia), y del anuncio del propio Javier Milei, el oficialismo retomó el debate del Régimen Penal Juvenil. El encuentro fue de calidad informativa y volverá a ser convocado en las próximas semanas.
La centralidad del debate, que se dio en un plenario de miembros de cuatro comisiones (Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Familia y Niñez), se encuentra en torno a la edad de imputabilidad. Confluyen tres posturas: la del Gobierno nacional, que propuso bajarla a los 13 años, la de un amplio espectro de aliados oficialistas y otros bloques, que consensuan establecerlo en los 14 años, y la de la oposición peronista y del Frente de Izquierda, que quieren conservarla en los 16 años. En torno a esa discusión se establecerá el dictamen de mayoría, aunque no existe claridad entre los parlamentarios sobre cuánto tiempo tendrán los distritos para adecuarse a la ley.
La postura unánime de todos los bloques apunta a la necesidad de reformar el actual Régimen Penal de Minoridad (Ley 22.278), implementada por decreto en 1980 durante la presidencia del dictador Jorge Videla. También la mayoría de los proyectos piden fortalecer los programas socioeducativos en los centros cerrados de jóvenes, desplegar instancias intermedias a la reclusión como métodos de sanción e invertir en la construcción de infraestructura para los adolescentes.
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Autoridades de las distintas comisiones que confluyeron en el plenario de debate de Reforma Penal Juvenil.
Baja de imputabilidad
Dentro de las intervenciones, la cordobesa Soledad Carrizo tomó la palabra como representante de la Unión Cívica Radical y consideró que «el debate está agotado y tenemos que avanzar en un dictamen en los meses restantes». «Tenemos en claro que la pena en la cuestión de los jóvenes tiene que tener una finalidad reeducadora y resocializadora», aclaró, pero insistió en que «hay una realidad en la sociedad, de que hay víctimas destrozadas que han vivido situaciones horrorosas en manos de los jóvenes».
Uno de los bloques que plantea mayores observaciones es la Coalición Cívica, en donde la bonaerense Marcela Campagnoli calificó al pedido presidencial como «medida tribunera» y subrayó que «necesitamos lugares de alojamiento adecuados porque les recuerdo que no hay plata. ¿Dónde los vamos a meter hoy a los menores? ¿Con los adultos?«. «Todos tendremos que ceder en algo si queremos tener la voluntad de dar una respuesta para la sociedad o solamente salir en los medios cada vez que tenemos un hecho lamentable», señaló.
Como expresión del rechazo, dos diputados del Frente de Izquierda. La bonaerense Mónica Schlotthauer criticó que «en vez de estar viendo cómo se le manifiestan los derechos reales a los pibes que dicen la Constitución y de dónde sacamos la plata para eso, estamos viendo en dónde los metemos presos«. «Pareciera que no existieron las reuniones previas, en las que vinieron especialistas del tema y hubo prácticamente unanimidad de todas las personas que investigan el tema en decir en que la baja de imputabilidad es perjudicial para el problema», añadió el bonaerense Christian Castillo.
A su turno, el neuquino Osvaldo Llancáfilo (Innovación Federal) anticipó que su bancada acompañará la baja de imputabilidad a los 14 años y pidió una rápida aprobación: «Me parece que es un buen paso para dar una respuesta a una cuestión coyuntural». Asimismo recordó que «tenemos una crisis carcelaria» y que reclamará «asignación de recursos para la resocialización y rehabilitación de esas personas en conflicto con la ley», pero que «en nombre de aquello no podemos dejar impune casos que tienen que ver con jóvenes de 14 y 15 años que tienen plena consciencia».
Una voz esperada fue la del bonaerense Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), una de las disidencias dentro del unánime rechazo del peronismo a la baja de imputabilidad. En una breve alocución, insinuó su acompañamiento: «Se necesita determinar una implementación real, posible y financiada. Si hay régimen, si hay órganos, si hay medidas y hay financiamiento imputado, estaremos poniendo una medida que nos puede ayudar a todos y lograr algún tipo de consenso mayoritario».
La bancada Democracia para Siempre, de radicales opositores, también no sentó postura homogénea. Una de sus referencias de rechazo es la del formoseño Fernando Carbajal, quien opinó que «esto en términos de políticas de seguridad va a tener un impacto igual a cero», pero remarcó que «es necesario discutir nuestro régimen de menores porque tiene falencias». «No puedo sustraerme del contexto político en que esto se plantea: la de un Gobierno que ha logrado sancionar una ley de reiterancia, que es un retroceso notable, y que tiene una ministra de Seguridad que ahora propone como solución poner preso a las personas que tienen consumos problemáticos».
Para concluir, el jujeño Manuel Quintar (La Libertad Avanza) reconoció que «hoy venía con mucha intención de que dictaminemos», pero le atribuyó su imposibilidad a la convocatoria para una sesión especial que investigue la estafa $LIBRA: «Tenemos que cortar para que alguno saque un votito más». «Una ley no soluciona la vida, […] pero tenemos que dejar un mensaje claro y rápido», interpretó.