Una nueva arremetida judicial de la expresidenta Cristina Kirchner en reclamo por el reintegro del cobro de sus dos haberes de privilegio vuelve a poner en debate el notorio abuso que representan este tipo de beneficios, cuyos montos siderales multiplican groseramente los haberes de millones de jubilados que están lejos de poder satisfacer sus necesidades más elementales.
En noviembre pasado, último mes en el que gozó de esas dos asignaciones, Cristina Kirchner percibió, en bruto, 35.255.297 pesos ($19.645.844,41 por la asignación propia y $15.609.453,32 por la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner, en su carácter también de expresidente de la Nación). Ese monto equivale a cien haberes mínimos jubilatorios: una impúdica exacción a los dineros públicos mediante maniobras amañadas para torcer la letra de la ley que impide el cobro simultáneo de dos beneficios de ese tipo.
La suspensión del pago fue resuelta después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La decisión fue publicada por la Anses en el Boletín Oficial. Señala que “el mal desempeño expresa una regla legal de amplitud por la cual la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa”.
Con posterioridad, en febrero de este año, la Anses denunció penalmente a la expresidenta por “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica” en virtud del cobro de un plus de alrededor de seis millones de pesos correspondiente a bonificación por zona austral, cuando la exmandataria reside en la Capital Federal.
Ese derrotero tiene lugar al tiempo que los defensores de Cristina Kirchner reclamaron en el fuero de la seguridad social la restitución de la doble jubilación de privilegio, pues consideran que no puede mantenerse económicamente, ya que no cuenta con otros ingresos y tiene sus bienes inhibidos, precisamente, por la condena en la causa Vialidad.
En opinión de los letrados que la representan, la suspensión del pago de los haberes de privilegio busca no solo perjudicarla económicamente, sino también proscribirla electoralmente.
Según trascendió del escrito presentado ante la Justicia, Cristina Kirchner se presenta como una “perseguida política”. “La forma en que se lleva a cabo la persecución puede ser de la forma más diversa, pero tiene un común denominador, domesticar al opositor”, se sostiene allí.
Los mismos burdos argumentos son empleados por los legisladores que le son afines para trabar el avance del debate parlamentario de la ley de ficha limpia –que ya cuenta con la sanción de Diputados–, por la que se prohíbe competir por un cargo electoral a quien tenga una condena confirmada en segunda instancia.
Respecto de la causa por el plus por zona austral, la investigación se encuentra a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien ya arrancó una rueda de declaraciones testimoniales convocando a integrantes de la Anses con el fin de determinar quién ha sido el responsable de firmar el trámite para que pudiera hacerse del cobro de ese monto extra.
El expediente de asignación de los dos haberes de privilegio a Cristina Kirchner viene siendo denunciado desde sus inicios, cuando le fueron otorgados en tiempo récord, en 2015, un mes antes de dejar el poder, por parte de su cuñada, Alicia Kirchner, quien manejaba el Ministerio de Desarrollo Social. Al año siguiente, Carolina Stanley, sucesora en ese cargo, le exigió a Cristina Kirchner que optara por uno de los dos beneficios, tal como fija la ley. La exmandataria decidió entonces llevar el tema ante los estrados judiciales y logró, mediante una amañada interpretación, que se le siguieran pagando ambos haberes. Ya en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Anses, a cargo de Fernanda Raverta, optó por no apelar semejante despropósito, consumando así la privación de justicia e indefensión del Estado. La maniobra no podía ser más evidente.
Toda esta oscuridad en el manejo de los fondos públicos y el consecuente secretismo para amparar a quienes violan las normas tuvo su pico más alto durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, en los que nunca se dio debida respuesta a los innumerables pedidos de acceso a la información pública para saber cuánto cobraba Cristina Kirchner por sus dos haberes ilegalmente acordados. Está claro que quien hoy se victimiza nunca tuvo el menor interés en contarles a las verdaderas víctimas del sistema jubilatorio que se estaba llenando suculentamente los bolsillos, burlándose de quienes menos reciben.
Es hora de que se haga justicia.