El juicio oral y público que investiga cinco muertes y ocho presuntas lesiones en recién nacidos en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba se encamina hacia su recta final. Este lunes, las madres de las víctimas tendrán la penúltima palabra y las audiencias continuarán hasta el miércoles.
Con la palabra del último imputado, el miércoles 18 de junio —la semana siguiente—, se prevé que el juicio termine con los votos del jurado y el veredicto final.
El juicio oral y público que se ventila en la Cámara Séptima del Crimen de la ciudad de Córdoba investiga cinco muertes y ocho presuntas lesiones en recién nacidos en el hospital Neonatal desde el 18 de marzo al 7 de junio de 2022.
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A la enfermera Brenda Agüero –imputada por homicidio agravado– se la acusa de ser la responsable de las muertes y lesiones en los bebés. La Fiscalía de Cámara solicitó para ella prisión perpetua. El jurado popular pasará a deliberar, una vez que el imputado tenga su última palabra, para emitir cada uno su voto.
También se encuentran imputados 10 exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial, médicos y profesionales del hospital Neonatal.
Sobre ellos pesan distintas acusaciones. En general, prima la omisión de deberes de funcionario público, por no haber denunciado las muertes a tiempo. A algunos se los acusa por encubrimiento agravado y falsedad ideológica.
La Fiscalía de Cámara confirmó las imputaciones, tal como vinieron de la instrucción, salvo en el caso de la médica María Alejandra Luján, para quien pidió su absolución en el delito de falsedad ideológica.
En el resto de los casos, el Ministerio Público Fiscal confirmó los hechos y pidió penas que varían tanto en el monto (cantidad de años de prisión o inhabilitación para ejercer) como en su modalidad de ejecución (efectiva o condicional).
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Este lunes y martes, los familiares de las víctimas tendrán la penúltima palabra. Aunque todavía no está definido el cronograma, se espera que el lunes se expresen las madres que son patrocinadas por los abogados querellantes Carlos Nayi y Ana Pagliano. El martes hablarán las mamás defendidas por los abogados Nicolás Ruades y Daniela Morales Leanza. En este caso, irán acompañadas por los padres de los bebés, y hablarán ellas.
El miércoles 11 de junio, los imputados comenzarán a dar su “última palabra”. Ese día está previsto que se pase a un cuarto intermedio para el miércoles 18 de junio, después del feriado, cuando hablará el último imputado –podría ser Brenda Agüero– y luego el jurado pasará a deliberar.
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Una vez que se escuche la última palabra de uno de los imputados, los jurados populares pasarán a deliberar solos, en un cuarto aparte. Ellos deben resolver sobre la “primera cuestión”: si los hechos existieron y si fueron los imputados quienes los cometieron.
Cada uno de los jurados populares emite un voto (ocho en total) al que se sumarán otros dos del Tribunal técnico. Se decide por mayoría, a diferencia del sistema norteamericano, en el que se necesita un veredicto unánime. En caso de empate, interviene la jueza Patricia Soria.
Lo primero que deberán definir es si existió el homicidio doblemente calificado y sus tentativas para los 13 casos y si fue Brenda Agüero quien los cometió.
Luego se pasará a la responsabilidad funcional.
En resumen, la Fiscalía de Cámara pidió cuatro años de prisión efectiva para la entonces directora del hospital Liliana Asís, el exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama y quien era jefa de Neonatología, Marta Gómez Flores. Para los dos primeros confirmó la acusación de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Para la última, falsedad ideológica y omisión.
Para los exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial, el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, solicitó tres años de prisión en forma de ejecución condicional y tres años de inhabilitación para ejercer, tras confirmar el encubrimiento agravado y la omisión de deberes de funcionario público.
Ruiz Moreno pidió tres años de prisión condicional y tres años de inhabilitación para los tres funcionarios del Ministerio: el entonces titular de la cartera sanitaria, Diego Cardozo; el exsecretario de Salud Pablo Carvajal y el entonces secretario de Coordinación y Gestión Administrativa, Alejandro Gauto.
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La querella solicitó penas mayores en relación con las pedidas por la Fiscalía de Cámara. Los abogados que defienden a los familiares de las víctimas coincidieron en que la escala penal debe elevarse debido a la gravedad del hecho que se intentó encubrir. “No es lo mismo encubrir un robo que asesinatos en serie —dijo el abogado Nicolás Ruades—. Más allá de que el hecho fue gravísimo, se ha demostrado que ellos lo podrían haber evitado”.
Para Ruades, todos los imputados son funcionarios públicos, según el artículo 77 del Código Penal, incluso los empleados rasos del Estado.
“Este juicio debe sentar un paradigma, un estándar con una pena ejemplificativa, porque será la vara que mida un próximo juicio contra funcionarios del Estado”, dijo.
Por su parte, la defensora pública y querellante particular Ana Pagliano habló de “violencia institucional” y pidió que se considere este hecho como agravante.
“Esta es una violencia ejercida por instituciones en contra de las personas, anulando el derecho a la vida, a la información y a la protección”, sostuvo, y solicitó que se dicte prisión preventiva para los imputados, en caso de que se confirme condena.
En tanto, el abogado querellante Carlos Nayi solicitó penas mayores y de ejecución efectiva para el entonces ministro de Salud provincial Diego Cardozo. Uno de los motivos fue que ostentaba el máximo rango en la jerarquía del Ministerio.
“Él era el máximo responsable de la salud de Córdoba. No es sólo un médico. Este hombre es policía. Tiene el grado de oficial subinspector de la provincia de Córdoba”, indicó.
En los alegatos de los funcionarios imputados, muchos abogados cuestionaron los pedidos de mayores penas de los querellantes, diciendo que son una figura “adhesiva”.
Si bien sobre este punto existen dos bibliotecas, para el profesor adjunto de Derecho Penal 2 de la Universidad Nacional de Córdoba, Pedro Despouy Santoro, en un “juicio común” el tribunal tiene discrecionalidad para aplicar una pena mayor (o menor) a la solicitada por la fiscalía o la querella, aunque siempre respetando la escala penal del delito cometido.
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Análisis. ¿Por qué pudo pasar la tragedia del Neonatal?
Los jurados populares intervienen en la primera cuestión. Luego, el tribunal técnico debe decidir sobre el monto de la pena y su modo de ejecución.
Finalmente deberá expedirse sobre los resarcimientos para las víctimas.
El abogado patrocinante del Gobierno de Córdoba, Pedro Saccone, rechazó las demandas civiles presentadas por los familiares y negó un resarcimiento económico.
El tribunal técnico deberá resolver sobre esta cuestión.
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La función del jurado es una carga pública, aunque tienen derecho a una retribución diaria por cada día de audiencia que demande el juicio. Sólo intervienen en la etapa final. Hasta ahora, sólo renunciaron dos jurados populares suplentes.
Una vez que se escuche la última palabra del imputado, pasarán a deliberar solos, a cuarto cerrado. Esta instancia puede demorar horas o puede ser más expeditiva, dependiendo del tiempo que les haya tomado el análisis previo de toda la prueba recolectada.
Como se dijo anteriormente, deberán decidir sobre la “primera cuestión”: existencia de los hechos, participación de los imputados; culpabilidad o inocencia.
Si no existiera acuerdo entre el jurado técnico y los miembros del Tribunal, la jueza Patricia Soria deberá fundamentar la decisión mayoritaria, si es que el voto de los jurados populares ha formado mayoría.
Si la decisión mayoritaria de los jurados no fuera unánime, los jurados que hayan emitido su voto en sentido contrario a la mayoría podrán adherir al voto de los jueces que concurrieron a formar la minoría.
En caso de duda deberá estarse a favor del imputado, aclaró Despouy Santoro.