Junts ha logrado el apoyo del PSOE, PP y Vox para que el Congreso acepte a trámite una proposición de ley para desalojar okupas en 48 horas. Los socialistas, desmarcándose del resto de socios del bloque de la investidura, a excepción también del PNV, han respaldado la iniciativa de los posconvergentes, aunque han sostenido que la derecha no hace más que «meter miedo» con el discurso de la ocupación de viviendas cuando «los datos no corroboran para nada esta situación».
La diputada de Junts Marta Madrenas ha asegurado ante el pleno de la Cámara Baja que la ocupación de viviendas es un problema de primer orden y que no se puede situar la responsabilidad en los particulares que tienen una vivienda y la ven usurpada. La proposición de ley de Junts plantea una reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para agilizar los trámites en caso de allanamiento de la morada o usurpación de una vivienda vacía con el objetivo de potenciar la adopción de medidas cautelares y establecer una medida cautelar urgente de desalojo, cuando se interponga la correspondiente denuncia.
Así, la intención de los posconvergentes es que la recuperación del inmueble se produzca en un plazo máximo de 48 horas y que no haya dilaciones «por la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales del inmueble». En este sentido, Madrenas ha sostenido que hay que evitar que «la protección de la vulnerabilidad recaiga solo en los propietarios». «El sentido común nos debería impedir justificar que para garantizar un derecho humano se pueda pisotear otro», ha dicho, en referencia al derecho a la propiedad privada.
Diferencias en el bloque
Más tarde, el diputado del PSOE Guillermo Hita ha reconocido que la propiedad privada debe ser protegida como derecho que es, pero que esto «no supone una solución en sí misma al problema de la vivienda». Además, ha echado por tierra los argumentos alarmistas de la derecha, asegurando que el ordenamiento jurídico actual tiene «mecanismos suficientes» para hacer frente a las situaciones de ocupación. Aun así, el propio Hita ha admitido que la legislación actual es «susceptivle de mejorar teniendo en cuenta la preocupación social».
Por ello, los socialistas han dado apoyo a la norma de Junts, aunque dejando claro que registrarán enmiendas para mejorar el texto durante la tramitación parlamentaria. En contra se han mostrado todos los socios de izquierdas del Gobierno, incluido Sumar. Tanto la formación de Díaz como ERC y EH Bildu han desmontado los datos sobre ocupación, asegurando que solo afectan al 0,06% de la población española y avisando de que el único objetivo de la derecha es hacer creer a la ciudadanía que el principal problema del país es que «los probres ocupen casas de otros pobres».
El PP, que también ha dado apoyo a la iniciativa, ha denunciado que ya impulsaron una norma similar hace meses pero que está ha sido bloqueada por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso. Una ley que, según su diputada Cristina Agüera, hubiera acabado ya con las ocupaciones ilegales. «Un ocupa tiene mayor protección que aquel a quien le roban su casa», ha sentenciado antes de señalar que se trata de «uno de los problemas más graves que sufren miles de familias» en España».