El acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sostener el superávit fiscal en 2025 representa un desafío significativo en términos de ajuste económico y gestión de los recursos públicos. Este plan, que busca consolidar la estabilidad macroeconómica, implica una serie de medidas destinadas a reducir el gasto público y optimizar los ingresos, mientras se enfrenta a las presiones inflacionarias y las demandas sociales.
El Ministerio de Economía acumuló un superávit primario de $4,5 billones en el primer trimestre del año y se ha fijado la meta de alcanzar los $6 billones para mayo, como parte del programa firmado con el FMI. Este objetivo forma parte de un compromiso más amplio de lograr un superávit primario del 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) para el año, aunque el Gobierno ha anunciado su intención de elevar esta cifra al 1,6% del PBI.
El acuerdo también incluye reformas estructurales en áreas clave como el sistema tributario, la coparticipación de ingresos y el sistema jubilatorio. Estas reformas buscan mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
El plan acordado con el FMI establece una hoja de ruta para identificar los rubros del gasto público que serán objeto de recortes. Entre los principales ajustes se encuentran: Subsidios energéticos y al transporte: Los subsidios energéticos han experimentado una reducción significativa, con una caída del 52,9% en términos reales debido a menores compras de gas importado y la disminución de subsidios a la generación eléctrica.
Los subsidios al transporte también han sido ajustados, con una contracción del 33,1%. La inversión en infraestructura ha sido uno de los sectores más afectados, con una reducción superior al 80% interanual en algunos meses. Este ajuste busca liberar recursos para otras áreas prioritarias.
Los salarios públicos han experimentado una disminución del 9,3%, resultado de paritarias por debajo de la inflación y la reducción de cargos en la administración pública. Aunque las jubilaciones y pensiones han registrado un crecimiento del 28,1% en términos reales, este aumento se ha visto compensado por la eliminación de otros programas sociales y la finalización del Impuesto PAÍS.
Impacto en los ingresos
Por el lado de los ingresos, el Gobierno ha implementado medidas para compensar la eliminación de impuestos extraordinarios como el Impuesto PAÍS y la reducción temporal de impuestos a las exportaciones de productos agrícolas. Estas medidas incluyen el restablecimiento del impuesto sobre la renta personal y la recuperación cíclica proyectada.
Además, la recuperación en los ingresos de la Seguridad Social ha sido un factor clave, con un crecimiento del 33% interanual. Este incremento refleja una mejora en la masa salarial y, consecuentemente, en el consumo interno. El sostenimiento del superávit fiscal en un contexto de alta inflación y demandas sociales representa un desafío significativo para el Gobierno. Aunque el acuerdo con el FMI establece metas claras, su cumplimiento dependerá de la capacidad del equipo económico para implementar las reformas necesarias y gestionar los recursos de manera eficiente.
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